El teniente general Jorge Angulo, quien fue destituido por el Gobierno como jefe de la Policía Nacional (PNP), ha revelado una carta que la presidenta Dina Boluarte le entregó el día en que lo citó en su despacho para comunicarle que sería cesado tras la agresión sufrida en Ayacucho.
En una entrevista difundida este domingo en Cuarto Poder, el cesado funcionario contó que fue convocado a Palacio el lunes pasado a las 8:00 horas. Acompañada del titular del Interior, Víctor Torres, la jefa de Estado le dijo que estaba descontenta con su trabajo y después le tendió el documento.
“Le dije: ‘no tengo ningún problema, puedo retirarme’. Pero ella me hace una notificación, una carta [...] que ha sido formulada en el Ministerio del Interior porque en la parte superior dice IN-DP [siglas de Interior y Despacho Presidencial]. Han estado toda la noche, tengo entendido, buscando las formas [para sacarme del cargo]”, dijo.
“[En la carta] hablan de estado de emergencia, de idoneidad, de que había responsabilidad en la seguridad de la presidenta. Entonces, le manifiesto: ‘señora, esto no es correcto’, y me dijo: ‘yo asumo cualquier responsabilidad’”, agregó al calificar su destitución como un “sicariato político”.
Según el dominical, en la misiva Boluarte deslizó que la agresión fue producto de la ola delincuencial que vive el país y no de un fallo en su escolta. La presidenta había participado en la colocación de la primera piedra del asfaltado de una carretera cuando se dirigió a la población para lanzar caramelos.
En ese momento, Ruth Bárcena, viuda de un asesinado durante las manifestaciones, burló las medidas de seguridad y llegó para encararla. En seguida, Ilaria Aimé, madre de un adolescente ultimado de un disparo por la espalda, jaló del cabello a la mandataria.
La resolución suprema publicada en el diario El Peruano señalaba que el cese de Angulo se debió a “negligencias muy graves”, por lo cual era necesario dar por concluida la designación para “preservar y asegurar la institucionalidad” de la PNP. De igual modo, agregó que los estados de emergencia declarados no habían mitigado la inseguridad ciudadana y el desborde de bandas criminales.
Presiones
El dominical confirmó las presiones que el ministro Torres impuso contra Angulo para mandar al retiro al general Harvey Colchado, jefe de la Dirección de Delitos de Alta Complejidad (DIVIAC) y coordinador general del Equipo Especial Contra la Corrupción en el Poder (Eficcop).
De igual modo, evidenció el pedido para remover al coronel Segundo Argomedo, uno de los encargados de la pesquisa contra el hermano presidencial, Nicanor Boluarte, y casi 300 requerimientos irregulares respecto a cambios en la institución.
“Nosotros nos hemos sorprendido cuando abogaban por un elemento que no debía estar un día más. Y venía su nombre, insistían, ¿qué raro, no? ¿Qué estará pasando aquí, con quién habló?”, cuestionó. Debido a esos petitorios inusuales, el exjefe policial confrontó a Torres.
“Bueno, estalló y se puso a renegar conmigo. Me dijo que yo hacía lo que quería. Y yo le dije: ¿le parece poco 150 pedidos de cambio? Para ese entonces todavía eran 150 pedidos”, anotó.
Además de la destitución de Angulo, la agresión de Aimé y Bárcena generó el relevo de toda la escolta de la mandataria, el cese del titular de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI), Roger Arista; y la remoción del jefe de la Casa Militar de Palacio de Gobierno, Miguel Martín Kuan.
De acuerdo con Hildebrandt en sus trece, la Dirección de Inteligencia (DIRIN) de la Policía Nacional había advertido que un eventual viaje de la presidenta a Ayacucho y otras tres regiones donde se registraron muertes durante las protestas antigubernamentales —Puno, Apurímac y Junín— era de “alto riesgo”, pero aun así el arribo se ejecutó.