El Poder Judicial rechazó el pedido del suspendido procurador general del Estado, Daniel Soria, de anular la medida cautelar del Ministerio de Justicia que lo separa del cargo mientras se desarrolla el procedimiento administrativo disciplinario en su contra.
Así lo determinó la jueza Ana del Rosario Osorio Sosa, del Segundo Juzgado Constitucional de Lima, al declarar improcedente la solicitud de “represión de actos homogéneos” que Soria planteó en el proceso de amparo que lo restituyó en el cargo cuando fue removido ilegalmente por Pedro Castillo y Aníbal Torres.
En la resolución a la que accedió Infobae Perú, la magistrada determina que los nuevos actos denunciados (inicio de procedimiento disciplinario y medida cautelar administrativa) por el suspendido procurador general del Estado son distintos a los que fueron anulados por su despacho (la resolución suprema que da por concluida su designación).
“Se aprecia que el nuevo acto administrativo sobre el cual sustenta su petición por supuestos actos homogéneos, está dirigido a que se declare nulidad de la Resolución del Órgano Instructor N° 001-2023-JUS-CAHOIPAD de fecha 16 de noviembre del 2023 (inicio del procedimiento administrativo sancionador) y la Resolución del Órgano Instructor N° 002-2023-JUS-CAHOIPAD de fecha 24 de noviembre del 2023 (medida cautelar administrativa), los mismos que tienen fundamentos de hecho, derecho y medios probatorios distintos a los que dieron inicio a la presente acción constitucional, entendiéndose que la entidad demandada no ha vuelto a incurrir en el vicio referido en su escrito de demanda; debiendo de desestimarse lo solicitado”, resolvió la jueza.
Ahora, Soria tiene dos caminos: apelar la decisión y esperar que una Sala Constitucional de Lima evalúe su solicitud, o presentar una nueva acción de amparo contra la suspensión que se le impuso en el marco del proceso disciplinario que se le inició.
En reemplazo de Soria Luján, la presidenta Dina Boluarte y el ministro Eduardo Arana designaron como procurador general del Estado interino al cuestionado Javier Pacheco, pese a que existe una compatibilidad ya que sigue siendo procurador adjunto Especializado en Delitos de Corrupción.
Los argumentos de Daniel Soria
Contrario a lo que resolvió la jueza Ana del Rosario Osorio Sosa, Daniel Soria sí considera que su destitución en 2022 y su suspensión de 2023 constituyen actos homogéneos. Ello debido a que ambas medidas tienen como punto de partida informes de Contraloría que advierten que no contaría con la experiencia necesaria para ser procurador general del Estado.
En su escrito, Soria Luján hizo hincapié en que su separación se da luego de haber formulado denuncias contra altos funcionarios y haber realizado “acciones concretas en las investigaciones contra la presidenta de la República y el presidente de Consejo de Ministros”.
“Repentinamente la Oficina de Control Institucional del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos emite el Informe N° 026-2023-OCI/0281-AOP del 22 de septiembre del 2023, donde por segunda vez se insiste en que el suscrito no cumple con el requisito de trayectoria en la defensa jurídica del Estado, sustentándose para ello, nuevamente, en el Informe N° 002-2022- OCI/0281-AOP, que a su vez fue el sustento para mi cese primigenio. Cabe resaltar que ambos informes fueron suscritos por el mismo Jefe del Órgano de Control Institucional: Jorge Antonio Llamoctanta Trejo”, denunció Soria.
El suspendido procurador general también advierte que la Comisión que lleva el proceso disciplinario en su contra decidió suspenderlo sin esperar los descargos correspondientes.
“Lo que evidencia una clara desesperación de destituirme en el cargo, pues el argumento de riesgo de afectación al interés público resulta falaz en tanto vengo ejerciendo el cargo más de 3 años y desde mi restitución judicial ya tengo un año y un mes, no habiendo ninguna necesidad de suspenderme en el cargo”, aseveró Daniel Soria.
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