Ayer se conoció que el Poder Judicial decidió anular la investigación sumaria que el Congreso de la República entabló contra los siete magistrados de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) con el fin de removerlos de sus cargos. En la resolución, a la que Infobae Perú tuvo acceso, se da cuenta que la representación nacional buscó atacar la independencia del órgano que se encarga de nombrar, ratificar, suspender y destituir a jueces y fiscales en el Perú.
El abogado constitucionalista Samuel Abad, quien representa al pleno de la JNJ en las diversas investigaciones, aseveró que a raíz de este situación es que el Legislativo debería reflexionar y respetar el fallo emitido por la Tercera Sala Constitucional de Lima que declaró fundado la acción de amparo de los consejeros que estaban en la mira de algunos partidos políticos.
“Se trata de una decisión valiente de parte de la Tercera Sala Constitucional de Lima y valiosa porque desarrolla conceptos muy importantes”, dijo Abad a Exitosa Radio. Seguidamente, el letrado enfatizó que si la representación nacional insiste en la remoción de la JNJ, a través de una moción de orden del día como la que el legislador Alejandro Muñante (Renovación Popular) presentó en diciembre pasado, entonces tendrán que sustentar los artículos infringidos.
“Si el Congreso quiere la remoción, tendría que tipificar cuales son las conductas que constituyen causa grave y, por tanto, podrían motivar una remoción o destitución. Pero, en este caso, no se cumple porque el Congreso solo se ha basado en la cláusula constitucional que permite la causa grave, pero no ha aterrizado precisando qué conductas consideran”, alegó.
En otro momento, el representante legal de la JNJ mencionó que si el Parlamento no logra tipificar las faltas graves de los magistrados, pero aún así buscan sus salidas, entonces también se estaría violando el debido proceso y el derecho a la defensa.
“Todo esto trae como correlato una posible afectación e inamovilidad de los integrantes de la Junta Nacional de Justicia que han sido elegidos por cinco años y, como consecuencia de ello, su independencia. Porque es un poder político el que quiere destituir a todos los integrantes de la JNJ. Por eso, esta sentencia del Poder Judicial señala que el Congreso tiene atribuciones, pero no son absolutas porque en este caso ha actuado incorrectamente”, alegó Samuel Abad.
Finalmente, el constitucionalista aseguró que no se ha contemplado en una ley la conducta de los magistrados de la Junta Nacional de Justicia.
“Nadie puede ser sancionado si es que no hay ley clara y específica que es aprobada antes”, zanjó Abad.
Moción pendiente
El 15 de diciembre del 2023 se iba abordar en el Pleno sobre la moción de orden del día presentada por el congresista Alejandro Muñante (Renovación Popular) luego de que dicha entidad decidiera la suspensión provisional de la exfiscal de la Nación, Patricia Benavides, por 6 meses.
Cuando se pensaba que ese día se iba a definir, pues pasó lo inesperado. La JNJ envió un comunicado a Alejandro Soto, titular de la Mesa Directiva del Parlamento, para informarle que no iban asistir todos debido a que uno de los consejeros, Guillermo Thornberry, se encontraba hospitalizado y estaba en la unidad de cuidados intensivos de un hospital.
Ante esta inesperada circunstancia, el presidente del Congreso, Alejandro Soto, decidió reprogramar la citación de la JNJ hasta la siguiente legislatura. Esto provocó el rechazo de bancadas como Renovación Popular que estuvo recolectando firmas para convocar a un Pleno extraordinario, pero no logró su objetivo finalmente: no consiguió las firmas necesarias para reunirse por unas horas.
En paralelo también se busca investigar otra vez a la JNJ en la Comisión de Justicia por presunta falta grave, pero el fallo del PJ podría provocar que sus integrantes realicen una investigación más profunda y menos sesgada a fin de que sea aprobada.