Desde hace siete años, Kriss Ampudia recurrió a los tribunales para que su identidad sea reconocida en un país sin Ley de identidad de género ni sobre crímenes de odio ni de cupo laboral para la diversidad. Como estos derechos todavía son negados —y tampoco hay un procedimiento administrativo que agilice el trámite de cambio de nombre y sexo de las personas trans—, el único camino para obtener el cambio de sus datos de identidad es iniciar un proceso judicial en la vía civil.
Se trata de un camino desgastante y costoso. Entonces, el derecho a la identidad queda en manos de magistrados del Poder Judicial y los procuradores del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), quienes “muchas veces no cumplen con los estándares del Sistema Interamericano de Derechos Humanos”, según la organización Justicia para la Diversidad, que representa a Kriss.
Luego de numerosas trabas procesales, el Quito Juzgado Civil Transitorio finalmente expidió una sentencia que le otorgaba el ansiado cambio de nombre en su DNI, el derecho a ser nombrada. Sin embargo, el procurador adjunto Gonzalo Lozano ha apelado la decisión, con lo cual el proceso puede extenderse por años.
“En el caso de Kriss ocurrió lo que temíamos, pues a pesar de haber obtenido una sentencia favorable es el Reniec el que vuelve a vulnerar sus derechos al apelar esta decisión, logrando extender el proceso por varios años más”, señaló el abogado Juan Manuel Castillo, quien lidera un proyecto de asistencia legal para que las personas trans conquisten ese derecho.
De acuerdo con la organización, que envió un comunicado a Infobae Perú, Lozano alegó en su apelación que “el nombre es inmutable”, solicitó una pericia psicológica —proscrita por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH)—, citó jurisprudencias derogadas y desconoció las recomendaciones del Sistema Interamericano.
El procurador indicó, de igual modo, que solo existen dos sexos biológicos y calificó como “absurdo jurídico” el cambio de nombre basado en la identidad de género. La procuraduría del Reniec ya había frenado anteriormente el proceso de Samantha Puente, otra mujer trans que batalla para acceder por ese derecho.
Según Justicia para la Diversidad, en este último caso el organismo alegó que era “un gusto, capricho o moda” de la demandante “el sentirse mujer”.
“Frente a esta situación de transfobia institucionalizada por parte del Estado, la organización pretende crear un precedente legal que sirva para garantizar el derecho a la identidad de todas las personas trans en Perú, y que a pesar de ser el rostro más visible de la población LGBTI, son las que tienen menos derecho a la identidad”, zanja el pronunciamiento.
La privación del derecho a la identidad es el principal problema (35 %) del colectivo trans, seguido de dificultades para el acceso al empleo y el acoso escolar, según una encuesta de la Universidad Católica. En 2021, cuatro años después de que fuera presentado en el Congreso, el predictamen de la Ley de Identidad de Género obtuvo la aprobación de la comisión de la Mujer y la Familia, con lo cual pasó al pleno del Parlamento para su debate y eventual aprobación definitiva.
La Defensoría del Pueblo instó entonces al hemiciclo a debatir y aprobar la norma “en el más breve plazo” y Amnistía Internacional deseó que el pleno apruebe la iniciativa legislativa “sin demoras”.
Sin embargo, a la fecha, el proyecto parece desvanecerse con un nuevo Parlamento de extremos y diputados antiderechos, de modo que el Perú, como en otras conquistas por la igualdad, sigue rezagado en esta iniciativa que ya es legal en Argentina (2012), Bolivia (2016) y Chile (2018).
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