Fondo de Vivienda Policial favoreció indebidamente a empresas constructoras con millonarios pagos de adelanto

La Contraloría General de la República identificó irregularidades en la gestión del Fondo de Vivienda Policial (Fovipol) de la Policía Nacional del Perú (PNP), al descubrir que empresas inmobiliarias fueron beneficiados con pagos anticipados por un monto total de S/ 34 708 569. Estos fondos estaban destinados para la construcción de casi 1000 viviendas en Lambayeque y Piura, proyectos que hasta la fecha no han sido concluidos ni entregados a los policías que contribuyen a este fondo.

La investigación, llevada a cabo por el Órgano de Control Institucional (OCI) mediante dos auditorías de cumplimiento, expuso una serie de falencias y favorecimientos que comprometieron la integridad del fondo destinado para soluciones habitacionales a miembros de la PNP. Estas acciones no solo han detenido el proceso de entrega de viviendas a los agentes, sino que también plantean interrogantes sobre la gestión y supervisión de los recursos dentro de la institución.

En Lambayeque se detectaron irregularidades en dos proyectos inmobiliarios: “La Purísima” y “Carlos Stein”. Estos fueron gestionados por el Fovipol y financiados por la Corporación Financiera de Desarrollo (Cofide), sumando un presupuesto de S/ 38 487 075. Los hallazgos incluyen la modificación de contratos y selección de constructoras al margen de las normativas vigentes, resultando en un perjuicio económico significativo para el estado y la paralización de las obras.

En 2019, funcionarios del Fovipol suscribieron contratos de fideicomiso con Cofide para la ejecución de ambos programas. La adjudicación no se realizó con el procedimiento estándar de licitación pública exigido por ley. Esta selección resultó en la designación de un contratista para la construcción de viviendas unifamiliares y departamentos en ambos proyectos, sin seguir los lineamientos adecuados y establecidos para tales procedimientos.

La revisión de la Contraloría denotó que posteriormente hubo una modificación al contrato original que permitió al contratista solicitar un anticipo del 25% del presupuesto total, lo cual no se correspondía con las bases originales del acuerdo ni con las normas de contratación del Estado. Además, se reemplazó la exigencia de una carta fianza por un aval hipotecario, un cambio que favoreció indebidamente al contratista al anticipársele S/ 9 621 769 sin las garantías pertinentes. Una reevaluación de la hipoteca, realizada bajo la administración de Fovipol que asumió en 2021, mostró una sobrevaluación del valor de la propiedad utilizada para el adelanto, determinando un perjuicio económico evidente para el estado.

La investigación también reveló que el contratista no cumplió con los objetivos y la implementación adecuada del contrato, llevando a la paralización unilateral y modificaciones no autorizadas en el proyecto “La Purísima”, además de nunca comenzar la construcción en “Carlos Stein” a pesar del anticipo financiero recibido. Inspecciones posteriores confirmaron un avance menor al esperado en “La Purísima”, con numerosas viviendas consideradas inhabitables.

Los informes de la Contraloría reportan la incorrecta administración de los proyectos “Las Palmeras de San Pablo” y “Oasis de Colán” por parte de funcionarios del Fovipol. Esta mala gestión incluyó la firma de contratos sin las competencias requeridas y la selección indebida de un desarrollador inmobiliario, comprometiendo fondos públicos y afectando la entrega de 680 viviendas.

El informe detalla que se debían construir 680 casas con un financiamiento total de S/ 103 189 006, distribuidos entre los dos proyectos ubicados en las provincias de Piura y Paita, respectivamente. Se identificaron infracciones como la selección de un proveedor que no cumplía con los requisitos necesarios y el otorgamiento indebido de un adelanto de S/ 25 086 800 sin las garantías correspondientes, representando un manejo inadecuado de los recursos y comprometiendo la finalidad de los proyectos.

La situación se complica aún más con la sobrevaloración de una garantía hipotecaria ofrecida por el desarrollador, evidenciando una diferencia sustancial de S/ 21 793 614 respecto a la valoración realizada por el Fovipol.

Además, a pesar de superar el plazo de 18 meses estipulado para la culminación de las obras desde enero de 2020, hasta la fecha de emisión del informe, las viviendas prometidas a los aportantes del Fovipol no han sido entregadas. Este incumplimiento de funciones ha generado que se inicie un proceso de evaluación de responsabilidades penales y/o administrativas contra 13 servidores del Fovipol, algunos de los cuales ya están bajo investigación por hechos similares en otros proyectos.

La auditoría ha concluido recomendando la adopción de medidas correctivas por parte del Comandante General de la Policía Nacional del Perú y el inicio de acciones legales por parte de la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción contra los involucrados, en un esfuerzo por esclarecer las responsabilidades y restablecer la integridad en la gestión de fondos destinados a proyectos de vivienda para el cuerpo policial.