El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, confirmó este jueves que su administración denunció en Estados Unidos al fondo canadiense Brookfield, accionista mayoritario de la concesión Rutas de Lima. Aunque evitó brindar detalles en una conferencia de prensa, indicó que el proceso está a cargo de un estudio de abogados en Washington.
“Brookling compró acciones de Odebrecht en un plazo de tres meses, cuando estaba preso y sentenciado Marcelo Odebrecht [expresidente de la constructora]. La denuncia civil y penal no me corresponde [mencionarla] en estos momentos por estrategia y por defensa. Lo que he hecho es ir a EE.UU. con mi plata y buscar información sobre quién podría defender mejor a Lima, a eso me he enfocado”, dijo.
“Al explicar el caso en EE.UU., la respuesta fue afirmativa. Después de dos meses, la respuesta fue: Municipalidad de Lima, sí hay caso. Eso no es normal [...] Lo que es fuera de Perú es más grave. Odebrecht pagó al Gobierno americano 3.500 millones de dólares de reparación por su delito, ojo, es hasta ahí donde puedo explicar”, continuó.
López Aliaga y Rutas de Lima han extremado su tensión después de que la firma aumentara el costo de los peajes de S/ 6.50 a S/ 7.50, tras lo cual el burgomaestre acudió al Tribunal Constitucional (TC) para rechazar el alza, que finalmente fue anulada por el Poder Judicial para los peajes de Puente Piedra, en la Panamericana Norte.
Sin embargo, la suspensión aún no se ejecuta y esta semana la comuna entabló una denuncia contra el consorcio por bloquear “arbitrariamente” el pase por las garitas de este distrito, una acción que Rutas de Lima tomó como una hostilidad, “aun a expensas de la seguridad de los propios usuarios de la vía”.
Para el abogado de la Municipalidad de Lima, Martin de Luca, el impacto que podría tener la demanda es diverso. “Esto puede variar de responsabilidad civil a responsabilidad penal a diversos daños monetarios. No adjudica, para ser claros, la validez del contrato. Pero eso en términos estrictamente legales. En términos prácticos, sí puede haber consecuencias muy serias”, declaró previamente en RPP.
En la misma comparecencia a la prensa, López Aliaga replicó a la concesionaria por calificar de “inoportuna” su invocación a “inundar” el Poder Judicial con demandas hacia de la empresa. “Insto a todas las asociaciones que presenten sus habeas corpus. Hay que inundar el Poder Judicial de habeas corpus, de acciones de amparo, de nulidad de acto jurídico porque tienen que sentir la presión. La Municipalidad está atada de manos por el arbitraje, pero ustedes no”, dijo días atrás.
Para el consorcio, fueron expresiones intempestivas, pero él mantiene su posición: “Me sorprende que una empresa de origen corrupta se oponga al derecho constitucional, a la vida, a la libertad de tránsito. Es una majadería que una empresa que ha venido al Perú a hacer compra de acciones, en mi opinión, manchadas con sangre, a una organización criminal como Odebrecht, [intente] decir a los ciudadanos de Lima [...] qué hacer y no hacer respecto a los derechos constitucionales, a la vida, al libre tránsito, a la libertad”, continuó.
Cuando todavía era candidato, López Aliaga prometió acabar con el cobro de los peajes a cargo del consorcio. En el primer mes de gestión, el Concejo Municipal anuló el contrato de concesión, por lo cual la firma inició una demanda de arbitraje ante la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI).
Aunque un tribunal de este organismo dejó sin efecto el término del contrato, a fines de julio el burgomaestre ultraconservador invocó a Rutas de Lima a “devolver [a la administración edil] los peajes de la corrupción”, un ultimátum que fue desoído.
El propio ministro de Economía y Finanzas (MEF), Álex Contreras, refirió que su cartera intentó mediar, sin éxito, para que se cumpla con la disposición aprobada por el Consejo Metropolitano, y consideró que el principal problema es “cómo hacer que Odebrecht salga de este consorcio”.
En 2021, a raíz del megaescándalo Lava Jato, Brookfield presentó a la comuna limeña una propuesta para modificar tres cláusulas del contrato de concesión y poder adquirir la participación del 25% que aún mantiene Odebrecht Latinvest. Con el actual contrato de concesión, firmado en 2013, ni Brookfield puede comprar la participación del socio estratégico —Odebrecht— ni este puede venderla, sin la autorización expresa del concedente, la Municipalidad de Lima.
De acuerdo a un informe de Epicentro TV, los “nudos” están contenidos en las cláusulas 1.109, 15.8 y 15.9 del contrato. Si la gestión de López Aliaga firma la propuesta de Brookfield, la salida de Odebrecht sería cuestión de tiempo. Pero hasta ahora no lo hace.
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