La historia del Perú está llena de acontecimientos que más de una vez han generado grandes cambios, pero también muchas controversias ya que marcaron a toda una generación e impusieron precedentes para el futuro.
Los efectos de las decisiones que se tomaron en los diferentes gobiernos que ostentaron las riendas del país durante el siglo pasado todavía siguen siendo motivo de debate hasta nuestros días, como el caso de la recordada Reforma Agraria, posiblemente una de las medidas más controvertidas del gobierno de Juan Velasco Alvarado.
Dicha reforma tuvo serios efectos en la economía y cambió por completo el panorama para miles de peruanos, resulta sumamente importante conocer de qué se trató exactamente y qué aspectos contemplaba.
Un convulsionado contexto
La reforma en sí misma no fue exclusiva de Perú, ya que se aplicó también en países como Guatemala, México o Bolivia, y tenía la finalidad de mejorar la producción agrícola y solucionar el asunto de la propiedad de la tierra.
En nuestro país ya se anticipaba la necesidad de hacer cambios en el sector agrícola mucho antes de que la medida en mención fuese promulgada; en tal sentido, se habían discutido proyectos y dictaminado leyes que estaban orientadas al inminente cambio que vendrían en el futuro, pero todavía sin un reparto de tierras que se hiciera efectivo y mucho menos decisión política.
Según explica el texto “La reforma agraria peruana”, de Alfonso Chirinos Almanza, durante el gobierno de Manuel Odría, se promulgó un primer decreto que especificaba que el Estado tenía la capacidad de expropiar las tierras que no estuviesen trabajadas. Pese a ello, tampoco hubo cambios significativos, pero representó un importante precedente.
Aunque la medida tardó en llegar, las condiciones en el Perú estaban dadas.
Por un lado, la construcción de vías promovió la migración del campo a la ciudad, así, Lima se convertía en el centro urbano donde se concentraban pobladores del interior del país, situación que no fue tomada a bien por las clases más acomodadas que temían por la formación de una suerte de ‘cinturones de pobreza’ alrededor de las ciudades, según detalla el texto ‘Reforma agraria y desarrollo rural en el Perú’, de Fernando Eguren.
Por otro lado, cada vez se hicieron más recurrentes las manifestaciones por parte de campesinos en las grandes haciendas, muchas veces tomadas por grupos sindicalizados que buscaban ser reivindicados. Es importante destacar que se denunciaron abusos y maltratos dentro de estas haciendas por algún tiempo, incluso se sabe que había pequeñas cárceles en el interior de algunas.
A esto se le debe agregar la necesidad de abrir el mercado para la industria en crecimiento y, por último, la concentración de la tierra a manos de unos pocos, mientras que la pobreza era creciente en zonas rurales.
Todo lo mencionado anteriormente fungió como caldo de cultivo para que una primera ley de la Reforma Agraria fuese promulgada durante el gobierno de Fernando Belaunde Terry, un 21 de mayo de 1964. No obstante, esta no trajo consigo cambios en el panorama existente, por el contrario, hubo gran frustración por parte de los grupos que serían beneficiados y muchas críticas entre los poderes de influencia que creían en la urgencia de dicha medida.
Sin embargo, todo cambiaría una vez entrada la gestión del general Juan Velasco Alvarado, quien tomó el poder en 1968 luego de efectuar un golpe de estado contra el Gobierno de Belaunde. Así, en 1969 vio la luz la Ley de Reforma Agraria N° 17716 ―que es la que todos conocemos y recordamos― con un nuevo planteamiento que aprendía de los errores cometidos en gestiones anteriores.
¿Qué era la Reforma Agraria?
La reforma agraria puede ser definida entonces como un proceso político donde se dan medidas económicas y sociales con el objetivo de aliviar la desigualdad a través de la distribución equitativa de la tierra y mejorar la productividad en el sector agrícola.
Aunque esta definición es correcta, vale la pena echar un vistazo al decreto ley N° 17716, que se puede consultar en el Archivo Digital de la Legislación del Perú, y que indica en su artículo 1 un concepto más acertado para el contexto peruano:
“La Reforma Agraria es un proceso integral y un instrumento de transformación de la estructura agraria del país, destinado a sustituir los regímenes de latifundio y minifundio por un sistema justo de propiedad, tenencia y explotación de la tierra, que contribuya al desarrollo social y económico de la nación, mediante el ordenamiento agrario que garantice la justicia social en el campo y aumente la producción y la productividad del sector agropecuario, elevando y asegurando los ingresos de los campesinos para que la tierra constituya para el hombre que la trabaja, base de su estabilidad económica, fundamento de su bienestar y garantía de su dignidad y libertad”.
La medida fue aplicada hasta 1980 principalmente en la costa y sierra del Perú, donde se concentraban grandes áreas agrícolas y agropecuarias.
Una medida radical
La reforma de Velasco Alvarado es hasta hoy considerada una de las más radicales de la región, esto se debe a que durante sus años de aplicación se llegó a expropiar 15 mil 826 fundos y más de 9 millones de hectáreas, según explica Fernando Eguren en su texto. Agrega que la clase terrateniente fue “liquidada social y económicamente”.
Esto responde principalmente a que tanto grandes latifundios, como tierras medianas y pequeñas fueron compradas forzosamente a precios muy por debajo de su valor real y pagadas con bonos que tardaron en llegar. Las áreas de las haciendas, ahora propiedad del estado, fueron adjudicadas a campesinos que formaban parte de cooperativas, pero también a grupos y comunidades.
En ese sentido, casi un 71 % de las tierras de cultivo bajo riego, 92 % de las que dependían de las lluvias y un 57 % de pastos naturales fueron expropiadas y adjudicadas para al menos una cuarta parte de las familias rurales de la época, porcentajes que explican mejor la radicalidad de la medida que fue incluso más severa que la aplicada en Cuba, donde los antiguos dueños podían conservar una superficie no mayor de 150 hectáreas si la propiedad estaba en la costa, y de 30 a 75 hectáreas en la región sierra.
De ese modo, la reforma de Velasco se posiciona como la tercera más radical en América Latina, después de la de México y Bolivia, precisa Heraclio Bonilla en “La cuestión agraria en el Perú después de la reforma agraria”.
¿Un éxito o un fracaso?
Finalmente, hoy en día muchos expertos y especialistas se preguntan si la medida velasquista que hizo una transferencia entre un sistema de latifundios a cooperativas tuvo o no el éxito esperado. Lo cierto es que las respuestas son variadas.
Por un lado, tuvo algunos logros como modificar la estructura de la tenencia de tierras heredada desde la colonia y llevar a parte del campesinado a generar mayores ingresos. Asimismo, el sistema de abuso dentro de algunas haciendas también fue erradicado y la participación de las zonas rurales dentro de la economía y sociedad se volvieron una realidad.
No obstante, es imposible negar que también trajo consigo varios problemas y develó muchas falencias en su estructura.
La cantidad de beneficiarios fue bastante reducida y no se incluyó a la zona selva dentro del paquete de medidas, abriendo así una nueva brecha entre el campesinado beneficiado y los que pertenecían a estratos más bajos. En suma, la cantidad de tierra no fue ni sería suficiente para abastecer todas las necesidades.
La productividad en muchas de las cooperativas disminuyó bastante pronto debido a la falta de conocimiento y capacitación, además de la confusión en los roles entre los que ahora eran propietarios, socios y trabajadores a la vez.
Con utilidades repartidas a todos por igual sin importar el rendimiento e intereses contrarios, muchas haciendas y cultivos fueron pronto abandonados o repartidos entre los asociados.
Debido a estos y otros factores, la medida hoy en día sigue siendo un tema de conversación que genera posiciones encontradas y una serie de argumentos. Pese a esto, es posible afirmar que por aquellos días una reforma era necesaria, y sin duda alguna se ha vuelto hasta hoy un sello indiscutible del gobierno de Velasco.
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