El ministro de Defensa, Jorge Chávez Cresta, no aceptó ni descartó la posibilidad de que el Gobierno de la presidenta Dina Boluarte autorice a las rondas campesinas de Pataz, La Libertad, a usar armas de fuego para combatir la ola de delincuencia en dicha zona.
En entrevista con Canal N, Chávez Cresta precisó que dicha posibilidad viene siendo evaluada por el Ejecutivo. Además, recordó el rol fundamental que cumplieron las rondas campesinas en la lucha contra la subversión.
“Yo no he cerrado ninguna posibilidad ni he aprobado ninguna posibilidad. Eso depende de las evaluaciones que estamos llevando a cabo. Recordemos que, en la época de lucha contra el terrorismo, los Comités de Autodefensa que estaban en la zona sur andina de nuestro país y las rondas campesinas en la zona norandina de nuestro país, contribuyeron en la lucha contra el terrorismo en pro de la pacificación”, declaró.
En esa línea, el ministro Jorge Chávez Cresta aseveró que el Gobierno no puede “dejar de lado el conversar con ellos” debido a que los ronderos “deben ser parte de lograr consolidar la seguridad en la zona”.
“Es por ello que nosotros tenemos que conversar, a través del Ministerio del Interior, coordinar y articular esfuerzos. No se ha aprobado ni se puede negar esa posibilidad en virtud del escenario que se pueda presentar. De acuerdo con las informaciones, ya se están produciendo actos de terrorismo en la zona. Ya se han volado 2 sectores de alta tensión, se están produciendo secuestros, actos que conllevan a la presencia de grupos armados y la posibilidad de que exista un grupo hostil en la zona”,
Gobierno toma medidas en La Libertad
Durante una conferencia de prensa en Palacio de Gobierno, el primer ministro Alberto Otárola, dio detalles de la reunión que tuvo la presidenta Dina Boluarte con el gobernador regional César Acuña a inicios de este mes.
Como se recuerda, Acuña acudió a la sede del Ejecutivo para discutir medidas relacionadas a la inseguridad ciudadana en La Libertad, que en los últimos meses se ha incrementado exponencialmente.
Entre las soluciones propuestas, se mencionó la posible declaración de estado de emergencia y la instalación de una base militar en Trujillo, donde vive el 60% de la población del departamento.
“Hemos recibido la preocupación del gobernador respecto a la violencia criminal en su región. Estamos recabando información del Ministerio del Interior, y esta semana se tomará la decisión sobre el estado de emergencia y la institución encargada del control del orden interno. La respuesta será enérgica, tanto en La Libertad como en otras zonas del país”, anunció Otárola.
El gobierno mostró su preocupación por los índices delictivos y resaltó la necesidad de un enfoque integral que englobe desde la regulación de la minería ilegal hasta una mayor infraestructura de seguridad. Se destacó el anuncio del establecimiento de la base militar en Pataz, así como futuras estrategias para el manejo de protestas relacionadas con la minería, buscando prevenir daños ambientales y fomentar el orden.
La asignación de recursos como camionetas y presupuesto para un Laboratorio de Criminalística marcan un compromiso gubernamental con La Libertad, esperando contrarrestar los desafíos de seguridad en la región. Sin embargo, desde la gestión de seguridad ciudadana en El Porvenir, se enfatiza que, sin el personal y los recursos adecuados, las declaraciones de emergencia previas no han sido suficientes para resolver la situación.
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