Fiscalía implica a Dina Boluarte en investigación contra su hermano, Nicanor Boluarte

“Podemos verificar el interés de la actual presidenta en el desarrollo del partido político Ciudadanos por el Perú”, dicta un documento de la Fiscalía Anticorrupción de Tarapoto

Nicanor Boluarte, hermano de Dina Boluarte, estaría recibiendo beneficios que norma peruana no permitiría. (Radio Onda Azul)

Dina Boluarte está a un paso de ser incluida en la investigación iniciada por la Fiscalía de la Nación en contra de su hermano Nicanor Boluarte y un grupo de prefectos y subprefectos de los que presuntamente hacía uso para la inscripción de su partido Ciudadanos por el Perú. Ello, luego de que un fiscal Anticorrupción de Tarapoto detallara en una disposición el interés existente por parte de la presidenta respecto a la inscripción de dicho partido.

Así lo hizo saber un informe emitido por el periodista Alexander Villarroel el último domingo, en el que se detallaban una serie de párrafos en los que el fiscal José Villalta, encargado de la investigación por tráfico de influencias iniciada en contra de Griselda Herrera —señalada como operadora de Nicanor Boluarte— y otros prefectos y subprefectos regionales.

El documento advierte la presunta injerencia de la hermana de Nicanor Boluarte en los diversos actos e imputaciones que pesan contra los investigados en los que se detalla “un trabajo con fines partidarios y a que estos brinden determinados aportes monetarios”.

Documento al que accedió El Comercio revela apreciaciones del fiscal Villalta en las que señala la injerencia de Dina Boluarte. El Comercio.

Es en este contexto que Villalta afirma en su disposición que se había consignado la intervención de la presidenta Boluarte en el caso de su hermano. “No podemos dejar de mencionar la probable participación de la hermana de Nicanor Boluarte, pues no era mera casualidad que los candidatos propuestos por Griselda Herrera eran designados por parte de la presidencia de la República: Dina Boluarte Zegarra y el ministro del Interior, Víctor Rojas Herrera”, se detalla en el informe de Villaroel.

Como si este hecho no fuera suficiente, el documento también aseveró que se podría verificar que la misma presidenta Dina Boluarte “tenía un interés en el desarrollo del partido político” de Nicanor Boluarte, teniendo en cuenta los nombramientos de estos personajes investigados ahora por el Ministerio Público.

“Podemos verificar el interés de la actual presidenta Boluarte en el desarrollo del partido político Ciudadanos por el Perú”, precisa el informe en el que el fiscal Villalta la sindica por ser la responsable de “las designaciones que su hermano le habría propuesto para que los prefectos y subprefectos de San Martín trabajen en pro de dicho partido”.

Además de ello, en el informe Villarroel detalla la existencia de una serie de chats que en la actualidad se encuentran en manos de la Fiscalía de la Nación, en donde “se hace alusión a Dina Boluarte como ‘la número uno en el poder’; y a Nicanor Boluarte como el ‘número dos’”.

No se descarta inicio de una investigación contra Boluarte

La consecuencia de esta implicación directa por parte del fiscal a cargo del caso solo tienen como consecuencia un hecho en específico y es que, en el desarrollo de las pesquisas, estas precisiones deberán ser debidamente imputadas ante la presidenta de la República. Ello constituiría el inminente inicio de una nueva investigación en contra de Dina Boluarte, quien no ha ocultado sus intenciones de proteger a su hermano en repetidas ocasiones.

De proceder esta investigación contra la mandataria, el funcionario encargado de este hecho sería el actual fiscal de la Nación interino, Juan Carlos Villena Campana.

Así, se daría inicio a una investigación más en contra de la mandataria por este hecho sumándose a las pesquisas iniciadas en su contra, como el caso del plagio de una tesis sobre Derechos Humanos; las investigaciones de aportes ilegales en el partido Perú Libre —por el que también se investiga a Vladimir Cerrón—; y los casos de asesinatos durante las protestas en su contra, suscitadas durante los primeros meses de su Gobierno y que dejaron como saldo mortal a un total de 50 víctimas. Por este último hecho, Boluarte ha solicitado el archivamiento por medio de una demanda de amparo.