Entre enero y noviembre de 2023, se han registrado operaciones sospechosas relacionadas con la minería ilegal que ascienden a un valor aproximado de 805 millones de dólares.
Así lo ha confirmado Gestión en un nuevo informe que detalla que dicha información ha sido revelada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Superintendencia de Banca y Seguros y AFP (SBS), la cual se encarga de supervisar y prevenir actividades ilícitas como el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.
La identificación de dichas operaciones sospechosas se pudo obtener mediante los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS), que son elaborados por entidades obligadas a reportar cualquier actividad irregular, principalmente las entidades bancarias.
El resultado más alarmante apunta a que, durante el periodo comprendido entre enero de 2020 y noviembre de 2023, la UIF emitió 12 informes de inteligencia financiera que incluyen un total de 117 reportes de operaciones sospechosas, presuntamente vinculados a la minería ilegal, implicando una cifra acumulada de 2 mil 392,5 millones de dólares relacionados con este delito ambiental.
¿Qué indica el informe más reciente?
En la misma línea, las cifras relacionadas con la minería ilegal han mostrado una notable fluctuación en los últimos años, evidenciando un retorno a cifras prepandémicas en el 2023.
Según los datos más recientes, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ha detectado que el monto estimado vinculado a esta actividad ilícita se asemeja a los niveles reportados en 2019.
Durante ese año, la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) estimó, mediante la elaboración de 10 Informes de Inteligencia Financiera (IIF), que el total alcanzó los 977 millones de dólares.
Estado peruano no puede frenar la minería ilegal
Entre todas las zonas donde hay minería ilegal en el Perú, la conocida como “La Pampa”, situada entre los kilómetros 98 y 110 de la carretera Interoceánica en el departamento Madre de Dios, es la que atraviesa el peor escenario.
Pues, en dicho lugar se observa un preocupante incremento de la actividad ilícita, sobre todo en los últimos dos años, pese a los reiterados intentos del Gobierno por controlarla. Esta región amazónica, que ha sido testigo de más de 30 decretos supremos de declaratoria de emergencia desde 2019, continúa siendo víctima de la deforestación causada por la extracción ilegal de minerales.
Un análisis realizado por el Proyecto Monitoreo de la Amazonía Andina (MAAP) en octubre del año pasado explica que este aumento comprueba que las acciones del Estado todavía no están a la altura de las expectativas de conservación ambiental.
Por tal razón, las autoridades peruanas enfrentan el reto de implementar estrategias más efectivas y duraderas para proteger los ecosistemas frente a la explotación desenfrenada, y ahora más, ya que para este año se han asignado solamente S/ 79 millones (aproximadamente 21 millones de dólares) para a combatir la minería ilegal en el territorio nacional.
Esto representa un descenso significativo en comparación con años anteriores. De acuerdo a Actualidad Ambiental —portal de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA)— aquel recorte presupuestal implica una reducción del 26% respecto al presupuesto del año 2019.
Cabe destacar que la deforestación y los daños ambientales causados por estas actividades ilícitas no solo comprometen la biodiversidad de una de las regiones más ricas del planeta, sino que también plantean serias amenazas para las comunidades locales e indígenas que dependen del bosque para su sustento.
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