Estado de emergencia: Alcaldes de la frontera Perú - Ecuador improvisan acciones de seguridad a falta de Plan Nacional

El 2024 supone un reto mayúsculo para la reducción de la inseguridad ciudadana, pues la Policía Nacional del Perú (PNP) no solo se enfrenta a sí misma en forma de malos agentes que dañan a la imagen institucional que buscan proteger, sino que además tendrán que combatir a la criminalidad que actualmente se encuentra en aumento en todo el territorio nacional sin tener un plan definido para ello durante los próximos años.

Extorsión, secuestro, sicariato, crimen organizado y tráfico de drogas son solo algunas de las expresiones más comunes que se pueden encontrar en diferentes medios de comunicación. Si bien esto motivó a que el gobierno de Dina Boluarte declare el estado de emergencia en diferentes distritos y provincias a nivel nacional, otras tuvieron un tratamiento diferente.

La actividad criminal en Ecuador y la decisión de su presidente, Daniel Noboa, por declarar un ‘estado de excepción’ y ‘conflicto armado interno’ elevó las alarmas en la frontera de Perú y se decidió que la forma ideal para evitar el paso de criminales a nuestro país sería reforzar la frontera y declarar en estado de emergencia a todas las provincias y distritos próximos.

Es así como, por medio del Decreto Supremo Nº 003-2024-PCM, las provincias de Zarumilla (Tumbes), Sullana, Ayabaca, Huancabamba (Piura) y San Ignacio (Cajamarca) fueron declaradas en emergencia. Además, los distritos El Cenepa (Condorcanqui - Amazonas) y Torres Causana (Maynas - Loreto) fueron incluidos en la lista del Gobierno en su intento de mantener el orden.

Sin embargo, Infobae Perú pudo conocer que en la actualidad, pese a la emergencia declarada por el gobierno de Boluarte y bajo la supervisión del ministro del Interior (Mininter), Víctor Torres, el estado de la seguridad ciudadana en estos territorios sería cuanto menos deficiente en palabras de sus alcaldes. No solo eso, sino que además estos se han visto forzados a improvisar sus propios planes de acción de seguridad ciudadana para el año 2024 pese a que estos tendrían que generarse a partir de la información presentada en el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana 2024 - 2029.

Para corroborar el estado actual de la percepción y las problemáticas actuales de los municipios, Infobae Perú consiguió comunicarse con alcaldes de tres jurisdicciones que se mantienen en emergencia desde el 10 de enero del año 2024, cuando se publicó el Decreto Supremo Nº 003-2024-PCM que indica que tanto la Policía Nacional del Perú como las Fuerzas Armadas tendrían el control del orden interno en estas zonas.

El alcalde de la provincia de Zarumilla (Tumbes), Christian Aguayo, indicó que “el estado de emergencia no está funcionando porque no hay logística, no hay recursos, no hay inteligencia. Si bien está acordonada hasta la línea de frontera esto no es suficiente”. El burgomaestre también aseguró que la inseguridad dentro de su jurisdicción se mantiene en niveles similares a los que se presentaban previo al establecimiento del estado de emergencia por parte del Gobierno.

Es más, Aguayo recordó que 48 horas luego de la visita del ministro de Defensa, Jorge Chávez, y del titular del Ministerio del Interior, Víctor Torres, dos personas habrían sido asesinadas producto de la actividad criminal en el distrito. “Nosotros pedimos que se implemente la seguridad al interior de Zarumilla” aseguró el alcalde, que confirmó una gran presencia policial en la zona fronteriza con Ecuador, pero que esta no se ve reflejada en una reducción real de la inseguridad ciudadana.

El alcalde de Zarumilla también aseguró que durante el tiempo que el estado de emergencia entró en vigencia, ningún representante o funcionario del gobierno a nivel nacional se comunicó con él para realizar alguna coordinación en materia de seguridad ciudadana más allá de la visita de los ministros.

Por su parte, en el distrito El Cenepa (Condorcanqui, Amazonas), el alcalde Edison Espejo, aseguró a Infobae Perú que la situación de la seguridad ciudadana en su jurisdicción durante el estado de emergencia es aún más preocupante pues en principio el personal policial que debería estar realizando sus actividades, no está presente.

“Quienes sí están son los militares, con quienes no tenemos problemas para coordinar. Lo que solicitamos en repetidas ocasiones al Ministerio del Interior es la presencia de la Policía Nacional y se instale (...) Hemos peleado por eso pero el ministerio aún no nos contesta”, manifestó.

Espejo también afirmó que considera que su distrito, pese a que tiene una historia reciente en el conflicto fronterizo con Ecuador en el año 1995, no es tomado en cuenta por autoridades de mayor jerarquía. “El jefe del Gobierno Regional (de Amazonas, Gilmer Horna) y el ministro del Interior (Víctor Torres) no tienen interés por colocar a la Policía en la zona fronteriza donde ya debería de existir”, indicó.

El alcalde distrital también aseguró que envió en más de una ocasión una serie de documentos al Gobierno para solicitar presencia policial, pero que hasta el momento siguen sin tener respuesta. “Nos están ‘peloteando’, como se dice”, comentó.

El caso de Sullana es diferente pues, si bien el alcalde provincial, Marlem Mogollón, indicó a Infobae Perú que algunos casos de inseguridad como la incidencia del sicariato, robos, etcétera, se han reducido, otros han surgido. Casos como los prestamistas “de gota a gota” o la extorsión a comercios usando artefactos explosivos van en aumento.

Esto, según el burgomaestre, podría deberse a que el estado de emergencia permitió la llegada de personal policial desde Lima a la provincia. Sin embargo, estos no tendrían una coordinación fluida con los agentes PNP que ya se encontraban en la zona, sino que solo recibirían órdenes de sus superiores desde la ciudad capital, algo que estaría afectando la eficiencia al momento de compartir la información.

Si bien es cierto que el Gobierno, por medio del Ministerio del Interior, tiene el deber de garantizar la seguridad de los ciudadanos a nivel nacional, articular los esfuerzos requiere de la elaboración de un plan que debe seguirse para que cada actor involucrado sepa cuáles son los objetivos, qué indicadores debe utilizar para registrar sus progresos, etc.

Es por eso que los alcaldes de los distritos con los que Infobae Perú pudo conversar indicaron que ya tienen en su poder las copias aprobadas o al menos a punto de ser aprobadas de sus Planes de Acción Provincial de Seguridad Ciudadana (PAPSC) o Plan de Acción Distrital de Seguridad Ciudadana (PADSC). Esto no sería un problema si no fuera porque, según la norma en el Perú, cada uno de estos planes para el año 2024 debe tener como base el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana. El verdadero inconveniente es que este aún no se escribe y actualmente el Perú no cuenta con uno pues el último que se emitió abarcó el periodo 2019-2023 y tenía vigencia solo hasta diciembre del año pasado.

Entonces, sin un plan general que abarque la problemática nacional, cómo pueden elaborarse planes regionales, distritales y provinciales. El alcalde de Zarumilla, el señor Aguayo, criticó duramente la existencia del Plan Nacional.

“Nosotros hemos hecho el nuestro (plan distrital) para el año 2024 (...). (El Plan Nacional de Seguridad Ciudadana) siempre ha sido un saludo a la bandera, a mi me molesta porque las reuniones son actos protocolares”, consideró el representante distrital.

Además, acusó a las autoridades regionales y del Gobierno de no tener una respuesta adecuada para este problema, por lo que considera que su municipio no recibe el apoyo que debe por parte del Gobierno Regional y el Gobierno Central.

El alcalde del distrito El Cenepa también tuvo una opinión similar pues indicó que su plan, actualmente en su etapa de borrador (previo a su aprobación), es elaborado respetando la realidad de su jurisdicción no solo ante la carencia de un Plan Nacional, sino que además es una necesidad.

Para el alcalde Mogollón, de Sullana, la elaboración de su Plan Provincial no es una garantía de que las cosas vayan a mejorar pues “temo que sea un saludo a la bandera, que sea algo que nos solicitan y que no se ejecuta”. Además, indicó que aún en los primeros días después de haberse declarado el estado de emergencia, ni la Policía Nacional, ni el Ejército, se llegó a desplegar en la zona. Solo luego de que se organizara el Comité Provincial de Seguridad Ciudadana se consiguió que agentes de estas instituciones salgan a las calles. Mogollón también afirmó que hay una falta de efectivos policiales en la ciudad de Sullana.

“Eso me dio la idea de que faltaba articulación. Desde la provincia no podemos hacer mucho (...) para patrullar tenían que usar combustible y éramos nosotros (el Comité Provincial) quienes se lo dábamos, pero los recursos económicos del distrito son limitados. A veces se tenía que patrullar las 24 horas pero esto ya no se hacía”, afirmó el alcalde. También indicó que su temor es que la ejecución del Plan Provincial de Seguridad Ciudadana dependa de la cantidad de recursos con los que cuente su municipio.

El exdirector de la Policía Nacional del Perú, Eduardo Pérez Rocha, aseguró que “al no haber Plan (Nacional de Seguridad Ciudadana), quiere decir que no se ha formulado ningún objetivo. Este es el que te da los lineamientos y las metas (...) los planes distritales, provinciales o regionales que no toman como base el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana no son reales”.

Además, se afirma que su elaboración debe estar alineada al Plan Nacional de Seguridad Ciudadana. Por lo tanto, sin este documento, los planes que quieran elaborar en otras jurisdicciones menores, aún si estos son creados de buena fe, no tendrían validez. Sin embargo, los alcaldes provinciales, distritales y gobiernos regionales no estarían en esta situación si el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (CONASEC) hubiera elaborado de forma oportuna el plan para el periodo 2024 - 2029.

Fue durante el mes de febrero del año 2003 que, durante el gobierno del presidente Alejandro Toledo, se promulgó la Ley N°27933, que creó el Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, y con él, también se formó el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (CONASEC), un ente rector encargado de “formular, conducir y evaluar las políticas de seguridad ciudadana con autonomía funcional y técnica”.

En ese sentido, desde ese momento, el organismo fue presidido por el titular del Ministerio del Interior y se declaró que se reuniría al menos una vez al mes en Palacio de Gobierno, junto al Presidente. Sin embargo, esta disposición fue modificada en el año 2019, durante el gobierno del presidente Martín Vizcarra y en la gestión del ministro del Interior, Carlos Morán. Esto significó que las reuniones se reduzcan de 12 anuales a un máximo de cuatro (con posibilidad de convocar a otras de forma extraordinaria), y que el titular de este organismo pase a la Presidencia del Consejo de Ministros.

Por su parte, la Secretaría Técnica del Consejo recaería en el Ministerio del Interior y específicamente en la Dirección General de Seguridad Ciudadana que, en conjunto con el Viceministerio de Seguridad Pública, son los principales encargados de la redacción del Plan Nacional de Seguridad Ciudadana, que tiene una vigencia de cinco años según lo especifica la Ley ya mencionada.

Infobae Perú accedió a las actas de las cuatro sesiones ordinarias del CONASEC que se desarrollaron durante el año 2023 y pudo corroborar que actualmente no solo no existe un Plan Nacional de Seguridad Ciudadana correspondiente al periodo 2024 - 2029 como está estipulado en la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, sino que aún cuando se sabía que el vencimiento del Plan correspondía al año 2023, ninguna de las reuniones en las que estuvieron los ministros, incluida la presidenta Dina Boluarte, tuvieron como tema de agenda iniciar la redacción de un nuevo Plan Nacional.

Por otro lado, este medio solicitó una entrevista con el señor George Gembey Otsu Sánchez, quien es el secretario técnico del CONASEC y Director General de Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior. Sin embargo, hasta el momento de publicado este artículo, no hubo una respuesta por parte del Mininter.

Tanto Otsu Sánchez como Díaz Zulueta serían los encargados de la elaboración del Plan Nacional de Seguridad Ciudadana para el periodo 2024 - 2029. Sin embargo, este proceso no sería de pocas semanas. Según Pérez Rocha, “un Plan Nacional tiene que ser formulado con la participación de todos los sectores (ministerios) para que cada uno indique las acciones que deberá cumplir en este periodo. Esto implica un proceso de tres o cuatro meses solo de reuniones para tener un borrador que luego deberá ser aprobado en una reunión oficial del CONASEC”.

Pérez Rocha también acusó a los personajes responsables y al Gobierno de no haber actuado a tiempo para la redacción de un nuevo Plan. “El 2018 se redactó el Plan que entró en vigencia el 2019. Ahora que ya acabó el 2023 aún no hay nada, entonces quizás no existe un Plan por incapacidad o por desconocimiento. (...) De todas formas, si comenzaran (a redactar el Plan Nacional) en enero y lo hicieran de forma eficiente, no habría Plan hasta al menos mayo o junio del año 2024”.

Además, Pérez Rocha responsabilizó al presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, por no haber ordenado el inicio del proceso de redacción del Plan Nacional. “Él es el titular del CONASEC y debe indicar “vamos a empezar a confeccionar el Plan de Seguridad ciudadana 2024”. Esta debería ser una reunión permanente y acelerar el proceso para tener en 30 días o 45 días como máximo un borrador”.