En conferencia de prensa realizada desde Palacio de Gobierno, el premier Alberto Otárola, habló sobre la reunión que se llevó a cabo el pasado 1° de febrero con el gobernador regional de La Libertad, César Acuña, la presidenta Dina Boluarte, así como los ministros de Defensa, Interior y Justicia. El objetivo central de la reunión fue abordar la creciente ola de criminalidad que ha golpeado la región del norte, analizar su situación y tomar las decisiones adecuadas.
El primer ministro destacó que se encuentran en una fase de evolución y análisis de la situación de las mafias criminales en La Libertad. “Hemos recibido la preocupación del gobernador respecto a la violencia criminal en su región. Estamos recabando información del Ministerio del Interior, y esta semana se tomará la decisión sobre el estado de emergencia y la institución encargada del control del orden interno. La respuesta será enérgica, tanto en La Libertad como en otras zonas del país”, afirmó el premier al ser consultado sobre la situación en la región.
La posición del gobernador Acuña
Por su parte, César Acuña, gobernador de La Libertad, anunció el mismo 1 de febrero que su región será declarada en emergencia debido a la ola de criminalidad. Además, informó sobre la instalación de una base militar en Trujillo, la capital regional, donde reside el 60% de la población. Sin embargo, el Ministro aseguró que esta propuesta aún está en evaluación.
“La Libertad debe ser tomada como un punto prioritario para revertir el tema de la inseguridad. Del 1° de enero hasta ahora, hay más de 33 muertos. ¡Todos los días un muerto!”, expresó Acuña en una rueda de prensa posterior a la reunión en Palacio de Gobierno. Añadió que se ha establecido un plazo de 120 días para evaluar los resultados de las medidas propuestas, incluida la posible instalación de la base militar en Trujillo.
Protestas de mineros ilegales
Sobre la posibilidad de instalar una base militar en La Libertad, el jefe del Gabinete indicó que ya hay una decisión del gobierno de establecerla en Pataz. Esta medida, sin duda, busca fortalecer la seguridad y el control en una región afectada por la creciente criminalidad.
En cuanto a la declaración de emergencia, el Premier aseguró que la estrategia será diferente y que se propondrá un enfoque integral para abordar la situación. “En cuanto a la minería ilegal, el Gobierno está tomando medidas para regularizar la situación. La opción de las protestas debe ser la última, y se debe seguir un procedimiento administrativo para regularizar su situación”.
En relación con las protestas anunciadas por mineros ilegales para el 11 y 12 de febrero, el jefe del Gabinete señaló que el ministro de Energía y Minas está a cargo de evaluar estas manifestaciones e informar sobre ellas. Además, dijo que el gobierno está dando pasos importantes para regularizar la situación, instando nuevamente a que las protestas sean la última opción y que se siga un proceso eficaz para la regularización sin dañar el medio ambiente.
El compromiso del Gobierno con La Libertad se evidencia también en la entrega de camionetas para enfrentar la inseguridad ciudadana y la asignación de presupuesto para que la región sea la primera en albergar un Laboratorio de Criminalística a nivel nacional.
Cuatro provincias de La Libertad fueron declaradas en emergencia en el 2023
En respuesta al creciente índice delictivo, las provincias de Trujillo, Ascope, Virú y Pataz, todas pertenecientes a La Libertad, declararon emergencia durante el primer semestre del año pasado, extendiendo así la medida que generó controversia entre algunos alcaldes.
El gerente de Seguridad Ciudadana de El Porvenir, José Alvarado, señaló que la declaración de emergencia por sí sola no es suficiente para abordar el problema. Explicó que la Policía cuenta con información sobre los puntos críticos, pero carece de los recursos y el personal necesario para llevar a cabo operativos efectivos.