El Poder Judicial dictó el miércoles pasado diez años y diez meses de cárcel contra Javier Bailón Cárdenas (18) por participar en el robo de un teléfono móvil en el distrito Florencia de Mora (Trujillo, La Libertad), según un despacho difundido por Justicia TV.
El fallo del juez Robert Mendieta, del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de El Porvenir, también contempló el pago de 1100 soles por reparación civil a favor de la agraviada en un plazo no mayor a veinte días. El imputado cumplirá su sentencia en el penal de El Milagro, cuya superpoblación llega a 300% (alberga a 5.489 reclusos, de los cuales 288 son extranjeros: 259 venezolanos, 26 colombianos y tres ecuatorianos).
Bailón admitió ante la justicia haber conducido la mototaxi en la que su cómplice, un menor, pretendía darse a la fuga después de reducir a la víctima y arrastrarla por la vereda. Los efectivos emprendieron una persecución por las calles del distrito, aunque solo los capturaron cuando la unidad perdió el control y se volcó.
El magistrado de la Corte de La Libertad dispuso que la pena privativa concluya en noviembre de 2034 en una sentencia que llega tres meses después de que el Gobierno promulgara un decreto legislativo que condena con hasta 30 años de cárcel el robo de teléfonos celulares y equipos informáticos, si existe un agravante específico.
La medida modificó el Código Penal para incorporar “el robo de equipos, terminales móviles, informáticos u otros similares, como agravante”. De esa manera, este delito será sancionado con penas de 12 a 20 años de cárcel, que podrán llegar hasta 30 años “cuando se utilicen explosivos o vehículos motorizados para cometer el delito”.
La pena será de esta duración cuando, además, se cause lesiones a la integridad física o mental de la víctima, si se deja a la víctima o a su familia en grave situación económica y si se abusa de la incapacidad física o mental de la víctima o mediante el empleo de drogas, insumos químicos o fármacos.
El Ejecutivo también incorporó como delito la modalidad de receptación, “entendida como la provisión de documentos para ocultar, encubrir o disimular el origen ilícito del bien o de sus partes”, con lo que estará penado comercializar o importar equipos que permitan adulterar los códigos de seguridad y tarjetas de los celulares.
“Es una clara advertencia para todos aquellos que roban celulares, compran celulares, inclusive los que adulteran los aparatos, también van a ser sancionados. Entonces, ¿quién quiera ir a la cárcel?”, declaró entonces el exministro de Interior, Vicente Romero.
Según cifras oficiales del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) y del Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel), cada día en el país son robados al menos 4.754 celulares. Solo en cinco meses, de febrero a julio del 2023, un 12,2 % de ciudadanos fue víctima de robo de dinero, cartera o celular, incluso en algunos casos con consecuencias fatales.
De acuerdo con el Observatorio de Criminalidad del Ministerio Público, las regiones con mayor número de robos denunciados fueron Lima (26.587), Lambayeque (8.186), Piura (4.606), La Libertad (4.557), Arequipa (4.488) e Ica (4.079). A nivel capitalino, la zona con más números de robos es Lima Norte (7.529), Lima Sur (7.079), Este (5.875), Centro (4.946) y Noroeste (1.158).
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