Leslie Urteaga, titular del Ministerio de Cultura, realizó una visita inesperada a Puno, región que sigue exigiendo justicia por los fallecidos en manifestaciones. Una vez más, la población expresó su rechazo hacia el gobierno de Dina Boluarte y terminó expulsando a la ministra a punta de insultos y pifias.
Los hechos ocurrieron durante la tradicional Entrada de Kapus. Urteaga caminó resguardada de sus agentes de seguridad e intentó pasar desapercibida mientras se retiraba de la cancha deportiva del Arco Deustua, lugar donde se concentraron delegaciones de danzantes organizados por la prefectura de Puno, el cual depende del Ministerio del Interior (Mininter).
No obstante, varios pobladores la reconocieron y expresaron su rechazo hacia ella. “Gobierno asesino, chau”, “Vete de Puno”, “lárgate”, “asesina”, “corrupta”, “¿qué cosa quieres acá?”, “lárgate de Puno, asesinos”, “¿para qué vienes a Puno?”, fueron algunas de las expresiones que se oye en el video difundido por Latina Noticias y otros medios de comunicación nacionales.
Las cámaras captaron a la miembro del Poder Ejecutivo haciendo caso omiso a los insultos que recibía, intentando evitar su incomodidad por la situación tensa que vivía. Al ver que la situación era insostenible, terminó retirándose rápidamente del lugar.
Adicionalmente, se reveló que la oportuna retirada de la ministra de Puno evitó un confrontamiento mayor, dado que representantes de asociaciones y mercados se preparaban para arrojarle tomates y pintura, interpretando su visita como una “provocación”.
“Nos han sorprendido. Si nosotros la hubiéramos tenido enfrente, la botábamos en el acto. Están viniendo a provocar y después no se quejan”, aseguró Leoncio Cancapa, dirigente de la zona lago de Ilave a La República.
Cabe recordar que, la presidenta Dina Boluarte sufrió un incidente similar y más violento durante su visita a Ayacucho el pasado 21 de enero. La titular del Ejecutivo recibió un jalón de pelos y otro intento de agresión físico por dos pobladoras que perdieron a su esposo e hijo durante la represión policial que se evidenció en diciembre 2022, cuando Boluarte asumió el cargo de mandataria.
A raíz de este incidente, la jefa de Estado optó por no viajar al interior del país para las actividades que tenía programado con motivo de incentivar el turismo y hacer otras gestiones propias de su encargatura. Ha optado por celebrar las festividades regionales en el patio de Palacio de Gobierno y enviar comitivas de su gobierno en su representación a las provincias.
Ministra de Vivienda es recibida con reclamos en Chiclayo
Hania Pérez de Cuéllar, titular del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento del Perú, también sufrió imprevistos durante su visita a Chiclayo, en Lambayeque, donde un grupo de afectados del proyecto inmobiliario ‘Chiclayo Bonito’, de la empresa de Sada Goray, Marka Group.
Los protestantes denunciaron que han ingresado a Infocorp pese a haber realizado los pagos correspondientes por la adquisición de las viviendas. Asimismo, insisten con la acusación de que las viviendas sociales les fueron entregadas en mal estado.
En diálogo con la prensa, Pérez de Cuéllar señaló que el Fondo Mivivienda ha establecido un registro para monitorear a los afectados, señalando que, hasta la fecha, se han inscrito 566 familias.
“Desde Fondo Mivivienda se ha abierto un registro para poder tener claridad de toda la población afectada. Te voy a dar los datos que nosotros estamos manejando, este registro de familias afectadas hasta ahora solo se han registrado 566 familias cuando nosotros sabemos que hay aproximadamente 1312 familias. Entonces, necesitamos identificar a todas las familias”, sostuvo.
Cabe recordar que, el proyecto inmobiliario presenta módulos incompletos, puertas dañadas, muros con hongos y espacios repletos de arena. Ante esta situación, el Ministerio de Vivienda ha procedido a suspender el proyecto y ha bloqueado las cuentas bancarias de Marka Group, tratando de cesar el envío de dinero a la compañía.
No obstante, las familias perjudicadas siguen enfrentándose a solicitudes de pago por viviendas que no les han sido entregadas y cuya finalización es incierta. La persistencia de cuentas activas y el incremento de intereses han provocado confusión y malestar entre los damnificados.