La tubería de la vergüenza: obra de drenaje a cargo de empresa inhabilitada aumenta riesgo de inundaciones en el norte

En Piura, una infraestructura diseñada para atender los problemas de inundaciones ha fallado en cumplir su objetivo, causando gran indignación entre las autoridades locales y la ciudadanía, quienes ahora la llaman ‘la tubería de la vergüenza’.

Esto debido a que, en lugar de mitigar los efectos negativos de las lluvias intensas que afectan a la región del norte desde hace décadas, su construcción ha resultado ser una fuente de problemas de varios kilómetros de longitud.

Pues, a la fecha, su eficacia continúa siendo puesta en duda, especialmente durante la temporada de precipitaciones, ya que el incremento del caudal del río Piura —uno de los cinco más importantes de la costa peruana por su impacto en la irrigación de al menos cinco valles agrícolas de la región— conduce a su desbordamiento.

Por lo tanto, estarían quedando anulados los efectos positivos esperados del proyecto, a cargo del Programa Nacional de Saneamiento Urbano del Ministerio de Vivienda.

De acuerdo a un reportaje del portal de noticias Norte Sostenible, en primer lugar, la obra contempló un periodo de ejecución de tres meses, el cual debía culminar el 6 de diciembre del mismo año.

Este acuerdo se cerró mediante la cartera de Vivienda, que asignó de manera directa un contrato valorado en S/ 17.1 millones al consorcio Ignacio Merino, integrado por Grandes Xtructuras SAC, Grupo Adobe SRL y Constructora Joquesa Ingenieros Contratistas SRL, para la realización del proyecto en el sector Ignacio Merino.

Esto a pesar de que se sabe que Grandes Xtructuras SAC registra una deuda con la Sunat de S/ 9,706 por falta de contribuciones al Tesoro Público.

Por otro lado, en cuanto a los otros involucrados, se ha dado a conocer que el Grupo Adobe SRL de Lima logró asegurar cuatro contratos con Vivienda para desarrollar proyectos de este tipo en los sectores de Ignacio Merino, Villa Primavera (Sullana), Cinco Esquinas (Piura), y Av. Guardia Civil (Castilla, Piura), acumulando una suma total superior a los S/ 50 millones, situación que marca un posible interés sobre los procedimientos utilizados por el Gobierno para la adjudicación de esta clase de contratos,

En el marco de los hechos, de acuerdo al mismo portal periodístico mencionado, la Constructora Joquesa Ingenieros Contratistas SRL, anteriormente inhabilitada por el Tribunal de Contrataciones del Estado el 27 de octubre del año pasado, ha sido señalada por su participación en la ejecución de la controvertida obra conocida como la ‘tubería de la vergüenza’.

La sanción previa, que implicó una multa de S/ 34 mil 450, involucró una omisión injustificada en cumplir con sus compromisos contractuales, lo que llevó al Tribunal a imponer, además de la multa, una suspensión temporal como proveedora del Estado.

En ese sentido, la medida preventiva, que se extiende por cuatro meses, prohíbe a la organización participar en cualquier proceso de selección de contrataciones con el Estado, a menos que se efectúe el pago de la sanción económica impuesta.

Por tal razón, la implicación de Joquesa Ingenieros Contratistas SRL en el proyecto de la tubería —aun tras ser sancionada—pone sobre la mesa preguntas acerca de la supervisión y los criterios de selección de las entidades estatales en la adjudicación de contratos.

Además, la situación reaviva el debate sobre la eficacia de las sanciones administrativas y su rol en la garantía y transparencia en las obras públicas, así como la necesidad de revisar y fortalecer los mecanismos de control y cumplimiento en el ámbito de las contrataciones del Estado.

Con relación a la obra, la asociación civil Vigilia Ciudadana y el Colegio de Ingenieros han expresado su preocupación por la calidad de las obras de ingeniería en la región, sobre todo en lo que respecta a un proyecto dirigido a mitigar los efectos de las lluvias.

Por ello, denuncian una ejecución deficiente de trabajos que no cumplen con las normativas de ingeniería, lo que podría representar un riesgo para la seguridad de los ciudadanos, quienes se ven expuestos de manera constante al exceso de aguas pluviales acumuladas durante las temporadas de lluvia en la zona.

En esa línea, los representantes de Vigilia Ciudadana, por ejemplo, encabezados por Mela Salazar, afirman que las obras muestran una falta de calidad y de adherencia a los estándares de ingeniería exigidos. Además, alertan de la existencia de tuberías expuestas en grandes avenidas, que representan un peligro permanente para quienes transitan por estas zonas.

Mientras que Hermer Alzamora, del Colegio de Ingenieros, critica la justificación de la emergencia como excusa para la baja calidad de los trabajos, demandando un mínimo de criterios de ingeniería en su ejecución.