Perú se ha hundido veinte posiciones en el reciente Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) presentado por Transparencia Internacional (TI), “la caída anual más fuerte en este ranking global desde 2012″, según un pronunciamiento difundido este martes por Proética.
El país pasó del escaño 101 al 121 y ahora, en el tercio inferior, comparte posición con Angola, Mongolia y Uzbekistán, una de las naciones más pobres de Centroasia. “Es un desplome de veinte posiciones, la caída más fuerte desde que la metodología permite hacer comparaciones año a año”, precisó en RPP el director ejecutivo de Próetica, Samuel Rotta.
Las fuentes que alimentan el instrumento, según el sociólogo, han cubierto el período comprendido entre 2022 y setiembre de 2023, cuando se destaparon escándalos de corrupción en los gobiernos de Pedro Castillo y Dina Boluarte, y el Congreso acumuló contrarreformas, retrocesos en instrumentos anticorrupción (como la colaboración eficaz) y blindajes a legisladores cuestionados éticamente.
En rigor, Perú registró una caída de tres puntos en el valor del índice respecto del año anterior (de 36 a 33). “Tenemos un menú muy grande, con distintos cocineros, que han estado echándole mucho ají a los problemas del país, [lo] que se refleja en este resultado. Este estudio no es una encuesta en la calle, sino que recoge distintas opiniones expertas que son elaboradas por instituciones internacionales y organismos multilaterales en un rango de dos años”, agregó Rotta.
La clasificación es liderada por Dinamarca, con 90 puntos, seguido de Finlandia (87), Nueva Zelanda (85), Noruega (84), Singapur (83), Suecia (82) y Suiza (82). A nivel americano, el primer país del listado es Canadá (76 puntos), en la posición 12; tras lo cual aparecen Uruguay (16), con 73 puntos; Barbados (24), con 69 puntos; y Estados Unidos (24), con también 69 puntos.
Perú se ubica por debajo de Ecuador (115), declarado bajo conflicto armado interno ante las acciones violentas protagonizadas por bandas del crimen organizado; y por encima de El Salvador (126), bajo un régimen de excepción aprobado por el Congreso a petición del Gobierno de Nayib Bukele tras una escalada de asesinatos atribuidos a las pandillas.
Al compararlo con los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), adonde busca incorporarse, Perú estaría en el penúltimo puesto solo por encima de México, sumido en una ola de violencia del crimen organizado y el narcotráfico.
Si el símil se traslada al Foro de Cooperación Económica Asia Pacífico (APEC), cuya cumbre se realizará este año en Lima, nuestra nación también se encuentra cerca de la cola: detrás de países como Tailandia, Indonesia y Filipinas, y por encima de Nueva Guinea, Rusia y México, según Proética.
“En estos meses hemos hecho paralelos con lo que ha pasado en Guatemala y, últimamente, podemos mirarnos en el espejo de El Salvador. Esa ruta que tenemos hacia una situación crítica, caótica, donde poderes ilegales capturan instituciones públicas y tuercen las reglas —y cuando no pueden torcerlas, matan— es una realidad que se va aproximando”, remarcó Rotta.
“Si no la detenemos, vamos a sentir las consecuencias. No puede ser posible que nuestros líderes políticos y nuestro gobierno no reconozcan que hay problemas de corrupción, cuando claramente los hay”, agregó.
Castillo, recluido en el penal de Barbadillo, es sindicado como líder de una organización corrupta durante su gobierno, la misma que “buscó copar las instituciones del Estado con la finalidad de direccionar los procedimientos de contratación pública”, según la Fiscalía.
Boluarte, su sucesora, ha sido acusada de recibir dinero no declarado de empresarios durante la campaña electoral de 2021, mientras que su hermano Nicanor enfrenta una investigación por supuesto favorecimiento de una partida presupuestal de 20 millones de soles para obras públicas en distrito de Nanchoc.
De igual modo, la Procuraduría Anticorrupción lo ha denunciado por gestionar la designación de prefectos y subprefectos en San Martin, con la finalidad de que estos recaben firmas y logren inscribir su partido político, Ciudadanos por el Perú, ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).
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