El alcalde provincial de Tarata (Tacna), Kenny Menéndez, se opuso este martes a la propuesta del legislador Alejandro Muñante (Renovación Popular), quien planteó ampliar la cárcel de máxima seguridad de Challapalca, ubicada en esa región fronteriza, y reabrir el penal El Frontón de El Callao para enfrentar la sobrepoblación penitenciaria.
En una entrevista con Radio Uno, la autoridad adelantó que remitirá un documento de rechazo al diputado ultraconservador y que solicitará la adhesión de la diputada Esmeralda Limache (Cambio Democrático - Juntos por el Perú), representante de Tacna y expresidenta de la Comisión Especial de Protección a la Infancia.
“No es justo que en Challapalca los presos que le han hecho tanto daño a la sociedad, tengan agua, luz, internet, comida caliente, un baño decente, y [...] mis paisanos y los pobladores de Tarata no tengan agua, no tengan luz, no tengan desagüe, mucho menos internet y mucho menos un baño, no hay lógica como estado”, declaró el burgomaestre.
“¿Tú vas a proteger a algo que ha hecho daño a la población, y mientras a 15 kilómetros [...] mi población no tenga ni un beneficio decente para vivir?”, cuestionó. Según la iniciativa de Muñante, ambos establecimientos estarían destinados a albergar a condenados por terrorismo, tráfico ilícito de drogas, minería ilegal, crimen organizado, trata de personas, homicidio calificado y violencia sexual.
Los datos recogidos en su propuesta señalan que el penal de Challapalca se encuentra al límite del aforo: 214 reos viven esta prisión situada en una remota localidad de los Andes del sur, de los cuales 68 fueron condenados por robo agravado, 24 por homicidio calificado y 11 por asociación, entre otros delitos.
Menéndez también cuestionó que el diputado haya puesto foco en la ampliación de la cárcel, y no en el proyecto de agua y desagüe de su jurisdicción, cuya ejecución bordearía los 38 millones de soles. Por eso, indicó que coordina con un grupo de legisladores para que sea considerado “de emergencia” y pueda ingresar en el presupuesto del 2024. El expediente técnico de la obra está previsto para mayo o junio.
Retorna el debate sobre El Frontón
El mismo día en que Muñante difundió su iniciativa, el presidente del Congreso, Alejandro Soto, arribó al Callao para inspeccionar las instalaciones de El Frontón, cerrado desde hace casi cuatro décadas por una masacre durante un motín ocurrido en el primer gobierno del expresidente Alan García (1985-1990). Posteriormente, anunció que evalúa presentar un proyecto afín para reactivar esta cárcel “con pleno respeto a los derechos humanos, debido al incremento de la delincuencia e inseguridad ciudadana”.
La reapertura de este penal enclavado en el océano ya había sido planteada en abril de 2022 por la diputada Isabel Cortez (Cambio Democrático-Juntos por el Perú) para acoger, según dijo, “a aquellos que violan y asesinan [...] para que cumplan cadena perpetua sin goce de beneficio”.
En julio de 2023, la proposición llegó del legislador Wilson Soto (Acción Popular) quien, al igual que Muñante, solicitó al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y al Instituto Nacional Penitenciario (INPE) la reconstrucción e implementación del establecimiento.
En 2011, el exfiscal de la Nación, José Peláez, también declaró que El Frontón sería “un lugar seguro del cual no se van a poder escapar los delincuentes peligrosos”, ni “van a poder comunicarse con sus cómplices o familiares a través de los teléfonos como lo vienen haciendo”, por lo que resultaba urgente, bajo su óptica, volver a abrir sus puertas.
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