Alejandro Soto se suma a esfuerzos del Congreso para reabrir penal El Frontón, que fue cerrado tras matanza

En medio de la crisis de inseguridad ciudadana que ha ido en crecimiento en el Perú durante los últimos años, diferentes congresistas empiezan a concebir propuestas cada vez más controversiales en un intento conseguir popularidad. En los últimos días, integrantes del Congreso han mostrado su interés porque se amplíen o reabran penales ubicados en condiciones extremas, y el presidente de dicha institución, Alejandro Soto, no ha sido ajeno a este hecho, impulsando la reapertura del clausurado y tristemente histórico penal de El Frontón.

En el marco de su semana de representación, el presidente de la Mesa Directiva del Congreso, Alejandro Soto Reyes, decidió realizar una visita al conocido penal de El Frontón ubicado en la isla del mismo nombre, frente a las costas del Callao; pero que lleva cerrado desde el año 1986, cuando, a raíz de un motín perpetrado por un grupo de presos acusados de terrorismo, se perpetró la matanza de más de 250 reos.

En su visita, el legislador consideró que era adecuado “recurrir a las instancias nacionales e internacionales para ver una posibilidad de que el expenal El Frontón, se reabra”. De esta manera, insistió en que la reapertura de esta instalación penitenciaria pueda “servirle a los peruanos” en el marco de la ola de criminalidad que se vive en el país para la que, hasta la fecha, no hay soluciones, pese a un estado de emergencia infructuoso.

Al respecto, Alejandro Soto Reyes ha señalado que no descarta la presentación de una iniciativa de ley que permita la reactivación de El Frontón; que cerró tras la ejecución extrajudicial de 254 en una matanza que ha sido definido por la Comisión de la Verdad y la Reconciliación como “el más siniestro operativo de exterminio en penales” ejecutado durante el periodo de conflicto armado.

La iniciativa de Soto Reyes para este caso, se sumaría a un proyecto de ley presentado el pasado lunes 5 de febrero, cuando el congresista Alejandro Muñante presentó un proyecto de ley para que la cárcel del El Frontón vuelva a funcionar frente a la costa del Callao; además de que se amplíe el penal de Challapalca, que alberga a los criminales más ranqueados a más de 4 mil 800 metros de altura.

Este tipo de propuestas, aunada al intento de implementar el restablecimiento del penal de El Sepa, ubicado en la selva de Ucayali; han generado una serie de polémicas enmarcadas en la falta de control que se podría tener sobre la población penitenciaria y la preocupación por que se vulneren los derechos de los reos, así como que estos puedan hacer de las suyas aprovechando la mínima atención del Estado.

Otros cuestionamientos que involucran específicamente al penal de El Frontón son:

• Derechos Humanos: Hay temores sobre posibles violaciones a los derechos humanos, dada la historia violenta del penal, especialmente los sucesos de 1986 donde un motín resultó en un violento enfrentamiento y la muerte de numerosos reclusos.
• Condiciones de Reclusión: Se plantean dudas sobre las condiciones en las que se mantendría a los reclusos, en términos de hacinamiento, acceso a servicios básicos y trato digno, factores críticos en la prevención de la tortura y el maltrato.
• Efectividad en la Rehabilitación: Existen interrogantes sobre si la infraestructura y el enfoque de rehabilitación estarán a la altura de los estándares necesarios para garantizar la reinserción social de los reclusos, evitando la reincidencia.
• Seguridad y control: La preocupación por garantizar que el penal no se convierta nuevamente en un punto de gestión y control por parte de organizaciones criminales internas, manteniendo la seguridad tanto dentro como en las inmediaciones de la cárcel.
• Impacto Social y Comunitario: La posible repercusión que la reapertura del penal podría tener sobre las comunidades cercanas, en términos de seguridad, estigmatización y desarrollo económico local.