Año Escolar 2024: Sancionarán hasta con ocho años de cárcel a quienes comercialicen útiles y juguetes tóxicos

El inicio de clases para este periodo 2024 ya está a la vuelta de la esquina. Aprovechando la campaña de venta de útiles, el Poder Judicial emitió un pronunciamiento en el que alerto que aquellas personas naturales o jurídicas que fabriquen, importen, almacenen, distribuyan o comercialicen productos tóxicos o peligrosos para la salud, destinados para los menores, pueden ser condenados por el delito de uso de productos tóxicos y peligrosos previsto en el artículo 288-B del Código Penal.

Esta sanción, que va desde los cuatro años en delitos graves, hasta los ocho años como pena máxima, será causal de prisión efectiva. Tal como detalló el juez penal supraprovincial especializado de Lima, Walther Huayllani Choquepuma, esta pena podría incrementarse si estos productos no cuentan con el registro de patente respectivo o quebrantan el derecho de propiedad industrial de los creadores.

Entre los productos que podrían resultar tóxicos si no cuentan con el registro sanitario adecuando se destacan de lápices, gomas, plastilinas, plumones, colores, pinturas, crayolas, acuarelas, témperas, cuadernos u otros. En estos, se configurará el delito contra la propiedad industrial cuya pena privativa de libertad es no menor de dos años ni mayor de cinco años, así como la respectiva inhabilitación, pago de pena multa y de reparación civil.

En palabras del juez, la elaboración de estos útiles escolares debe contener productos que tengan la autorización del Estado para controlar la presencia de metales pesados como mercurio, plomo, aditivos neutralizadores, garantizando que su proceso de creación cuente con elementos o componentes que no sean invasivos a la salud de los escolares o menores de edad.

Sobre el particular, el magistrado recomendó a los padres de familia y tutores que acuden a los mayoristas a comprar los útiles escolares de sus hijos, que deben verificar el registro sanitario de los productos, que tenga el nombre del fabricante, la dirección donde se fabricó; así como los códigos de importación y no olvidarse solicitar los comprobantes de venta.

“La etiqueta de estos productos debe contener el nombre del producto, la razón social de quien elabora el producto, la dirección donde fue fabricado, así como el código de registro sanitario que brinda el Ministerio de Salud”, explicó el representante del Poder judicial.

En la previa del año escolar 2024, el Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (Conadis) ha emitido una serie de directrices destinadas a garantizar una educación inclusiva de calidad para los estudiantes con discapacidad. Las escuelas, tanto públicas como privadas, enfrentan sanciones de hasta 15 Unidades Impositivas Tributarias (UIT), que ascienden a aproximadamente S/ 77,250.00, si se niegan a admitir o retener a estudiantes bajo estas condiciones.

El llamado de Conadis subraya la importancia de proporcionar un entorno adecuado que promueva el bienestar y el desarrollo integral de los alumnos con discapacidad, sin implicar costos adicionales para las familias. El objetivo es eliminar cualquier barrera que pueda obstaculizar el acceso a la educación de calidad para este grupo vulnerable. Con la implementación de estas medidas, se busca crear un espacio educativo más justo y equitativo, donde todos los estudiantes tengan las mismas oportunidades de aprendizaje y desarrollo.