El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Eduardo Arana, contrató a dos mujeres que serían sus amigas, señaló el programa Ocurre Ahora, la noche del miércoles 7 de febrero. De acuerdo con el reportaje transmitido, desde setiembre de 2023, mes en el que nombraron a Arana como ministro, el sector Justicia y Derechos Humanos lanzó convocatorias por varios servicios, que devinieron en la contratación de las mujeres, identificadas como Kathia Beatriz Alva Rodríguez y Liliam Martha Gutierrez Zapata.
El pasado 12 de setiembre, el ministro Arana se reunió con Kathia Alva durante una hora y tres días después se supo que ella ganó la orden de servicio de mejora continua en la implementación del sistema de control interno, por lo que le pagaron S/16.000.
Cerca de dos meses después, el 21 de noviembre, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, bajo el mando de Arana, volvió a contratar a esta mujer por el mismo concepto, a cambio de S/15.000.
Otra persona que sería allegada al ministro de Justicia y Derechos Humanos también fue contratada para brindar servicios a este sector. Se trata de Liliam Martha Gutierrez Zapata, bachiller en Comunicación.
El pasado 8 de setiembre, se reunió durante una hora con Eduardo Arana, en la sede del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Aproximadamente un mes después de este hecho, el 30 de octubre, gana una orden de servicio por S/14.000. De esta forma, fue escogida para realizar un trabajo de servicio especializado en Comunicación Social.
Un evento similar ocurrió el 22 de diciembre, cuando Gutiérrez ganó otra orden de servicio para que esté a cargo de la elaboración de estrategias de comunicaciones y marketing. Este acontecimiento resulta sospechoso porque el sector Justicia y Derechos Humanos ya cuenta con un área de Comunicaciones.
Propuestas de amnistía para policías investigados y restitución de jueces sin rostro
La gestión de la presidenta Dina Boluarte está evaluando la propuesta de Alianza Para el Progreso (APP) para otorgar amnistía a policías y militares involucrados en procesos legales durante estados de emergencia, así como la posible reinstauración de tribunales sin rostro, según lo planteado por el legislador Juan Burgos (Unidad y Diálogo Parlamentario).
“Lo que debemos hacer en este caso no solo es sacar más policías a las calles, sino también evitar la represalia de estos delincuentes”, dijo el premier Alberto Otárola, en una conferencia de prensa.
Durante el mismo evento, el ministro de Justicia, Eduardo Arana, señaló que el Ejecutivo esperará a que el proyecto sea remitido específicamente a la Comisión de Justicia del Congreso. Aclaró que aún no tienen una posición clara al respecto.
Según el marco legal propuesto, la amnistía se otorgaría al personal militar y policial que esté siendo procesado judicialmente debido al ejercicio de sus funciones en la lucha contra el crimen organizado, el sicariato, el secuestro, el homicidio, el asesinato, la trata de personas, la minería ilegal, la extorsión y cualquier otro delito que atente contra el orden público o ponga en peligro la vida, la integridad física y la salud de las personas, en el contexto de declaratorias de emergencia.
Además, se establece que la Comisión de Gracias Presidenciales tendría la facultad de recomendar la concesión de indultos ordinarios o la reducción de penas para aquellos policías y militares que sean sentenciados por los mismos delitos mencionados.
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