El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) autorizó la adquisición de Enel Distribución Perú y Enel X Perú por parte de China Southern Power Grid International (CSGI HK), una firma de capital chino controlada por el Estado de Xi Jinping.
Tras un análisis que incluyó dos fases principales, la operación de concentración empresarial fue condicionada a una serie de requisitos por la Comisión de Defensa de la Libre Competencia (CLC) del Indecopi.
La aprobación de esta transacción valorizada en 2.900 millones de dólares, marca una fase crucial en la expansión de las inversiones chinas en el sector eléctrico peruano, ya que implica un dominio absoluto por parte de China sobre la energía en la capital y más de 65% en el país.
En Lima, Enel maneja el 54% de la electricidad, mientras que el 46% restante está en manos de Luz del Sur, la cual fue adquirida en 2019 por la empresa estatal China Three Gorges Corporation (CTG).
CSGI HK deberá seguir ciertas condiciones para garantizar la competencia justa y equitativa en el sector. De acuerdo con Indecopi, estas medidas buscan evitar que las tarifas del servicio público de electricidad de dichos usuarios se incrementen a futuro, producto de una menor competencia.
SNI reitera alerta y pide publicar resolución de venta de Enel
Sobre esta autorización, Infobae Perú solicitó la opinión de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), que hace meses expresó su alerta en la transacción. En esta oportunidad, volvió a expresar su preocupación y pidió al Indecopi, dada la complejidad de la operación, publicar en la “brevedad posible” la resolución de dicha autorización.
“En abril del año pasado, frente al anuncio de la adquisición de Enel Distribución Perú S.A.A. y Enel X Perú S.A.C. por parte de China Southern Power Grid International, desde la Sociedad Nacional de Industrias expresamos públicamente nuestra preocupación, ya que dicha operación representaría una concentración del 100% del mercado eléctrico de Lima en manos de empresas distribuidoras de propiedad del Estado chino”, indicó en su comunicado.
SNI señala que el análisis realizado, el Indecopi haya considerado todas las implicancias, riesgos, y potenciales restricciones a la libre competencia como consecuencia de la autorización de la adquisición en mención.
Exhortamos a las autoridades competentes a ejercer una estricta vigilancia de las condiciones establecidas para a la autorización, así como del comportamiento de las empresas en el mercado luego de la adquisición, a fin de evitar perjuicios a los usuarios y consumidores del servicio de energía eléctrica en Lima.
Siendo la energía eléctrica un bien indispensable para el bienestar de los peruanos y el desarrollo productivo del país, esperamos que las autoridades actúen a la altura de las circunstancias en defensa de los intereses nacionales.
Osinergmin debe ser un organismo regulador fuerte
En entrevista con Infobae Perú, Rafael Laca, especialista en Energía, indicó que la operación de venta de Enel resulta ser un monopolio natural debido a que la determinación de las tarifas eléctricas sobre los usuarios lo fija el propio Estado a través del Osinergmin. Sin embargo, hace énfasis en posibles riesgos frente al caso de un organismo regulador “débil”.
“Toda la compra de energía está regulada. Cuando estas distribuidoras compran energía se rigen bajo el procedimiento de la ley de licitaciones públicas. Supongamos que en esta licitación hubiera concentración por el grupo chino, para eso está el propio Estado”, manifestó a este medio.
Laca expresó su preocupación porque al ser un conglomerado o un inversionista mucho más grande como ha sucedido en el país desde el año 1993, “las instituciones del Estado no están lo suficientemente a la altura” para fiscalizar.
“De hecho no lo han estado en muchos casos llámese Osiptel cuando los directores negociaban con Telefónica algunas tarifas o el derrame de petróleo por ejemplo, ¿hay alguien detenido?”, indicó.
“Han habido casos en Osinergmin, cuando inversionistas chilenos en un mismo caso, se dieron el lujo de enjuiciar al Estado por una aplicación tarifaria”, agregó.