La Dirección de Inteligencia (DIRIN) de la Policía Nacional advirtió que un eventual viaje de la presidenta Dina Boluarte a Ayacucho y otras tres regiones donde se registraron muertes durante las protestas antigubernamentales —Puno, Apurímac y Junín— era de “alto riesgo”, según un informe difundido este viernes por Hildebrandt en sus trece.
Los pronósticos, detallados en documentos con carácter de reservado, alertaron del rechazo ciudadano que podría desatar la presencia de la mandataria y, de hecho, se cumplieron la semana pasada, cuando fue agredida y zarandeada sin que sufriera daños mayores.
Boluarte había participado en la colocación de la primera piedra del asfaltado de una carretera en tres distritos ayacuchanos cuando se dirigió a la población para lanzar caramelos. En ese momento, Ruth Bárcena, viuda de un asesinado durante las manifestaciones, burló las medidas de seguridad y llegó para encararla. En seguida, Ilaria Aimé, madre de un adolescente ultimado de un disparo por la espalda, jaló del cabello a la mandataria.
Para el exministro del Interior, Mariano González, esa visita fue una provocación. “Estoy segurísimo de que ha habido una advertencia [...] que haya alertado a todo el despacho presidencial; sin embargo, no hicieron caso y fueron de todas maneras. Condeno tajantemente la agresión por parte de las señoras en Ayacucho, pero es claro el desencanto y el dolor. Es entendible la indignación”, declaró días antes de que fueran expuestos los detalles de los documentos.
La agresión de Aimé y Bárcena generó el relevo de toda la escolta de la mandataria, el cese del titular de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI), Roger Arista; la destitución del jefe de la Policía Nacional (PNP), Jorge Angulo; y la remoción del jefe de la Casa Militar de Palacio de Gobierno, Miguel Martín Kuan.
De acuerdo con fuentes citadas por el semanario de investigación, la salida de Arista obedecería a una “exigencia” del hermano presidencial, Nicanor Boluarte, investigado por la presunta comisión de delitos de corrupción y denunciado por la Procuraduría por tráfico de influencias.
El informe también señala que el despido de Angulo “busca acabar con el equipo” que lidera el general Harvey Colchado, jefe de la Dirección de Delitos de Alta Complejidad (DIVIAC) y coordinador general del Equipo Especial Contra la Corrupción en el Poder (Eficcop).
El exjefe policial ya ha revelado que el propio ministro del Interior, Víctor Torres, había pretendido sacar a Colchado. “Una vez me preguntó si era posible pasar[lo] al retiro”, expuso en Punto Final. Hasta el momento, el Gobierno no se ha pronunciado al respecto, aunque ha adelantado el posible viaje de la jefa de Estado a Puno con ocasión de la celebración de la Virgen de la Candelaria, su fiesta regional más representativa.
El anuncio ha generado rechazo por parte de víctimas y otras organizaciones regionales opositoras a Boluarte: precisamente en Juliaca, una ciudad que pertenece a este departamento, se vivió la jornada más sangrienta de las protestas de hace un año, ya que ahí murieron 18 personas en enfrentamientos con las fuerzas del orden.
“Señora Dina y Alberto Otárola, dejen en paz a Puno. Nosotros estamos aún con el dolor por la muerte de nuestros familiares. Sus presencias pueden generar un caos. No queremos más derramamiento de sangre”, dijo el presidente de la Asociación de Mártires y Víctimas en la Protesta Juliaca-Puno, Raúl Samillán, en una rueda de prensa.
Samillán sostuvo que las acciones de la gobernante “solo aumentan el dolor y odio” y aseguró que la mandataria el año pasado estigmatizó a las víctimas, por lo que su presencia en Puno generaría más caos.
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