La Municipalidad de Miraflores, administrada por el alcalde Carlos Canales, rechazó la solicitud de la Red Peruana TLGB para realizar el evento de bodas simbólicas ‘El Amor No Discrimina’, que se celebra desde hace más de dos décadas, cada 14 de febrero, en el Parque del Amor del distrito.
Según una denuncia del colectivo, la comuna alegó, sin más opciones, que el espacio será destinado a actividades institucionales programadas para la misma fecha. La gestión de Canales ―integrante del partido ultraconservador Renovación Popular— ya había negado autorización para el evento el año pasado, un mes después de juramentar en el cargo. Pese a las trabas burocráticas, las uniones representativas se realizaron sin estrado.
Ocurre en un distrito pionero para la diversidad: alberga el club LGBTQ más importante del país y cuenta con una ordenanza que prohíbe cualquier forma de discriminación (N.° 437-2015/MM). Para el colectivo Marcha del Orgullo, responsable de organizar la manifestación más multitudinaria del país, se trata de una medida “preocupante” que “institucionaliza la homofobia”.
A través de un pronunciamiento, también lamentó que la administración miraflorina haya prohibido el uso de los espacios públicos, con vetos a deportistas o actividades al aire libre como pícnics. “Es urgente manifestarnos contra la LGBTIfobia del distrito, sobre todo porque cuenta con una ordenanza de no discriminación”, anotó el colectivo en su plataforma de X, antes Twitter.
Perú, un país rezagado en políticas para la diversidad, no cuenta con una Ley de identidad de género, ni contra crímenes de odio, ni sobre cupo laboral trans, ni matrimonio igualitario. En enero del año pasado, la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso envió al archivo la iniciativa legislativa 525/2021-CR, que buscaba el reconocimiento de la protección jurídica para parejas homoafectivas bajo la figura del matrimonio.
‘El Amor No Discrimina’ reivindica ese vacío de políticas: la Red Peruana TLGB pide permiso a la comuna para instalar un mini-estrado que permite a cada pareja subir y registrar su unión como si fuera una boda real. Ante el veto de Canales, quien enfrenta un pedido de vacancia, la comunidad LGTBI se ha autoconvocado para desarrollar la actividad “con o sin autorización municipal”.
Marcha del Orgullo
El líder del partido de Canales, Rafael López Aliaga, prohibió el año pasado que la Marcha del Orgullo finalice en la plaza San Martín, una tradición que ya se había roto en 2016, durante la segunda gestión de Luis Castañeda Lossio. El burgomaestre de Lima señaló que entonces el espacio público de la avenida Nicolás de Piérola está destinado a la actividad turística, uno de los ejes en los que se ha enfocado su administración.
“Estamos haciendo un trabajo profundo de atraer turismo. Todos los domingos, pasacalle y pasacalle. Eso atrae turismo. Destrozar eso, ni hablar. [...] La plaza San Martín tiene un patrimonio turístico importantísimo, no quiero destrozar todo el trabajo de casi seis meses. Vengan un sábado. La plaza está llena de bailarines, de jóvenes haciendo bailes costumbristas y de K-pop. Déjenlo, pues, déjenlo para el turismo”, señaló en una rueda de prensa.
Previamente, los promotores de esta movilización —que desde hace dos décadas reivindica los derechos LGBTI— informaron que la comuna limeña no accedió al permiso, pese al llamado de activistas y la Defensoría del Pueblo. En su lugar, la administración conservadora cedió la Alameda 28 de Julio.
De igual modo, denunciaron que la administración de López Aliaga desatendió dos solicitudes para emplear uno de los principales emblemas del centro de Lima. La dilación ya era vista como un rechazo anticipado, aunque los organizadores insistieron hasta el final, según conoció Infobae Perú. Detrás de la burocracia para replicar la solicitud estaba la ordenanza de intangibilidad, pero sobre todo el conservadurismo de este político contrario al feminismo y al enfoque de género.