La región con mayor deforestación por agricultura a gran escala presentará demanda ante el TC por Ley Antiforestal

El Consejo Regional de San Martín autorizó al gobernador regional Walter Grundel Jiménez a presentar una demanda de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional en relación con la Ley Antiforestal aprobada y publicada por insistencia del Congreso de la República. Se trata de la Ley N.º 31973, la cual modifica la Ley Forestal y de Fauna Silvestre.

En una sesión extraordinaria efectuada el pasado miércoles 24, el Consejo de San Martín aprobó unánimemente con 12 votos a favor, y no registró votos en contra, para que Grundel Jiménez interponga la medida legal ante el TC. Esta ley ha generado controversia debido a las modificaciones que permitirían la expansión de actividades agropecuarias en zonas designadas primordialmente para la forestación y protección ambiental. Cabe resaltar que la región San Martin es una de las que registra mayor destrucción de sus bosques por actividades agrícolas (cultivos de palma aceitera, café y otros)

Además, se ha señalado que esta ley fue aprobada sin la realización de una consulta previa a los pueblos indígenas, contraviniendo así las disposiciones del Convenio 169 de la OIT y de la Ley de Consulta Previa del Perú. La autoridad ambiental regional, Carlos Villavicencio Vásquez, respaldó la solicitud de derogación de la ley con un informe técnico.

La promulgación de la Ley 31973 ha sido cuestionada también por no seguir el procedimiento debido conforme al Reglamento del Congreso, particularmente en relación con las reconsideraciones propuestas por las congresistas Ruth Luque y Susel Paredes, que debieron ser revisadas en pleno.

Los detractores de la mencionada legislación argumentan que esta favorece a grandes grupos económicos y sus monocultivos, como los de palma aceitera, y sustenta actividades ilegales relacionadas con el narcotráfico, la minería ilegal y la tala ilegal.

Estas actividades, en conjunto, podrían intensificar la deforestación de los bosques amazónicos y exacerbar el problema del cambio climático. En consecuencia, la actuación del presidente del Congreso de la República, Alejandro Soto, también ha sido puesta en entredicho por la oposición al publicar la autógrafa de la ley, que surgió firmada previamente.

En un reciente informe publicado por Global Forest Watch, se destaca la alarmante pérdida de cobertura arbórea en la región de San Martín. Según el análisis realizado, entre el año 2002 y el 2022, San Martín ha sufrido la desaparición de 37,6 mil hectáreas de bosque primario húmedo, cifra que representa un 57% de la pérdida total de cobertura de árboles en la misma ventana temporal. En palabras del autor de la columna de opinión de Global Forest Watch, “El área total de bosque primario húmedo en San Martín disminuyó en un 11% en este periodo de tiempo”.

El Gobierno Regional de San Martín (Goresam), bajo la dirección del gobernador Walter Grundel Jiménez, ha iniciado una recolección de firmas para impugnar la Ley Antiforestal. Desde el 16 de enero, los sanmartinenses han empezado a firmar en Tarapoto y Moyobamba, en una muestra de rechazo que busca obtener más de 10,000 adhesiones en defensa del ecosistema amazónico.

El gobernador Grundel Jiménez detalló que la controvertida modificación a la Ley Forestal elimina la necesidad de zonificación forestal para la titulación de terrenos, una medida que podría acarrear consecuencias como la deforestación descontrolada y el tráfico de tierras.

De acuerdo con la Autoridad Regional Ambiental (ARA) representada por Carlos Villavicencio Vásquez, la ley podría fomentar la deforestación al legalizar tenencias informales sin considerar la zonificación existente, lo cual favorecería a entidades que buscan eliminar áreas forestales para el monocultivo a gran escala.

Hasta el momento, la ARA de San Martín ha concedido 750 Contratos de Cesiones en Uso para Sistemas Agroforestales (CUSAF) y planea continuar con esta entrega, promoviendo un aprovechamiento sostenible de los bosques. Sin embargo, las modificaciones a la Ley Forestal contempladas en su disposición complementaria final permitirían que zonas sin masa boscosa y con actividades agropecuarias sean clasificadas como áreas de exclusión agropecuaria, facilitando su titulación sin el correspondiente análisis de suelos a través de la Clasificación de Tierras por su Capacidad de Uso Mayor (CTCUM).