Fiscal de la Nación afirma que cuestionamientos a la JNJ no son equiparables a los del desaparecido CNM

En su primera entrevista a un medio de comunicación, Juan Carlos Villena también se refirió al proyecto de Gladys Echaíz para desaparecer la JNJ, la inhabilitación de Zoraida Ávalos y el decreto legislativo del Gobierno

Fiscal de la Nación afirma que cuestionamientos a la JNJ no son equiparables a los del desaparecido CNM (RPP)

El fiscal de la Nación interino, Juan Carlos Villena, aseguró que los cuestionamientos que puedan existir hacia la labor de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) no son equiparables a los que tuvo el extinto Consejo Nacional de la Magistratura.

“Reemplazar el CNM creo que sí fue adecuado. Para algunos (la JNJ) ha cumplido una labor importante, quizás para otros tendrá algunos cuestionamientos, como toda institución. Pero los cuestionamientos no son de la magnitud que fueron los necesarios para cambiar el CNM. (¿No son equiparables?) Creo que no”, indicó Villena en entrevista con RPP Noticias.

El CNM fue disuelto luego de que se difundieron audios que revelaban coordinaciones entre jueces y consejeros para direccionar procesos judiciales u obtener beneficios en concursos de ascensos. A este caso se le denominó Los Cuellos Blancos del Puerto y comprende a magistrados como César Hinostroza, Guido Águila, Iván Noguera, Walter Ríos, entre otros.

En otro punto, al titular del Ministerio Público se le consultó sobre el proyecto de la congresista y exfiscal de la Nación, Gladys Echaíz, para desaparecer la JNJ y reemplazarla por la Escuela Nacional de la Magistratura.

Villena consideró que “no es el momento” para una reforma de ese tipo y aseveró que “hoy debe fortalecerse la institucionalidad más que suprimir estas instituciones”. Advirtió que la institucionalidad está en riesgo.

“Ha habido cuestionamientos a ciertos órganos: la JNJ, la Academia de la Magistratura, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), que se quieren suprimir o se quieren reformar de manera absoluta. No es prudente. Siempre hay espacio para poder mejorar estas instituciones, siempre hay motivos para modificar sus leyes orgánicas para hacerlas más eficaces y más eficientes. Suprimir las instituciones no sería lo adecuado”, alegó.

Zoraida Ávalos

En otro punto de la entrevista, el fiscal de la Nación interino, Juan Carlos Villena, cuestionó la decisión del Congreso de inhabilitar 5 años a la fiscal suprema Zoraida Ávalos por supuesta infracción constitucional.

“Es una decisión, creo yo en un principio, que no era la correcta porque se trata de una interpretación de una norma. Y, hasta ello, jueces y fiscales no podrían ser sancionados. ¿Los delitos de prevaricato? ¿Si uno interpreta una norma constituye delito? No. Eso aplica cuando se aplican normas derogadas, cuando se invocan pruebas que no existen”, indicó.

Como se recuerda, la extitular del Ministerio Público fue acusada constitucionalmente por supuestamente demorarse en investigar al expresidente Pedro Castillo. Además, el Parlamento le levantó el antejuicio político para que sea procesada penalmente por presunta omisión de funciones. Dicho proceso ha sido archivado en primera instancia por el juez supremo Juan Carlos Checkley.

Proceso contra Zoraida Ávalos fue archivado en primera instancia. Foto: Andina/Composición Infobae

Dina Boluarte

En la que fue su primera entrevista a un medio de comunicación, Juan Carlos Villena reafirmó su postura en contra del decreto legislativo del Gobierno de Dina Boluarte que resta facultades al Ministerio Público en la conducción de la investigación y se las otorga a la Policía.

“La Constitución es clara en decir que es el fiscal que conduce desde el inicio las investigaciones y la Policía cumple las órdenes en ese ámbito. En los decretos legislativos hay unos artículos que consideramos vulneran nuestras atribuciones. En la Junta de Fiscales Supremos hemos conformado un equipo de fiscales experimentados que están haciendo un análisis riguroso a las normas para adoptar las medidas pertinentes”, añadió.

Las medidas pertinentes a adoptar se podrían traducir en una demanda de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional. “No tendría que haber duda alguna” que la carta magna le da la persecución del delito a la Fiscalía y no a la PNP, sostiene Villena.

El fiscal de la Nación interino consideró que el Gobierno de Boluarte se ha equivocado al emitir ese decreto legislativo porque “hay normas claras que vulneran las atribuciones del Ministerio Público.

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