La exfiscal de la Nación, Patricia Benavides, habría tenido un operador en las sombras que iba a conseguir los votos de los magistrados del Tribunal Constitucional (TC) en la demanda competencial que interpuso contra la Junta Nacional de Justicia (JNJ) para que se suspenda las investigaciones disciplinarias en su contra.
Según la declaración de Jaime Villanueva, al que Infobae Perú tuvo acceso, Benavides le comentó que el exministro de Educación del segundo gobierno del expresidente Alan García, José Antonio Chang, le habría conseguido casi el respaldo pleno del TC a favor de su recurso. Aunque, anotó que le faltaba la adhesión del tribuno César Ochoa Cardich.
“Un par de veces ella mencionó a Chang, el de la San Martín, cuando estaban viendo lo de la demanda competencial en el Tribunal Constitucional. Porque dijo que Chang se iba a encargar de conseguir los votos, especialmente el de Ochoa, porque los demás ya los tenía”, se lee en el documento.
Además, Villanueva mencionó que Chang siempre mandaba y financiaba los viajes a Ochoa por intermedio de la Universidad San Martín de Porres, donde es actualmente el rector, hacia el extranjero.
Infobae Perú buscó contactarse a través de llamadas y mensajes de WhatsApp con José Antonio Chang para conocer su versión a partir de la declaración de Jaime Villanueva. Sin embargo, al cierre de esta nota no obtuvimos respuesta alguna.
Hasta el momento, la demanda competencial que Patricia Benavides puso ante la JNJ no se resuelve. El viernes pasado se conoció que el Tribunal Constitucional decidió declarar como improcedente la medida cautelar de la exfiscal de la Nación planteada el 1 de setiembre del 2023.
El último 22 de enero hubo una audiencia en el TC en las que las partes involucradas volvieron a sustentar sus argumentos ante el magistrado Pedro Hernández, quien fue el último en integrarse tras ser elegido por el Congreso de la República.
Los asesores
Jaime Villanueva refirió que Chang habría sido parte del grupo de personas con los que Patricia Benavides coordinaba para sus acciones contra la JNJ. Entre ellos se encontraba el exministro de Vivienda, Hernán Garrido Lecca, a quien apodaron ‘el africano’, y el abogado José Luis Houyón.
Como se sabe, un colaborador eficaz del Ministerio Público declaró el 12 de diciembre del año pasado que Garrido Lecca y Houyón habrían cumplido el papel de intermediarios ante la JNJ para que Benavides ascienda y sea parte de la Junta de Fiscales Supremos (JFS).
Garrido Lecca buscaba que la suspendida fiscal de la Nación destituya al fiscal superior Rafael Vela Barba, en la coordinación del equipo especial del caso Lava Jato, con el fin de “poder manejar, controlar y direccionar los procesos penales”.
De otro lado, Houyón pretendía que la investigación que había sobre la periodista Paola Ugaz siga en calidad de investigada por el presunto delito de lavado de activos en el marco que se le seguía a la exalcaldesa de Lima, Susana Villarán.
Debido a estos intereses de los exasesores de Patricia Benavides es que miembros del Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder (EEFICOP) y agentes de la División de Investigación de delitos de alta complejidad (Diviac) de la Policía Nacional allanaron sus viviendas en el marco del caso ‘La fiscal y su cúpula de poder’.
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