Pescadores artesanales denuncian boicot en reglamentación de ley de pesca artesanal

Hace dos días, un boicot presuntamente liderado por Joaquín Cruz Navarro, dirigente pesquero fujimorista e investigado por la Fiscalía debido a actos vinculados a la extracción ilegal de anchoveta, interrumpió la reunión programada para socializar la Ley en beneficio de la pesca artesanal y ancestral.

Como resultado, el encuentro, que tenía como objetivo facilitar el diálogo entre los pescadores artesanales y representantes del Ministerio de la Producción —cartera liderada por Ana María Choquehuanca— no se llevó a cabo como estaba previsto, generando diferentes críticas hacia Produce, entre otros actores.

Según los pescadores artesanales afectados, Cruz Navarro incitó a pescadores semiindustriales a ocupar el espacio del evento desde tempranas horas, impidiendo así la participación de los pescadores artesanales. Este presunto acto de sabotaje habría sido diseñado para evitar que los artesanales tuvieran la oportunidad de interactuar y discutir directamente con los funcionarios de la cuestionada cartera.

En el marco de la situación, hay otros hechos que llaman la atención sobre lo que viene ocurriendo con las demoras relacionadas con la falta de publicación del reglamento correspondiente a la Ley 31749, que oficializa el reconocimiento de la Pesca Tradicional Ancestral y la Pesca Tradicional Artesanal e impulsa su preservación dentro de las cinco millas marítimas peruanas.

Estas tienen que ver con las conexiones que existirían entre el congresista Darwin Espinoza, de Acción Popular —legislador investigado por el Caso ‘Los Niños’—, y el dirigente de un sector de los pescadores anchoveteros de Chimbote, Joaquín Cruz, para anular la legislación favorable a los pescadores de modalidades artesanal y ancestral, información revelada recientemente por La República.

Este movimiento legislativo buscaría eliminar las restricciones sobre el uso de métodos de pesca de alto impacto, particularmente en las primeras tres millas marinas, un área crítica para la reproducción de especies clave en la cadena alimentaria marina.

Además, la propuesta tendría como trasfondo permitir a los pescadores semiindustriales, quienes utilizan aparejos mecanizados, operar libremente en zonas hasta ahora reservadas para prácticas más sostenibles y de menor escala. Según las investigaciones, esta medida podría tener consecuencias negativas en el ecosistema marino y en las comunidades que dependen de la pesca tradicional.

Por otro lado, en medio del conflicto, se presentan otras razones que aumentan la frustración entre los pescadores artesanales, quienes buscan una formalización y protección más efectiva de sus prácticas sustentables.

Entre estas figura la ausencia del Instituto del Mar del Perú (Imarpe) —como soporte técnico y científico— en reuniones importantes para avanzar hacia la reglamentación de la Ley de Pesca Artesanal, lo que ha causado la postergación de encuentros clave para discutir puntos clave.

Entre ellos la lista de aparejos —o también llamados conjunto de herramientas utilizados para los diferentes tipos de pesca— que deben tener restricciones respecto a la distancia de la costa.

Por ello, los pescadores artesanales advierten que la situación actual no solo pone en evidencia el conflicto existente entre los sectores artesanales y semiindustriales por el acceso a los recursos pesqueros, sino que también pone sobre la mesa la necesidad de una administración efectiva y equitativa en la gestión de estos recursos.

No obstante, hasta el momento, Produce se mantiene sin brindar ningún comunicado respecto a sus reclamos y quejas, y el presunto boicot organizado, dejando en incertidumbre el futuro de cientos de pescadores artesanales en el país.