La Primera Fiscalía Corporativa Penal de Cercado de Lima-Breña-Rímac-Jesús María investiga al alcalde de Lima Metropolitana, Rafael López Aliaga, por la presunta comisión de los delitos de usurpación de funciones, omisión de funciones y abuso de autoridad. Ello por el despido de trabajadores del régimen de contratación administrativa de servicios (CAS) indeterminado al inicio de su gestión. Infobae Perú accedió a la resolución fiscal que apertura el caso.
La denuncia fue formulada por un exservidor de la MML, cuya identidad se mantendrá en reserva, que fue despedido arbitrariamente el primer día que López Aliaga piso la Municipalidad de Lima.
La carta con la que se le comunicó el despido fue firmada por la entonces subgerente de personal de la MML, Maritza Cecilia Casaverde Méndez, quien, según la denuncia, no tenía la facultad de dar por finalizados contratos CAS. Ella también viene siendo investigada por presunta usurpación de funciones, omisión de funciones y abuso de autoridad.
“Dicho acto administrativo fue emitido en día inhábil, ya que 1 de enero del 2023 fue domingo y feriado para todo efecto administrativo. Asimismo, se contravino las normas jurídicas de orden público, toda vez que fue notificado el día 2 de enero del 2023, en donde ilógicamente informaron que el contrato habría concluido el 31 de diciembre del 2022, evidentemente sin la anticipación previa requerida —5 días hábiles previos a la culminación del contrato—”, protestó el exservidor en su denuncia.
El 2 de enero de 2023, personal de seguridad impidió el ingreso al exfuncionario, así como otros cientos de exservidores CAS indefinido cesados intempestivamente por la administración de Rafael López Aliaga.
El vínculo laboral del extrabajador había adquirido la calidad de indefinido gracias a la Ley 31131. El Tribunal Constitucional, al declarar parcialmente inconstitucional dicha norma, mantuvo el párrafo que establecía que los contratos CAS vigentes al 10 de marzo de 2021 obtenían automáticamente carácter indefinido, por lo que “pueden ser despedidos solo por causa justa debidamente comprobada”.
Según fuentes de Infobae Perú, la Fiscalía citó a Rafael López Aliaga a dar su declaración indagatoria para la quincena de setiembre de 2023. El alcalde de Lima, invocando sus labores como burgomaestre, pidió declarar de manera virtual. Sin embargo, durante el encuentro, habría optado por acogerse a su derecho a guardar silencio.
Respecto a Maritza Casaverde, las mismas fuentes aseguran que la actual jefa de la Oficina de Gestión de Recursos Humanos de la MML no se habría presentado a las primeras 3 citaciones que le hizo la Fiscalía, alegando problemas de salud.
Pese a que el plazo inicial de la investigación preliminar —plazo inició en agosto del año pasado— era de 40 días, el Ministerio Público sigue realizando diligencias. Por ejemplo, a mediados de diciembre último, la Fiscalía recibió del Poder Judicial copias del recurso de nulidad que planteó la MML contra la resolución de SERVIR que ordena reincorporar al exservidor que denunció penalmente a López Aliaga y a Casaverde.
La defensa de Rafael López Aliaga
A raíz de esta investigación preliminar, el alcalde Rafael López Aliaga solicitó a la Municipalidad de Lima costear los honorarios del abogado de su elección, el letrado Javier Alarcón Prieto. Infobae Perú se contactó con el doctor Alarcón a fin de obtener los descargos de su patrocinado; sin embargo, invocó la reserva del caso.
En su propuesta de honorarios a la que accedió Infobae Perú, el abogado sí elaboró una “apreciación preliminar de la defensa a desplegar”, que pasaremos a reproducir a continuación:
“El hecho por el cual se ha denunciado el delito de usurpación de funciones, corresponde al ejercicio de actos administrativos de una funcionaria distinta al alcalde, la señora subgerente de Personal de la Municipalidad Metropolitana de Lima (Maritza Casaverde), en los que el señor alcalde no ha emitido una orden expresa, directa o formal para el despido. (...) Todos los cuestionamientos están dirigidos a funciones correspondientes al área administrativa, concretamente a la Subgerencia de Personal, por lo que no son imputables al señor alcalde”.
Esta apreciación preliminar del caso podría caerse con la propia exposición de Maritza Casaverde en la conferencia de prensa del 2 de enero de 2023. En su intervención, la funcionaria, además de negar la pandemia por la COVID-19, reconoce que el cese masivo de trabajadores es una iniciativa de Rafael López Aliaga para destinar recursos a otras áreas.
“Nosotros, con el alcalde Rafael López Aliaga, vamos a hacer una reducción de personal que va a significar unos 103 millones que va a ser trasladado para que podamos atender los servicios que la comunidad de Lima tiene que tener: las ollas comunes, el agua, la infraestructura. En estos 2 días (desde que RLA juró como alcalde) que hemos tenido, hemos estado haciendo un análisis y hemos evidenciado que en muchas áreas ha habido personal contratado que no asistía a laborar, que por la pandemia, pseudo pandemia, no han sido verificados ni por médicos ocupacionales”, dijo la funcionaria.
El fiscal a cargo del caso deberá evaluar lo actuado y decidir si continúa y formaliza la investigación preparatoria contra el alcalde de Lima por presunta usurpación de funciones, omisión de funciones y abuso de autoridad.
Victorias en tribunales
El exservidor que denunció penalmente a Rafael López Aliaga presentó una apelación ante Servir contra el despido arbitrario dispuesto irregularmente por la Subgerencia de Personal de la MML.
El Tribunal del Servicio Civil falló a favor del exservidor: determinó que efectivamente tenía la condición de CAS indefinido y nunca hubo una causa justa debidamente comprobada para dar por concluida la relación laboral.
Por ello, se declaró fundada la apelación y se ordenó a la Municipalidad de Lima a reponer al exservidor en el cargo en el que se venía desempeñando.
Sin embargo, la gestión de López Aliaga hizo caso omiso al mandato de Servir, por lo que el extrabajador decidió demandar a la comuna ante el Poder Judicial. En esta instancia también obtuvo un fallo favorable: un Juzgado de Trabajo ratificó la resolución de Servir y ordenó a la MML restituir al demandante “en el puesto de trabajo que ostentaba u otro de similar naturaleza, respetando la remuneración que tenía antes de su cese”.
En paralelo, la comuna también judicializó la resolución de Servir a favor del exservidor. Se trata de un proceso de nulidad de resolución administrativa. Infobae Perú pudo conocer que, a la fecha, aún no ha sido resuelto por el Juzgado de Trabajo a cargo.
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