Alberto Fujimori: PJ dicta impedimento de salida del país por 9 meses por caso Pativilca

Más novedades surgen para los involucrados en el caso Pativilca, en el que seis comuneros del fundo de Caraqueño fueron secuestrados y asesinados a manos del Grupo Colina. El pasado lunes 29 de enero, el exsecretario de Alberto Fujimori, Vladimiro Montesinos, aceptó su responsabilidad en los cargos imputados por la Fiscalía, haciendo uso del recurso de la conclusión anticipada. Ahora, el Poder Judicial ha dispuesto, en el marco del indulto del exdictador, la orden de impedimento de salida por 9 meses en contra de Fujimori Fujimori.

Como se sabe, hasta inicios de diciembre del 2023, el expresidente Alberto Fujimori se encontraba recluido en el Penal de Barbadillo, cumpliendo una serie de condenas por casos de violación de derechos humanos y corrupción; sin embargo, una decisión del Tribunal Constitucional, dispuso su liberación en medio de la polémica iniciada en el marco de un indulto otorgado por el exjefe de Estado, Pedro Pablo Kuczynski, en el 2018.

El caso Pativilca-Caraqueño no estaba comprendido entre los crímenes por los que Fujimori estaba encarcelado; pero al no haber dudas sobre su paradero, la Fiscalía evitó disponer medidas cautelares en su contra, salvo la comparecencia simple. Esto cambió tras la excarcelación de Alberto Fujimori, cuando, tomando en cuenta los antecedentes del exmandatario, el Ministerio Público realizó el requerimiento de cambio a detención domiciliaria, en lo que dure el juicio en su contra, en el que se reafirma inocente.

En respuesta a este pedido y teniendo en cuenta lo aseverado por Fujimori, que señalaba que “podría morir en forma súbita”; el Juzgado Penal Supraprovincial Liquidador Transitorio del Poder Judicial resolvió desestimar la solicitud de la Fiscalía de la Nación de detención domiciliaria, y a cambio, ordenar el impedimento de salida del país del exdictador por un periodo de 9 meses. Tiempo para el que se tiene programado el juicio en su contra por este caso.

Así se lee en la resolución difundida el último miércoles 31 de enero, en la que se precisa “declarar infundado el requerimiento fiscal de variación de mandato de comparecencia simple por detención domiciliaria del imputado Alberto Fujimori, en la presente causa”. En cambio, ordenó “mandato de impedimento de salida del país por el plazo de 9 meses al imputado. Notifíquese en la forma y modo que señala la ley”.

En consecuencia, con lo aseverado por Alberto Fujimori durante la audiencia de cambio de medida cautelar, la jueza Miluska Cano López, de la Cuarta Sala Penal Liquidadora del Poder Judicial, ordenó durante la lectura de sentencia del exasesor Vladimiro Montesinos que, en cumplimiento con lo aseverado por el expresidente, se disponga la visita de personal médico su domicilio.

Ello, luego de que Fujimori anunciara que su muerte se podría dar en cualquier momento. Para efectos de este procedimiento, la magistrada ordenó la presencia de personal del Ministerio de salud en el domicilio registrado por Alberto Fujimori para este jueves 1 de febrero a partir de las 9:00 a.m; a fin de que se pueda corroborar adecuadamente que lo referido por el expresidiario indultado se acomode a la verdad.

Como ya se ha explicado anteriormente, este caso se ha vuelto crucial para la obtención de justicia de cientos de familias que sufrieron las vejaciones a los derechos humanos de las personas asesinadas extrajudicialmente durante el gobierno de Alberto Fujimori. Ello debido a que, si bien el expresidente se encuentra indultado por el Tribunal Constitucional, esta orden abarca las sentencias de los juicios de Barrios Altos y La Cantuta, mas no por una eventual sentencia en el caso Pativilca.

Si bien el juicio es reciente y aún es una etapa muy temprana del proceso para asegurar una condena de prisión en su contra, la reciente decisión de Vladimiro Montesinos se declarase autor mediato en las acusaciones de la Fiscalía, sientan un precedente para que se establezca la corresponsabilidad del exdictador en los asesinatos. Por ello, una sentencia de prisión efectiva podría ejecutarse, generando que el expresidente vuelva al penal de Barbadillo. La decisión aún está por cerrarse en los tribunales.