Rutas de Lima suspendió el cobro de peajes en las garitas de Chillón, ubicadas en el kilómetro 25 de la Panamericana Norte, en el distrito de Puente Piedra, desde las 10 de la noche del lunes 29 de enero.
“RDL informa a la opinión pública que, al amparo del marco jurídico aplicable, y pese a no haber sido ni notificada formalmente con la medida cautelar, ni haberse la misma ejecutada aún por el Juzgado de Puente de Piedra, se da por notificada y procedió a dar ejecución a la medida cautelar”, se lee en la carta de la concesionaria.
Como se recuerda, el 26 de enero, el Poder Judicial ordenó a la compañía no seguir ejecutando el cobro luego de que la Asociación Casa Huerta El Paraíso solicitara una medida cautelar.
Esta decisión generó “un creciente clima de hostilidad y exacerbación”, de acuerdo a la empresa, y que podría poner en riesgo la salud e integridad de sus trabajadores e instalaciones.
“RDL reitera su rechazo a la medida cautelar, la cual considera un acto arbitrario y contrario a la ley, reservando el derecho a cuestionar y revertir la misma, en tanto violenta gravemente la normatividad de protección de inversiones establecida por el Estado peruano, y compromete la sostenibilidad de las operaciones de RDL, así como sus derechos y sus inversionistas”, manifiestan.
Aumenta el peaje
Por otro lado, Rutas de Lima ha hecho efectivo el aumento del costo del peaje en sus demás garitas de Villa (sentido sur) y Punta Negra (sentido norte), por lo que ahora los usuarios deberán pagar S/ 7.50, en lugar de S/ 6.50, si quiere utilizar esta vía.
Como se recuerda, el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, ya había advertido que se iba a implementar este incremento. La empresa, por su parte, argumenta que el contrato que firmaron contempla un reajuste del costo debido a la inflación.
“El incremento tarifario empezó en 2 soles, pasó a 6.50, está pasando a 7.50, pero se va, por los menos, a 17 soles. Esto no lo para nadie porque está en el ‘contrato’, esta asociación criminal: una alcaldesa criminal y la empresa más criminal de la Tierra”, dijo el burgomaestre ante el magistrado Pedro Hernández, del Tribunal Constitucional, quien convocó esta nueva audiencia.
Rutas de Lima responde
Ives Becerra, director legal de la compañía, rechazó que el contrato se haya gestado a través de la corrupción, como viene señalando Rafael López Aliaga desde su campaña al sillón municipal.
“Ese tema de corrupción se ha discutido cinco años, dos arbitrajes internacionales, donde (hemos) prevalecido y la justicia especializada competente en esta materia ya analizó este tema y ya zanjó esa discusión, determinado que este contrato no tiene nada de irregular. Para explicar que un contrato es o no corrupto, tendríamos que remitirnos a pruebas”, señaló.
“La Municipalidad de Lima y los gobiernos locales, tienen la responsabilidad de mejorar las vías existentes. Rutas de Lima tiene responsabilidad respecto a su contrato- concesión, el cual no prohíbe que la autoridad haga su trabajo. Acá se está desinformando gravemente indicando que nuestro contrato prohíbe la construcción de vías alternas”, añadió.
Luego, indicó que los llamados ‘puntos de fuga’ no se determinan “arbitrariamente” sino que “debe generar una afectación”.
“El punto de fuga es el único concepto que está dentro del contrato. Es algo completamente distinto a lo que es una vía alterna, el punto de fuga supone que se usa la vía concesionaria en su integridad, esta es una vía que goza de una serie de beneficios, como estar en buen estado. Antes de retribuir el uso, simplemente evades y sigues utilizando la vía concesionaria”, explicó.