Unos 13 mil bodegueros fueron víctimas de extorsión y asalto en 2023: cifra triplicó lo reportado en 2022

“Chalequeo” y “gota a gota” son algunas de las formas en las que extorsionadores se acercan a los comerciantes, ofreciendo falsa seguridad o préstamos con intereses exorbitantes

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Fotos: Andina/Composición Infobae
Fotos: Andina/Composición Infobae

Durante el último año, según la Asociación de Bodegueros del Perú, al menos 13 mil 000 bodegueros en el país han sido blanco de extorsiones y robos, poniendo en jaque la economía y, sobre todo, la seguridad de los pequeños y medianos empresarios que dependen de estos establecimientos para su sustento diario.

En un informe de La República, Andrés Choy, presidente de la Asociación de Bodegueros del Perú (ABP), especifica que el número de denuncias por extorsión se triplicó en tan solo un año, pasando de 2.000 en 2021 a más de 13.000 casos en la actualidad.

Los métodos de extorsión varían en su grado de intimidación y violencia. El más común implica la demanda de cantidades significativas de dinero, bajo la amenaza de daño físico hacia los dueños y sus familias. Asimismo, “Chalequeo” y “gota a gota” son algunas de las formas en las que extorsionadores se acercan a los comerciantes, ofreciendo falsa seguridad o préstamos con intereses exorbitantes.

34% de bodegueros afirma que su negocio empeoró en el último año. Foto: difusión
34% de bodegueros afirma que su negocio empeoró en el último año. Foto: difusión

Extorsionadores frenan oportunidades de negocio para bodegueros

El presidente de la Asociación de Bodegueros del Perú (ABP) recalca que dichas técnicas de extorsión no solo afectan la seguridad física y emocional del sector, sino que también obstaculizan el desarrollo de su economía al infundir miedo entre los empresarios, que como resultado dificulta el establecimiento de nuevos negocios.

Asimismo, resalta que el impacto de estas prácticas criminales amenaza la estructura familiar de los propietarios de bodegas, creando un ambiente de constante temor por la seguridad de sus seres queridos.

Por ello, exhorta a las autoridades a implementar una respuesta firme con el fin de proteger su trabajo y garantizar su seguridad, que subraya se constituyen como pilares fundamentales para el crecimiento económico del Perú.

“Una bodega es una familia, en la bodega atendemos todos. Y todos se sienten amenazados. Los extorsionadores te dicen: sabemos dónde está tu esposa, tu esposo, el colegio de tus hijos. Te hacen un reglaje (...) Hay miedo ahora de abrir cualquier negocio puerta a calle, porque no se sabe si te extorsionan o te asaltan. Las autoridades deben darse cuenta de que la economía pequeña mueve el país y combatir ese delito”, explica Choy.
Expectativa de un alza del ISC mantiene a gremios de bodegueros, restaurantes y pymes, entre representantes de otros rubros, con un temor por sus negocios. Foto: Difusión
Expectativa de un alza del ISC mantiene a gremios de bodegueros, restaurantes y pymes, entre representantes de otros rubros, con un temor por sus negocios. Foto: Difusión

San Juan de Lurigancho, Ate, Lima norte: los puntos más vulnerables

De acuerdo a Choy, los distritos de San Juan de Lurigancho, Ate y la zona norte de Lima son los que se encuentran más afectados debido al elevado índice de extorsiones y asaltos. En tanto, en el plano nacional, Trujillo resalta como la ciudad con la tasa más alta de extorsiones que afectan a diversas índoles de comercios.

Frente al panorama, en diciembre del año pasado, la Policía Nacional del Perú (PNP), en conjunto con la Asociación de Bodegueros del Perú (ABP), inició la campaña ‘Yo no caigo en la extorsión. Yo denuncio’, brindando a los propietarios de bodegas amenazados la posibilidad de reportar los incidentes sin necesidad de acudir a una comisaría mediante una línea telefónica y WhatsApp.

Al respecto, se sabe que, hoy en día, se llevan a cabo sesiones de capacitación para informar a los empresarios sobre cómo proceder ante una llamada o mensaje de extorsión y el método para interponer una denuncia de manera segura.

No obstante, la ABP ha solicitado al Congreso otorgar más herramientas legales para que policías, fiscales y jueces puedan sancionar efectivamente a los responsables de estos delitos.

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