Cámaras Gesell para atención de casos de violencia contra menores: solo hay 108 operativas en Perú y el 47% tiene fallas

Lucía* tenía 14 años cuando sus padres descubrieron que había sido abusada sexualmente por sus abuelos. Lamentablemente, esta revelación no significó el inicio de un esperado camino hacia la sanación y recuperación, sino que dio comienzo a un proceso legal que se caracterizó por el desgaste que ofrecería. Este condenable panorama se encuentra presente en diferentes aspectos de la lucha por erradicar la violencia contra la mujer; sin embargo, entre ellos destacan las falencias existentes en el sistema de justicia peruano.

Uno de los principales obstáculos al que se deben enfrentar las víctimas es el déficit en las infraestructuras empleadas en los casos de violencia sexual y de cualquier otro tipo, especialmente en los que corresponde a las cámaras Gesell, mecanismo crucial en las entrevistas con el objetivo de evitar la revictimización.

Dicha realidad fue experimentada de primera mano por Lucía*, cuando —al momento de ser citada para pasar por este espacio— le informaron que tenía que esperar varias semanas, lo que implicó que no solo debería aguardar para narrar todo lo vivido, sino que su atención psicológica se vería interrumpida para no afectar la investigación. Desde Cajamarca, en ese entonces, el fiscal provincial penal Omar Álvarez Villanueva denunció el déficit que aqueja a todo el Perú, lo que lleva a que las programaciones tarden hasta tres meses.

El caso de Lucía* fue, posteriormente, escuchado por la ciudadanía, que reclamó con indignación lo ocurrido y logró que su citación sea adelantada; no obstante, ella es solo una de las 21 mil 929 niñas y adolescentes que sufrieron violencia sexual a lo largo del 2023. Clea Guerra Romero, responsable del Proyecto para la Prevención de la Violencia del Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán, explica la importancia de las cámaras Gesell al precisar que fueron diseñadas exclusivamente como un espacio condicionado para ofrecer protección a las víctimas de violencia y evitar así la revictimización.

Y una de las formas en que este mecanismo impide el sometimiento constante de las víctimas a la recolección de la violencia sufrida, generalmente del tipo sexual, es mediante la aplicación de una entrevista única dentro de dicho espacio, la cual es debidamente documentada —en presencia de un equipo de profesionales capacitados— a fin de no requerir repeticiones innecesarias que podrían atentar contra la integridad de las y los menores.

Por su parte, Amire Ortiz Arica, abogada feminista, candidata a magíster en estudios de género y directora general de la organización Acción Por Igualdad, cuenta que el nombre de esta herramienta se debe al psicólogo y pediatra estadounidense Arnold Lucius Gesell, quien diseñó estas cámaras con el objetivo de resguardar la salud mental y aplicar un enfoque a favor de las infancias que sufrieron abusos sexuales.

“No es como un espacio usual, vamos a decirlo así, donde hay esta especie de interrogatorio —espacios policiales, otros espacios del tipo fiscal— en los que el niño, la niña y la adolescente se pueden inhibir y pueden no relatar la situación conforme en verdad ocurrió. Dicho espacio es este cuarto que está dividido con una pared que es de vidrio, pero que —en realidad y de cara a la propia víctima— es como un espejo. Del otro lado están los profesionales que están haciendo y recabando toda esta información para que puedan ser un insumo y un material probatorio durante un proceso penal que afecta la libertad sexual”, expone.

De acuerdo a las especialistas, el uso de estos espacios está destinado, inicialmente, para las y los menores de edad, incluso se encuentra establecido de dicha forma en el ‘Protocolo de entrevista única para niñas, niños y adolescentes en cámara Gesell’, ya que se considera el alto nivel de vulnerabilidad al que están expuestos. Precisamente por ello, el documento señala como crucial que sea un especialista quien tenga contacto con la víctima.

Pese a la relevancia de las cámaras Gesell en la búsqueda de justicia para las niñas, niños y adolescentes afectados por violencia sexual, en el Perú, el panorama actual evidencia las falencias y el déficit de estos elementos a nivel nacional. De acuerdo a datos ofrecidos por la Fiscalía de la Nación para Infobae Perú, se han contabilizado 108 cámaras Gesell en nuestro país; sin embargo, apenas 57 de ellas se encuentran operativas al 100% y 51 funcionan con observaciones. Además, se dio a conocer que hay una por implementar en Ayacucho y 20 aún están inoperativas.

De todas las regiones, Áncash es la que no cuenta con ninguno de estos espacios, lo que solo dificulta el proceso para víctimas. En tanto, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Callao, Ica, Huánuco, Madre de Dios, Moquegua, Puno y Apurímac no poseen ninguna cámara que trabaje de forma totalmente correcta.

A continuación el detalle actualizado hasta diciembre del 2023 por cada departamento:

De acuerdo a las especialistas, el número de estos elementos habilitados es bastante peligroso, aunque no solo a nivel cuantitativo, sino que también es necesario que la infraestructura sea la adecuada, además de que debe existir la preparación adecuada de los profesionales que están involucrados en el proceso.

Como su objetivo es recabar información que permita identificar el delito, es el Ministerio Público el ente encargado de programar y articular todas las acciones en torno a las entrevistas únicas, por eso mismo debe garantizar que se den en las mejores condiciones.

De acuerdo al protocolo para el uso de las cámaras Gesell en Perú, es un juez o jueza de oficio o a pedido de parte quien solicita la declaración de la niña, niño o adolescente mediante estos espacios a fin de constituir un medio probatorio. Para ello, se deben tener en cuenta los siguientes criterios:

• Existe presunción razonable de que la niña, niño o adolescente ha sido víctima de violencia familiar, sexual o de trata de personas.
• Se evidencia o presume razonablemente que la niña, niño o adolescente está siendo influenciado, direccionado o alienado por su padre, madre, tutores o representantes en los casos en que se discute su custodia o régimen de visitas.
• Se requiere la opinión de la niña, niño o adolescente para la adopción de cualquier medida de protección.
• Existe otra circunstancia debidamente motivada por el o la jueza.

La revictimización constante a la que fue expuesta Lucía* no es una situación aislada, sino que es una situación que se repite de forma sistemática y que podría evitarse si se contara con la infraestructura y personal calificado necesarios para proceder con las entrevistas únicas. Así lo advierte Guerra, quien da a conocer que muchas de las mujeres, adolescentes y niñas afectadas optan por abandonar el proceso legal debido a lo mucho que este demora.

Para la especialista, esta sobreexposición de parte de las autoridades debe ser considerada, incluso, como una nueva agresión, solo que en esta ocasión surge desde la misma institución que debería defender a las víctimas. Dicha opinión es compartida por Ortiz, quien considera que la cantidad de cámaras Gesell operativas al 100% a nivel nacional está muy por debajo de la necesaria, lo que atenta contra el derecho de acceso a la justicia de parte de las víctimas.