El jefe del Estado Mayor de la Policía Nacional (PNP), Óscar Arriola, alentó este viernes a restituir los tribunales sin rostro en el Perú como parte de un régimen de “mano dura” con “medidas excepcionales” contra la criminalidad, pese a que el jefe de Gabinete, Alberto Otárola, rechazó previamente la propuesta.
En una entrevista difundida en RPP, el general planteó, además, que “los miembros de organizaciones y bandas criminales” vayan directamente a prisión, sin posibilidad de que enfrenten prisión preventiva.
“Nosotros trabajaríamos más tranquilos con jueces sin rostro con los miembros de organizaciones y bandas criminales, que una vez detectados vayan a la cárcel directamente, y no haya esta posibilidad de prisión preventiva, [que no haya debate] de si le doy o no le doy arresto domiciliario —que después se fugan en la noche y terminan matando— sino todos a la cárcel”, declaró.
“Se necesita mano dura, medidas excepcionales, como las ha tomado este Gobierno [que] ha cambiado normas importantes. Está habiendo mano dura, porque nos damos cuenta, porque somos conscientes de lo que sucede, y además estamos mirando retrospectivamente lo que nos puede suceder”, continuó.
Arriola replicó de esa manera a una propuesta legislativa del congresista Juan Burgos (Unidad y Diálogo Parlamentario), quien busca que los magistrados investiguen, juzguen y acusen a organizaciones criminales de alta peligrosidad sin que se conozca su identidad.
El exdictador Alberto Fujimori (1990-2000), condenado por crímenes contra la humanidad, incorporó este mecanismo durante su régimen, entre 1992 a 1997, cuando fueron sentenciados más de 5,000 personas sin garantías jurídicas, según la directora ejecutiva de la Fundación por el Debido Proceso Legal, Katya Salazar. Un tercio de esta cifra eran personas inocentes, consignó Human Rights Watch.
Para el abogado Carlos Rivera, del Instituto de Defensa Legal (IDL), las recientes declaraciones de Arriola alientan a “la violación de la Constitución Política”, pues “los tribunales sin rostro [...] significaron un instrumento de violación a los derechos humanos”. La legisladora Ruth Luque, por su parte, consideró que el Ministerio del Interior, “como responsable político del sector”, debe responder ante lo dicho por el jefe del Estado Mayor.
“Mi rechazo a estas declaraciones [de] quienes utilizan su incapacidad para enfrentar la delincuencia, asumiendo que una caricatura es su principal enemigo, para eliminar o relativizar cualquier garantía de derechos humanos”, anotó. El exviceministro de Derechos Humanos, Miguel Soria, ha recordado que, según la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), la figura de los jueces sin rostro “viola el debido proceso”.
Desde Áncash, el portavoz del Ejecutivo, Alberto Otárola, también ha sido enfático al respecto: “No creo en los jueces sin rostro. La justicia debe ser abierta y democrática”, dijo a la prensa antes de aclarar que la administración de Boluarte no tiene intención en la propuesta de Alianza Para el Progreso (APP) para amnistiar policías y militares involucrados en procesos judiciales durante estados de emergencia.
La iniciativa fue remitida esta semana por el secretario general de la agrupación, Luis Valdez, al titular del Congreso, Alejandro Soto, después de que el líder de APP, César Acuña, se reuniera en Palacio de Gobierno con Boluarte, el premier y los ministros Jorge Chávez (Defensa), Víctor Torres (Interior) y Eduardo Arana (Justicia).
“Somos conscientes de que resulta necesaria no solo una reforma del marco legal sobre seguridad ciudadana o un fortalecimiento del sistema judicial, sino que es momento de tomar medidas drásticas, que permitan a las fuerzas armadas y policiales actuar con eficacia y sin temor a futuros procesos judiciales”, se lee en la misiva.
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