Designan a Alfredo Ferrero y Carlos Hakansson como embajadores de Estados Unidos y Costa Rica

El Gobierno ha designado a Alfredo Ferrero y Carlos Hakansson como embajadores en Estados Unidos y Costa Rica, anunció el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola.

De acuerdo al premier, Alfredo Ferrero, quien fue ministro de Comercio Exterior y Turismo, tiene el cargo de la presidente de la República, Dina Boluarte, de “promover las inversiones y concertar acuerdos comerciales y de inversiones que favorezca al país, sobre todo a las zonas más deprimidas”.

Por su parte, el constitucionalista Carlos Hakansson deberá defender los intereses de la nación en la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Como se sabe, el poder Ejecutivo solo puede designar un 20% de embajadores políticos en todos los territorios donde tiene representación, ya que los demás deben pertenecer al Servicio Diplomático del perú.

El poder Ejecutivo también designó a diplomáticos de carrera para liderar las embajadas de otros países. Este es el caso del exembajador de Israel, Jaime Manuel Cacho-Sousa, quien estuvo a cargo de coordinar el retorno de connacionales durante el enfrentamiento entre las fuerzas militares israelíes y Hamás en Medio Oriente. Cacho-Sousa ahora ayudará a los compatriotas de Irlanda.

Asimismo, Ernesto Moisés Pinto Bazurco Rittle, quien se encuentra en situación de retiro, fue elegido para ser embajador del Perú en Finlandia.

El ministro de Relaciones Exteriores, Javier González Olaechea, confirmó que Perú seguirá formando parte del Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH), en entrevista con RPP.

El canciller, sin embargo, expresó su descontento con la sde acción del SIDH ante ciertas situaciones, como el asesinato de militares por grupos terroristas en el Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem). Por otro lado, se abstuvo de comentar sobre las especulaciones de asilo de Fray Vásquez, sobrino del expresidente Pedro Castillo, en Bolivia y resaltó el establecimiento de la Red Andina de Seguridad para luchar contra el crimen organizado, como una iniciativa que nació de la Comunidad Andina de Naciones (CAN).

Esto representa un cambio en la posición de Olaechea con respecto a este organismo internacional, ya que en septiembre del 2023, el ahora ministro había escrito una columna titulada como ‘Reformar o denunciar la CIDH’.

“Los países que adherimos al Pacto de San José hemos sido incapaces de subsanar los enormes vicios y pareciera hoy un imposible fáctico hacerlo por cuanto la promoción y defensa de los derechos humanos jamás se garantizan mediante su violación. Resultando indispensable erradicar el direccionamiento ideológico, toca emprender uno de dos caminos: o se batalla desde dentro para erradicar sus múltiples males –incluidas auditorías contables y de cumplimiento de normas éticas– o se denuncia el tratado”, había dicho en ese entonces.

Incluso, acusó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos de no defender la democracia

“La comisión y la corte frecuentemente persiguen a quienes defienden la democracia y el orden público, y premian a quienes los violan, terroristas o no”, sostuvo.

La Comisión de Constitución del Congreso aprobó crear una comisión de alto nivel encargada de evaluar y proponer mejoras al Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

Esta tarea ha sido asignada a figuras prominentes como el canciller, el presidente del Poder Judicial, el fiscal de la Nación, el defensor del Pueblo y el ministro de Justicia y Derechos Humanos.

Dentro de la opinión técnica que discutió en este grupo agrupa a cinco proyectos de ley presentados por legisladores de diferentes frentes políticos que buscan denunciar la Convención Americana de Derechos Humanos, o pacto de San José. Las propuestas son las siguientes: 2014/2021-CR, 3494/2022-CR, 5216/2022-CR, 5303/2022-CR y 5582/2022-CR.

No obstante, especialistas como el expresidente del Tribunal Constitucional, Ernesto Blume, afirmaron que esta clase de iniciativas no tenían sustento.