Fiscalía archiva investigación contra defensora que denunció a empresa por deforestación en Loreto

Un nuevo logro en materia ambiental y de derechos humanos ha marcado esta semana, luego que se diera a conocer que la Primera Fiscalía Corporativa Penal del Cercado de Lima decidió cerrar de manera definitiva la investigación en contra de la defensora ambiental Lucila Pautrat, quien había sido acusada por Alonso José Rey Bustamante, representante de Tamshi SAC, bajo el cargo de denuncia calumniosa.

La resolución, —emitida el 5 de febrero—, exime a Pautrat de cualquier responsabilidad en el caso, al tiempo que ordena la eliminación de cualquier registro vinculado a esta acusación.

El caso surgió como resultado de las acusaciones de Rey Bustamante contra Pautrat, quien es ingeniera forestal y reconocida como defensora de derechos humanos por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh) por su labor de protección de los bosques amazónicos frente a actividades ilegales, específicamente el contexto de presuntos delitos relacionados con la deforestación en el departamento de Loreto.

De acuerdo a un artículo de Convoca, el 4 de marzo de 2020, Tamshi SAC presentó una denuncia contra Pautrat por presunta difamación agravada, solicitando una compensación mínima de S/ 100 mil como reparación civil.

Tras el pedido, en abril de 2021, el juez Johathan Pacherrez Lumbre respaldó a la empresa y condenó a la activista a una pena de dos años de prisión suspendida por un año, además de ordenar el pago de S/ 50 mil a favor de la compañía por unos “contenidos injuriosos y difamatorios” que difundió Pautrat sobre la empresa en enero de 2019.

En concreto, fueron dos comunicados de prensa publicados en el sitio web de la Kené Instituto de Estudios Forestales y Ambientales, organización que dirige la defensora ambiental.

El primero informaba sobre la acusación presentada por la Fiscalía de Maynas contra exdirectivos de Cacao del Perú Norte S.A.C. (actualmente Tamshi SAC) por usurpación agravada. Además, en dicho comunicado del 30 de enero de 2019, también alertó a los Ministerios del Interior y Público sobre el “acoso y amedrentamiento” de la compañía hacia los agricultores de Tamshiyacu, en Loreto.

Mientras que en el segundo comunicado de prensa de la organización no gubernamental, Kené detalló los procesos legales y laborales que enfrentaba la empresa Tamshi SAC, entre otras informaciones.

No obstante, en octubre del año pasado, la Sala Penal de la Corte Suprema revocó la sentencia por difamación presentada en 2021 contra Pautrat. Además, en noviembre del mismo periodo, siete organizaciones de la sociedad civil emitieron un comunicado rechazando las acusaciones que Tamshi SAC realizó contra la defensora.

En el marco de los hechos, lo que llevó a esta determinación final por parte de la Fiscalía fue la falta de méritos para procesar a Pautrat por el delito de denuncia calumniosa, así como la falta de sustento en las alegaciones presentadas contra la ambientalista.

En el caso de Perú, sobre todo en los departamentos de Loreto y Ucayali, la tala ilegal y la deforestación se ha intensificado en los últimos años.

Sobre ello, José Luis Capella, director del Programa de Bosques y Servicios Ecosistémicos de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA) comenta que la pérdida extensa de bosque amazónico tiene repercusiones a nivel local, afectando la seguridad alimentaria de aquellos que dependen directamente de su biodiversidad, como los pueblos indígenas. Además, genera un impacto a nivel mundial al privar al bosque de su capacidad significativa para retener carbono.