El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, respaldó este jueves el pedido que la presidenta Dina Boluarte elevó al Ministerio Público para que se envíe al archivo la investigación abierta contra Ruth Bárcena, la viuda de un fallecido en protestas que la encaró durante su visita a Ayacucho.
“Creo que la violencia, sea de donde sea, está pésima. Ya es un caso de la presidenta, si quiere seguir un tema penal o no, es problema de ella, pero toda violencia es mala. Póngase en mi caso: cuánta gente me insulta, pero yo voy a atacar ni física ni verbalmente”, dijo en una rueda de prensa.
Solo unas horas antes, la mandataria había pedido al fiscal Brechman Muñoz, encargado del caso, paralizar la pesquisa en un documento en el que, además, compartió su pesar por la ausencia de respuestas hacia los deudos de las manifestaciones. Su abogado, Joseph Campos, detalló que esta acción debería leerse como un gesto hacia la “reconciliación nacional”.
López Aliaga evitó extenderse en su respuesta sobre este petitorio y, más bien, viró a mencionar que esta semana ha recibido “ataques” por acudir al Tribunal Constitucional para rechazar el incremento del precio de peajes anunciado por Rutas de Lima, el consorcio que controla la concesión y las tasas de la vía del mismo nombre.
“Abogados constitucionalistas de altísimo respeto me dicen de todo porque me enfrento a la corrupción y doy una salida en el TC, donde la municipalidad es emplazada. Aquí tenemos corrupción clarísima [...] por eso la comuna se ha allanado. No es un tema de arbitrajes, estamos estrictamente en el campo de derechos humanos. Me sorprende que haya felipillos al servicio de la corrupción”, añadió.
En la misma comparecencia a los periodistas, el alcalde ultraconservador se refirió a la invocación de los deudos de las protestas para que la mandataria no visite Puno por el rechazo que puede generar en esa región. “La presidenta tiene que recorrer todo el país, aquí no hay zonas liberadas. El Perú es uno solo. Yo no voté por ella, le dije que renuncie, pero respeto el orden constitucional, aunque no me guste”, dijo.
“La Candelaria es una fiesta internacional, atrae mucho turismo y creo que [Boluarte] tiene el deber de asistir, y los ciudadanos tenemos el deber de respetar a la gente. Aquí ha habido una agresión y eso no está bien. El trabajo de un presidente es representar al país, sea quien sea la persona. Está en juego el Perú, no Dina”, zanjó.
El Gobierno anunció esta semana el posible viaje de la jefa de Estado a Puno con ocasión de la celebración de la Virgen de la Candelaria, su fiesta regional más representativa, aunque esta visita ha generado rechazo por parte de víctimas y otras organizaciones regionales opositoras a la mandataria.
Precisamente en Juliaca, una ciudad que pertenece a este departamento, se vivió la jornada más sangrienta de las protestas de hace un año, ya que ahí murieron 18 personas en enfrentamientos con las fuerzas del orden.
“Señora Dina Boluarte y Alberto Otárola, dejen en paz a Puno. Nosotros estamos aún con el dolor por la muerte de nuestros familiares. Sus presencias pueden generar un caos. No queremos más derramamiento de sangre”, dijo el presidente de la Asociación de Mártires y Víctimas en la Protesta Juliaca-Puno, Raúl Samillán, en una rueda de prensa.
Samillán sostuvo que las acciones de Boluarte “solo aumentan el dolor y odio” y aseguró que la mandataria el año pasado estigmatizó a las víctimas, por lo que su presencia en Puno solo generaría más caos.
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