¿Hay riesgo de una crisis carcelaria en Perú similar a Ecuador? La razón del por qué criminales extranjeros y locales deben ser separados

“Vamos a declarar en emergencia los demás departamentos fronterizos como Amazonas, Cajamarca y Loreto”, dijo el primer ministro del gobierno de Perú, Alberto Otárola, ante la escalada de violencia que se registraba en Ecuador el pasado 10 de enero 2024.

En su discurso, el premier recordó que un estado de emergencia ha estado vigente desde noviembre del año pasado en Tumbes y Piura. Al añadir las regiones mencionadas, se cubre la totalidad de la extensa frontera que Perú comparte con Ecuador.

La medida anunciada por el gobierno de la presidenta Dina Boluarte se dio de forma casi inmediata luego que un grupo de enmascarados secuestraran a trabajadores del canal TC Televisión de Ecuador y los obligara a transmitir en vivo. La situación describía a la perfección la crisis que ocurría en el país vecino y en Perú había un temor.

En su informe anual de 2022, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) reveló que Ecuador enfrenta una crisis carcelaria con 36 cárceles albergando a más de 32,000 personas privadas de libertad.

La asignación de reclusos en función de sus afiliaciones con grupos criminales ha exacerbado la violencia en el país. Esta situación se ve agravada por el crimen organizado, que ha permeado las estructuras del Estado ecuatoriano, liderando operaciones delictivas desde dentro de las prisiones.

La CIDH señala que esta realidad es el resultado de una desinstitucionalización y se encuentra profundamente preocupada por el control de mafias sobre los pabellones carcelarios, alimentado por la falta de recursos y corrupción a todos los niveles de gobierno.

De acuerdo a la comisión interamericana, durante las administraciones de Lenín Moreno y Guillermo Lasso, se ha observado el incremento del control de bandas delictivas en las prisiones, lo que ha contribuido a un aumento sin precedentes de la violencia en un país que antiguamente era catalogado como uno de los más seguros de Latinoamérica.

Las cárceles de Perú tienen algo en común con los centros penitenciarios de Ecuador. Hay alrededor de 94 mil 642 reos en los 78 penales, lo que representa una sobrepoblación de estos espacios diseñados albergar solo a 41,019 personas.

Entre estos reclusos, aproximadamente 4 mil 566 son extranjeros. De los cuales, la mayoría son venezolanos, con 3,225 reclusos. Les siguen los colombianos, con 704 detenidos, y en tercer lugar, los ecuatorianos, con 158 presos, según datos de la Policía Nacional del Perú (PNP).

Varios factores han convertido a Perú en un país inseguro donde las bandas criminales nacionales parecen haber cobrado mayor fuerza, incluso grupos criminales transnacionales, como el ‘Tren de Aragua’ de Venezuela, han elegido al territorio inca como el lugar ideal para operar con el cobro de cupos, extorsión, sicariato, trata de personas, etcétera.

La situación de inseguridad se lo debemos a la corrupción y la ineptitud gubernamental, reflejada en la falta de inversión en seguridad y educación, la inestabilidad política, entre otros. Estos problemas se ven agudizados por una política de fronteras que, hasta hace poco, permitía el ingreso indiscriminado de extranjeros al Perú, contribuyendo así al escalamiento de la violencia.

Las consecuencias de la problemática de seguridad en Perú son evidentes: A estas alturas, no hay peruano que no haya experimentado de primera mano o tenga conocimiento cercano de alguien que ha sido afectado por la brutalidad ejercida por extranjeros vinculados al crimen. Según la PNP, estas modalidades de crimen involucran a bandas internacionales que operan conjuntamente con grupos delictivos locales.

Aunque las cárceles peruanas enfrentan niveles de sobrepoblación y hacinamiento superiores a otros países de Latinoamérica, es crucial prestar atención especial a los grupos extranjeros dentro de los penales, además de enfocarse en mejorar las condiciones de infraestructura.

Según el abogado penalista, Fernando Ugaz del estudio Ugaz Zegarra, los miembros del ‘Tren de Aragua’ o del Gota a Gota se distinguen por ser unidos, lo que ha facilitado la expansión de sus grupos.

“Hablando de los venezolanos y los colombianos, normalmente son unas comunidades muy unidas, que han venido teniendo una experiencia similar por temas de sus propios países. Ello les hacen articular una serie de comunidades (...) Esta sobrepoblación hace que muchos de ellos tengan mucha comunicación al exterior”, señala en diálogo con Infobae Perú.

Lo dicho por el letrado fue comprobado en el megaoperativo que realizó el Instituto Nacional Penitenciario del Perú (INPE) en 68 cárceles nacionales, el pasado 9 de enero. Durante este operativo, se incautaron numerosos artículos prohibidos, incluyendo teléfonos celulares, armas de fuego y drogas. Sin embargo, lo más destacado fue el descubrimiento de cómo los reclusos logran acceder a internet y mantener comunicaciones a través de viviendas cercanas a las cárceles que disponen de conexión a internet.

Fernando Ugaz resalta la labor hecha por el INPE para controlar la situación y mantiene la confianza en que el Perú se encuentra lejos de vivir una situación criminal desbordada como la de Ecuador. No obstante insiste con que sí se debe reforzar las políticas de prevención como la segregación de los presos extranjeros y otros puntos importantes.

“Yo creo que estamos tomando las medidas adecuadas. Yo creo que por ahora vemos un tema no cercano (que la situación de violencia en las cárceles de Ecuador se replique en los penales de Perú). Vemos que todos estos operativos que está haciendo por parte del INPE logran neutralizar por lo menos de manera inmediata”, señaló.

El abogado algunas alternativas de solución a la sobrepoblación en las cárceles y mejorar las condiciones de seguridad de los centros peniteriors peruanos como el intercambio de presos con otros países y la modificación legislativa para facilitar la expulsión de reclusos extranjeros.

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, declaró que el país está inmerso en un “conflicto armado interno” y calificó de “terroristas” a los grupos criminales que tomaron dicho canal nacional. Además del mencionado incidente, se reportaron incursiones de grupos armados en universidades y otras instituciones públicas, así como saqueos en Quito.

Cabe mencionar que, los eventos ocurrieron después de que el presidente declarara el estado de excepción debido a graves episodios violentos en seis cárceles, con secuestros de policías y fugas de líderes de bandas delictivas. Ecuador tiene 36 cárceles con una sobrepoblación de alrededor de 32,000 reclusos

La crisis de seguridad en Ecuador se ha agravado en los últimos tres años, con un aumento en los homicidios y la consolidación de más de 20 bandas criminales que tienen vínculos con carteles de drogas de México y Colombia.

La corrupción en las instituciones del Estado ha permitido la penetración del narcotráfico, lo que se evidenció en la megaoperación contra la corrupción y el narcotráfico lanzada por la fiscalía en diciembre, que llevó a la detención de 29 personas, incluyendo jueces, fiscales, policías y personas relacionadas con el crimen organizado.

La fuga de líderes de bandas criminales como “Fito”, jefe de Los Choneros, y los motines en varias cárceles llevaron al gobierno de Noboa a decretar un estado de excepción por 60 días. La respuesta del gobierno ha sido criticada por su falta de innovación y su enfoque en mostrar fuerza, lo que ha exacerbado la reacción de las bandas criminales.

La situación se ha visto influenciada por el aumento del narcotráfico en Ecuador, que ha fortalecido a grupos criminales locales y ha atraído la atención de carteles internacionales como el de Sinaloa y el Cartel Jalisco Nueva Generación. La participación de múltiples organizaciones criminales ha generado una disputa territorial y un aumento de la violencia en el país.