Canciller Javier González Olaechea aseguró que Perú seguirá integrando Sistema Interamericano de Derechos Humanos

Sin embargo, opinó que esta entidad no fue objetiva con casos de vulneración de derechos humanos en el Perú. En el Congreso se aprobó un dictamen que buscaría que el país abandone esta institución.

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Foto de archivo del ministro
Foto de archivo del ministro de Relaciones Exteriores de Perú, Javier González-Olaechea. EFE/Paolo Aguilar

El Estado peruano seguirá siendo parte del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, anunció el canciller Javier González Olaechea, quien aclaró que desde su perspectiva esta entidad cometió “algunos excesos”.

En entrevista con RPP Noticias, el canciller mencionó que comisionados del Sistema Interamericano de Derechos Humanos llegaron al Perú para supervisar el estado de salud de Pedro Castillo, quien denunció haber recibido maltratos.

Sin embargo, hizo hincapié en que no lanzaron ningún pronunciamiento cuando militares fueron asesinados por terroristas en el Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem).

“Somos demócratas, hay un gobierno constitucional donde se respetan las libertades. Se respetan los Derechos Humanos, hay algunos casos individuales que se están procesando, pero no nos vamos a quedar callados. Con todo respeto hay una suerte de sensibilización sesgada excesiva y a veces totalmente injustificada”, opinó.

En otro momento, el ministro indicó que no tiene información, tanto de manera oficial como extraoficial, acerca de si Fray Vásquez, sobrino del presidente Pedro Castillo, podría obtener asilo en Bolivia. No obstante, resaltó la importancia de que este posible escenario no se concrete gracias al acuerdo establecido para la creación de la Red Andina de Seguridad contra el crimen organizado, alcanzado en la última reunión de cancilleres de la Comunidad Andina (CAN).

Como se sabe, el canciller optó por no emitir comentarios sobre la reciente aprobación de un dictamen en la Comisión de Constitución del Congreso, que busca la creación de un grupo especial que brindaría recomendaciones para mejorar el sistema internacional de derechos humanos. Aunque algunas voces sostienen que esta iniciativa podría ser una estrategia para distanciar al Perú de esta entidad supranacional.

La aprobación de la comisión de alto nivel se concretó con 12 votos a favor, 4 en contra y 2 abstenciones.

Conforme al dictamen avalado hace unas semanas en el Parlamento, que engloba al menos cinco propuestas legislativas, los miembros de este grupo incluirán al actual canciller, al presidente del Poder Judicial, al fiscal de la Nación, al defensor del Pueblo y al Ministro de Justicia y Derechos Humanos. Esta entidad, conformada por las mencionadas autoridades, tendrá la responsabilidad de llevar a cabo un análisis inicial sobre la problemática del sistema interamericano de derechos humanos.

Asimismo, se encargará de proponer reformas a los instrumentos que lo componen, como la Convención Americana sobre Derechos Humanos, los reglamentos y los estatutos de la Corte y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, respectivamente.
Fotografía de archivo de una
Fotografía de archivo de una audiencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), en San José (Costa Rica). EFE/Jeffrey Arguedas

La postura del canciller no resulta sorprendente, considerando sus columnas de opinión publicadas en el diario El Comercio. En particular, una columna del 23 de septiembre del año pasado lleva por título ‘Reformar o denunciar la CIDH’, y aborda el informe relacionado con las muertes ocurridas durante las protestas antigubernamentales entre diciembre de 2022 y enero de 2023.

“Los países que adherimos al Pacto de San José hemos sido incapaces de subsanar los enormes vicios y pareciera hoy un imposible fáctico hacerlo por cuanto la promoción y defensa de los derechos humanos jamás se garantizan mediante su violación. Resultando indispensable erradicar el direccionamiento ideológico, toca emprender uno de dos caminos: o se batalla desde dentro para erradicar sus múltiples males –incluidas auditorías contables y de cumplimiento de normas éticas– o se denuncia el tratado”, publicó.

Esta declaración la hizo en medio de la revelación de que la presidenta de Perú, Dina Boluarte, enfrenta una de las tasas de aprobación más bajas de América Latina, con apenas un 9% de respaldo ciudadano, según el informe más reciente de la Sociedad de las Américas (AS) y el Consejo de las Américas (COA). La líder peruana, que asumió el cargo después de un intento de golpe de estado fallido liderado por Pedro Castillo el 7 de diciembre de 2022, ocupa la posición menos favorable en comparación con los líderes de otros 15 países del continente.

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