El congresista Alejandro Muñante (Renovación Popular) ha vuelto a retomar este lunes la propuesta de reabrir el penal El Frontón, que funcionó en la isla del mismo nombre, cerca de la costa de El Callao. La iniciativa legislativa, que responde a la sobrepoblación penitenciaria, también contempla ampliar la cárcel de máxima seguridad de Challapalca, ubicada en Tacna.
De acuerdo con el documento, ambos establecimientos estarían destinados a albergar a condenados por terrorismo, tráfico ilícito de drogas, minería ilegal, crimen organizado, trata de personas, homicidio calificado y violencia sexual.
Más temprano, el presidente del Congreso, Alejandro Soto, arribó al Callao para inspeccionar las instalaciones de El Frontón, cerrado desde hace casi cuatro décadas por una masacre durante un motín ocurrido en el primer gobierno del expresidente Alan García (1985-1990).
Según una nota difundida en la página oficial del Legislativo, Soto también evalúa la presentación de una iniciativa para reactivar esta cárcel “con pleno respeto a los derechos humanos, debido al incremento de la delincuencia e inseguridad ciudadana”.
La reapertura de este penal enclavado en el océano ya había sido planteada en abril de 2022 por la diputada Isabel Cortez (Cambio Democrático-Juntos por el Perú) para acoger, según dijo, “a aquellos que violan y asesinan [...] para que cumplan cadena perpetua sin goce de beneficio”.
En julio de 2023, la proposición llegó del legislador Wilson Soto (Acción Popular) quien, al igual que Muñante, solicitó al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y al Instituto Nacional Penitenciario (INPE) la reconstrucción e implementación del establecimiento.
En 2011, el exfiscal de la Nación, José Peláez, también declaró que El Frontón sería “un lugar seguro del cual no se van a poder escapar los delincuentes peligrosos”, ni “van a poder comunicarse con sus cómplices o familiares a través de los teléfonos como lo vienen haciendo”, por lo que resultaba urgente, bajo su óptica, volver a abrir sus puertas.
De acuerdo con datos recogidos por Muñante en su propuesta, el penal de Challapalca se encuentra al límite del aforo: 214 reos viven esta prisión situada en una remota localidad de los Andes del sur, de los cuales 68 fueron condenados por robo agravado, 24 por homicidio calificado y 11 por asociación, entre otros delitos.
A fines del año pasado, El Comercio reveló que un cabecilla del Tren de Aragua en Perú —el venezolano Héctor Prieto, alias ‘Mamut’— seguía dirigiendo esa red delictiva desde ese lugar, “a través de audios” que “serían grabados con la complicidad de malos funcionarios del INPE”.
El líder criminal, quien en su país estuvo preso en la cárcel de Tocorón, ingresó a territorio nacional de manera ilegal desde Brasil en 2021 y fue detenido por agentes de la Policía Nacional (PNP) junto a otras once personas en una vivienda del distrito de San Martín de Porres.
En noviembre pasado, el Ejecutivo aprobó un decreto legislativo que busca mitigar la sobrepoblación en los penales del país, una problemática que, si al 2025 no encuentra solución, deberá acoger las medidas del Tribunal Constitucional (TC), como el cierre de las cárceles más hacinadas y el traslado de los internos a otros establecimientos.
“Como se sabe, existe una sentencia del TC que dispone que en los próximos dos años se deben cerrar aquellos penales que no reúnan las condiciones que dispone la ley. Hemos visto que las condiciones no son las más adecuadas. Entonces, el propósito de esta norma es dar un beneficio premial a los internos que hayan demostrado una conducta ejemplar durante los últimos años”, dijo el ministro de Justicia, Eduardo Arana.
Una nota difundida por su despacho posteriormente precisó que esta iniciativa “podría implicar el cierre temporal del establecimiento penitenciario para el ingreso de nuevos internos [al 2025], entre otras medidas” calificadas como “urgentes” para enfrentar el fenómeno carcelario.
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