Las cárceles peruanas enfrentan una crisis de sobrepoblación extraordinaria, llegando a un exceso del 130% sobre su capacidad real, según los informes más recientes del Instituto Nacional Penitenciario (INPE). Actualmente, Perú cuenta con 68 establecimientos penitenciarios en todo el territorio nacional, diseñados para albergar a 41.019 reclusos.
Sin embargo, la cifra real de población penitenciaria asciende a 93.985, lo que deja un excedente de 52.966 presos sin el espacio adecuado para ser recluidos en condiciones dignas.
Este nivel de hacinamiento no solo constituye una vulneración de los derechos humanos, sino que también va en contra de los tratados internacionales que el país ha suscrito para garantizar el respeto y la integridad de las personas privadas de libertad, según señala una tesis de la Facultad de Derecho PUCP.
Entre los 68 establecimientos penitenciarios del país, 49 reportan tasas de hacinamiento crítico, superando en muchos casos el 100% de su capacidad y, de forma aún más alarmante, algunos llegan a sobrepasar el 200%, 300%, 400% y hasta el 500%.
Este fenómeno no es reciente, sino que forma parte de una problemática persistente que ha plagado al sistema penitenciario peruano durante años. “El hacinamiento en las cárceles del Perú no es un tema actual, es una realidad latente”, se lee en la tesis ‘El hacinamiento penitenciario en Perú: la vulneración sistemática de derechos fundamentales de los internos’.
La raíz de este problema se atribuye no solo a la falta de infraestructura y la insuficiencia de establecimientos adecuados para satisfacer la demanda, sino también a un fenómeno conocido como populismo punitivo. Este último término hace referencia a un enfoque en el que se prioriza la imposición de penas severas sin el debido acompañamiento de políticas que promuevan la rehabilitación y la reinserción social de los convictos.
A ello se suma la ausencia de instalaciones sanitarias adecuadas y las pésimas condiciones de vida dentro de los penales, que agravan aún más la crisis en el sistema penitenciario.
Las consecuencias de la sobrepoblación carcelaria en Perú van más allá de las meras cifras y se traducen en riesgos significativos para la salud y la seguridad tanto de los internos como del personal penitenciario. La situación demanda una respuesta inmediata y efectiva que involucre tanto a las autoridades del ámbito penitenciario como a la sociedad civil y a organismos internacionales comprometidos con la defensa de los derechos humanos.
“En los últimos años se han ido implementando Decretos Legislativos a fin de deshacinar las prisiones, entre ellos figuras como la remisión condicional de la pena, la redención excepcional de la pena y los referidos a la flexibilización de los requisitos de beneficios penitenciarios: semilibertad o liberación condicional”, señala la tesis.
El gobierno peruano se enfrenta a un desafío que requiere medidas urgentes y sostenibles. La construcción de nuevos establecimientos penitenciarios, la revisión de las políticas de sentencias y la promoción de alternativas al encarcelamiento para delitos menores, son algunas de las acciones necesarias para mitigar el hacinamiento y mejorar las condiciones de vida en las cárceles. Sin embargo, también es fundamental abordar el problema desde una perspectiva de derechos humanos, garantizando que la reforma del sistema penitenciario se rija por principios de justicia, equidad y respeto a la dignidad de todas las personas.
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