Piden a Senace que no apruebe nueva modificación de impacto ambiental de la empresa minera Las Bambas

La empresa minera Las Bambas ha anunciado una nueva modificación en su Estudio de Impacto Ambiental (EIA) por cuarta vez. Esta actualización ha generado preocupación debido a que no incluye la participación de las comunidades afectadas por las operaciones de la mina.

Según un reporte de Cooper Acción, el documento presentado por Las Bambas incumple con los estándares que estable el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (Senace). Por ejemplo, la redacción ambigua del documento no logra informar claramente a la población sobre las modificaciones propuestas. Además, el informe carece de un glosario para entender las siglas y abreviaturas utilizadas y falla en delinear de manera precisa las áreas de impacto ambiental y social, tanto directas como indirectas.

Además, dentro de la modificatoria, la propuesta de Las Bambas, que contempla aumentar el Tajo Ferrobamba en 285.3 hectáreas, ha suscitado interrogantes sobre la gestión de más de dos millones de toneladas de desmonte sin una disposición final clara.

Comunidades y organizaciones de Cotabambas han presentado objeciones ante la propuesta de la empresa Las Bambas, la cual busca expandir su operación minera sin presentar estudios detallados sobre el impacto ambiental de dicha ampliación. La preocupación principal radica en la ausencia de análisis específicos, tales como los hidrológicos e hidrogeológicos, que detallen cómo afectaría el proyecto a los acuíferos y al medio ambiente, considerando que la expansión duplicaría casi la operación actual.

Asimismo, se critica la falta de información detallada sobre cómo se controlarían las aguas ácidas y el destino final de los relaves, además del impacto en la calidad del aire, la dispersión de agentes contaminantes y el ruido. Estos aspectos, según explica Cooper Acción, en su boletín informativo, podrían tener efectos nocivos tanto para la salud humana como ambiental.

Lo más alarmante es la potencial pérdida irreversible de 12.36 hectáreas de bofedales, la reducción significativa en los caudales de los ríos Ferrobamba y Chalhuahuacho, y la degradación de la calidad del agua en la región. Además, se señala que cuerpos de agua, como la laguna Charcascocha y el reservorio de agua Chuspiri, enfrentarían riesgos considerables de contaminación. La comunidad destaca también una preocupación por la aparente falta de participación de las comunidades locales en el inventario de manantiales, afectando directamente a la tierra fértil y apta para la agricultura.

Este conjunto de cuestionamientos ha llevado a varias comunidades y entidades representativas a solicitar que el Senace no apruebe esta cuarta modificación del proyecto minero. Subrayan la importancia de una evaluación exhaustiva que garantice la protección del medio ambiente y el bienestar de las comunidades afectadas, buscando evitar consecuencias irreversibles para los ecosistemas y recursos hídricos de la zona.

Las operaciones de MMG Las Bambas, una multinacional china dedicada a la minería, han estado en el punto de mira debido a sus prácticas ambientales que han generado preocupaciones y protestas en las regiones de Apurímac, Cusco y Arequipa, en Perú.

Desde el inicio de su operación en 2016, la ruta utilizada para el transporte de minerales, conocida como el Corredor Minero del Sur, ha visto el tránsito de cientos de camiones, afectando a numerosas comunidades locales. Este corredor es una vía crucial que se extiende a lo largo de cinco provincias, pero su uso para el transporte de metales pesados ha llevado a protestas sustanciales debido a la contaminación ambiental que repercute directamente en la calidad de vida de estas poblaciones.

Desde el 2019, la Organización de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) ha impuesto sanciones a MMG Las Bambas por exceder el número permitido de camiones transportando minerales y por la inadecuada gestión de derrames de concentrado de cobre en el Corredor Minero.

A pesar de que la compañía publicara su Política de Derechos Humanos en ese mismo año, estas sanciones reflejan una continua negligencia en alcanzar los estándares de debida diligencia ambiental propuestos. La OEFA ha resaltado la falta de “remediación y limpieza” en casos de derrames, subrayando una preocupación persistente por la salud del ecosistema y de las comunidades afectadas.