La administración de la presidenta Dina Boluarte supervisa la propuesta de Alianza Para el Progreso (APP) para amnistiar a policías y militares involucrados en procesos judiciales durante estados de emergencia, así como la eventual restitución de tribunales sin rostro, como planteó el legislador Juan Burgos (Unidad y Diálogo Parlamentario).
“Estamos haciendo un seguimiento a estas proposiciones legales. Es decir, en cuanto sean debatidas y eventualmente aprobadas por el Congreso, el Gobierno se va a pronunciar con elemental seriedad [...] Cualquier medida, conforme no afecte la Constitución y proteja a los policías en el enfrentamiento contra el crimen organizado, es bienvenida”, declaró el premier Alberto Otárola en una rueda de prensa.
“Lo que debemos hacer en este caso no solo es sacar más policías a las calles, sino también evitar la represalia de estos delincuentes”, agregó. Solo días atrás, el jefe de Gabinete había señalado que no creía en los tribunales sin rostro porque “la justicia debe ser abierta y democrática”.
En la misma comparecencia ante los periodistas, el ministro de Justicia, Eduardo Arana, indicó que el Ejecutivo aguardará, en específico, que el proyecto sea derivado a la Comisión de Justicia del Congreso. “[Todavía] no [se] tiene una posición clara de ello. En su momento, emitiremos la opinión correspondiente”, mencionó de manera escueta.
El exdictador Alberto Fujimori (1990-2000), condenado por crímenes contra la humanidad, incorporó este mecanismo entre 1992 a 1997, cuando fueron sentenciados más de 5,000 personas sin garantías jurídicas, según la directora ejecutiva de la Fundación por el Debido Proceso Legal, Katya Salazar. Un tercio de esta cifra eran personas inocentes, consignó Human Rights Watch.
El abogado Carlos Rivera, del Instituto de Defensa Legal (IDL), remarcó que “los tribunales sin rostro significaron un instrumento de violación a los derechos humanos”, mientras que el exviceministro de Derechos Humanos, Miguel Soria, recordó que, según la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), la figura “viola el debido proceso”.
El proyecto de Burgos se hizo público antes de que el secretario general de APP, Luis Valdez, remitiera una propuesta al titular del Congreso, Alejandro Soto, para amnistiar a policías y militares que enfrenten procesos judiciales “por el ejercicio de su función” en la “lucha contra la inseguridad ciudadana y el crimen organizado”.
“Somos conscientes de que resulta necesaria no solo una reforma del marco legal sobre seguridad ciudadana o un fortalecimiento del sistema judicial, sino que es momento de tomar medidas drásticas, que permitan a las fuerzas armadas y policiales actuar con eficacia y sin temor a futuros procesos judiciales”, se lee en un documento enviado al presidente de la Mesa Directiva.
La fórmula legal explica que la amnistía sería concedida al “personal militar y policial que sea objeto de procesos judiciales por el ejercicio de su función de lucha contra el crimen organizado, sicariato, secuestro, homicidio, asesinato, trata de personas, minería ilegal, extorsión y cualquier otro delito contra la tranquilidad pública o que ponga en riesgo la vida, el cuerpo y la salud de las personas”, a partir de las declaratorias de emergencia.
Además, establece que la Comisión de Gracias Presidenciales tendría autorización para “recomendar la concesión de indultos comunes o conmutación de penas a aquellos policías y militares que sean condenados” por lo mismo.
Antes de que la propuesta de la agrupación política llegara al Parlamento, el líder de APP, César Acuña, se reunió en Palacio con Boluarte, Otárola y los ministros Jorge Chávez (Defensa), Víctor Torres (Interior) y Eduardo Arana (Justicia).
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