Mineros ilegales en Perú estarían gestando movilizaciones para exigir una ampliación del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), herramienta que le ha permitido a las mafias, durante años, evitar ser procesados penalmente bajo la excusa de estar en proceso de formalizarse. En su estrategia, han encontrado apoyo en el Congreso a través de al menos cuatro iniciativas de ley, según un informe de El Comercio.
Los proyectos legislativos identificados en la agenda del Pleno elaboran propuestas que ceden ante las demandas de los mineros ilegales, incluyendo la principal: condiciones más flexibles y una extensión en el plazo de inscripción en el Reinfo. Esta situación perpetúa un problema de larga data en Perú, donde la formalización minera ha evolucionado a lo largo de dos décadas sin lograr erradicar la explotación ilegal del oro.
Expertos como César Ipenza, especialista en materia ambiental, y Dante Vera, conocedor de conflictividad social, en entrevista con el medio, han criticado estas medidas. Ipenza señala que los decretos legislativos han servido de escudo a los mineros ilegales, permitiéndoles explotar recursos sin enfrentar consecuencias penales.
Mientras tanto, Vera destaca la distinción entre quienes buscan legalizar sus operaciones de forma legítima y aquellos que optan por la ilegalidad, aprovechando las grietas del sistema para contrabando y exportación ilícitas de oro. Ambos concuerdan en que las iniciativas legislativas actuales no solo no ayudan al proceso de formalización, sino que también representan un lastre en la lucha contra la minería ilegal.
Los autores de los proyectos legislativos que favorecen la minería ilegal
Estos son los cuatro proyectos de ley que el medio impreso detectó, y sus autores:
- Proyectos de Ley 2172, 2519, 3621 y 5171. Propuestas que buscan extender el plazo de acceso al Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo). Autores: Jose Williams (Avanza País), Jorge Marticorena (Perú Bicentenario), Guido Bellido (Perú Bicentenario) y Jorge Flores (Acción Popular)
- Proyecto de Ley 6903. Propuesta para que el Banco Central de Reserva adquiera oro proveniente de la “minería a pequeña escala”. Autores: Eduardo Salhuana, Elva Julón, Lady Camones, Nelcy Heidinger, Cheryl Trigozo e Idelso García. Congresistas de APP.
- Proyecto de Ley 3634. Propuesta para crear una ley de minería a pequeña escala. Autores: Jorge Luis Ancachi, Elvis Vergara, Silvia Monteza, Luis Aragón, José Arriola, Pedro Martínez y Raúl Doroteo. Congresistas de Acción Popular.
- Proyectos de Ley 6838 y 6863. Propuesta para modificar la Ley contra el crimen organizado y derogar disposiciones que establecen exclusión del Reinfo. Autores: Jorge Marticorena (Perú Bicentenario) y Kelly Portalino (Perú Libre).
Los legisladores como Jorge Flores Ancachi de Acción Popular, Jorge Marticorena de Perú Bicentenario, y Eduardo Salhuana de Alianza para el Progreso (APP), son los principales promotores de estos controvertidos proyectos, los cuales tienen como objetivo desde modificar la gestión del oro extraído por mineros a pequeña escala hasta cambiar las regulaciones actuales que buscan combatir la extracción ilegal de minerales.
Entre las propuestas más destacadas se encuentra la sugerida por Eduardo Salhuana, que busca permitir que el Banco Central de Reserva (BCR) adquiera oro de mineros a pequeña escala, una medida similar a la implementada en Bolivia. Sin embargo, expertos como Dante Vera y César Ipenza advierten que tal iniciativa podría facilitar la compra de oro de origen ilegal, dada la falta de un sistema eficaz de trazabilidad que rastree la procedencia y el trayecto del mineral hasta su destino final. Esta preocupación se basa en la experiencia boliviana, donde se observó un incremento en el contrabando de oro tras la adopción de políticas análogas.
Además, otro aspecto alarmante es el proyecto liderado por Jorge Flores Ancachi, relacionado con el caso ‘Los Niños’, que busca establecer una nueva normativa para la minería a pequeña escala. Expertos argumentan que esta legislación podría entorpecer los esfuerzos por combatir la extracción ilegal de oro, extendiendo la impunidad y permitiendo que las operaciones ilícitas continúen bajo el disfraz de la informalidad. Este escenario se ve agravado por la intención de algunos sectores del Congreso de derogar un decreto legislativo emitido por el gobierno, dirigido a combatir la minería ilegal y la criminalidad asociada.
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