El crimen es un negocio en el norte del Perú: los millones que obtienen las bandas sirven para comprar impunidad

El pan de cada día en la región La Libertad, ubicada al norte del Perú, es el sicariato, las extorsiones, los secuestros y el tráfico de terrenos. La población vive aterrada y no es para menos, reflexionan los expertos. Los reportes de la Policía Nacional del Perú (PNP) revelan que los delitos antes mencionados se encuentran en ascenso. Los Pulpos, La Jauría y otro grupos criminales nacionales y extranjeros son los responsables de esta preocupante realidad.

Los mismos especialistas creen que esta situación se salió de control para las autoridades policiales, regionales, municipales y centrales “hace bastante tiempo”. El propio gobernador regional de La Libertad, César Acuña, reconoció recientemente que Trujillo y Pataz, dos provincias dentro de su jurisdicción, están siendo tomadas por la criminalidad.

“Estamos planteando que las Fuerzas Armadas tomen el control de dos provincias, la de Pataz y la de Trujillo”, dijo, luego de hacer formal su pedido al gobierno de Dina Boluarte para que se disponga una nueva declaratoria del estado de emergencia.

No podía ser de otra manera y su solicitud fue escuchada. Tras una reunión con Boluarte, el premier Alberto Otárola y algunos ministros, Acuña comunicó que La Libertad sería declarada en emergencia y, además, que se iba a implementar una base militar en Trujillo, foco de secuestros y extorsiones durante este inicio del 2024.

Para el cronista policial, uno de los caminos más claros para darle un golpe certero a la delincuencia en La Libertad es “atacando su dinero”.

“De todas las propuestas que, hasta ahora, he leído o escuchado, ninguna apunta a algo bastante práctico y determinante para vencer justamente a estas grandes mafias, que es atacarlos por el lado del dinero. Tal como han caído otros grupos criminales en el mundo”, señala.

De acuerdo a su análisis, apoyado en su amplia experiencia, si las autoridades del orden ‘agarran’ a estas mafias por el lado del dinero se les estaría cortando sus tentáculos en el Poder Judicial, el Ministerio Público, la PNP y el INPE.

“Se hablan de los estados de emergencia, que saquemos a los militares a las calles, pero el Ejército no tiene la capacidad de investigar para detectar, por ejemplo, qué familiares tiene el cabecilla de Los Pulpos, qué empresas y dónde guarda su dinero. Este grupo viene acumulando solo con secuestros más de 7 millones de dólares. Ahora, imagínate cuánto acumulan el total de bandas por este delito y otros”, reflexiona.

En sus palabras, se expone que la situación es más grave de lo que parece, pues las bandas son cada vez más sanguinarias para cometer los hechos delictivos, llegado al punto de usar cartuchos de dinamita para extorsión, mientras tanto la policía parece estar “cada vez más débil”.

“Todo lo que se ha propuesto no apunta a acabar con esto desde la raíz, porque incluso no hay voluntades. Acá, en Trujillo, la Tercera Dirección Territorial Policial tiene más agentes en Tránsito que en Asesinatos y Extorsiones. En la primera tiene alrededor de 100 policías y en la segunda apenas hay 25. La pregunta es: ¿si tú tienes un fenómeno, que te está sacando el ancho en las calles, no se supone que debes poner más policías en esta área?”, comenta.

Infobae Perú también contactó con el general (r) PNP José Baella Malca para ahondar en este espinoso tema.

“Lo que está ocurriendo en Trujillo y en Pataz eso es un caldo de cultivo que está siendo aprovechado por organizaciones. Hay mucha gente criminal, especialmente del Tren de Aragua y todas sus cabezas visibles acá en el Perú, que están operando porque ven el dinero fácil, en cuanto a lo que es la minería ilegal, con grandes dividendos para los que se dedican a esta práctica ilícita. Y eso va amarrado con los delitos de tráfico de armas, prostitución, sicariato, secuestro y eso es lo que está proliferando en la zona norte del país”, explica Baella.

De acuerdo a su análisis, “el gobierno está con las manos cruzadas” y “no tiene una estrategia integral”.

El general Baella coincide con Castro que los estados de emergencia no han sido del todo exitosos y que los logros anunciados por el gobierno durante este régimen excepcional no se condice con la realidad.

“El gobierno siempre va a salir con sus datos positivos. Esa es una situación que se da, pero el problema está en que la realidad es otra. Las autoridades locales donde se ha decretado, llámese San Martín de Porres, San Juan de Lurigancho o Lince, dicen lo contrario. ¿Por qué? Porque el gobierno, hasta ahora, no se ha sentado a hacer una estrategia integral”, aclara.

Este medio alertó hace unos meses atrás sobre la caótica situación en Pataz, que iba camino a convertirse en una zona armada. El gobierno volteó a ver a esta recóndita ciudad al norte del Perú recién cuando se conoció que nueve trabajadores de una minera fueron asesinados con dinamita dentro de un socavón. Pese a que el gobierno central ha tomado algunos acciones puntuales, esa provincia continúa desangrándose. Trujillo está corriendo la misma suerte y los expertos piden no esperar a que vuelva a ocurrir otra gran tragedia para nuevamente recién voltear a mirar.