Pedro Castillo: Poder Judicial rechaza los recursos interpuestos por abogados en investigación por rebelión

La defensa del expresidente Pedro Castillo no ha logrado mayores avances en los intentos de liberación de su patrocinado. Mediante un comunicado emitido el último 24 de enero, el Poder Judicial del Perú anunció que la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema había rechazado los cinco recursos de apelación interpuestos por los abogados del expresidente en el marco de las investigaciones que pesan en su contra por el delito de rebelión.

Los recursos de apelación solicitaban al Colegiado a cargo del caso que revisara el plazo de prisión preventiva, a fin de anularla o, en todo caso, reducirla; y la excepción de improcedencia de acción, con la que se buscaba que se anule toda acción impuesta contra el exmandatario mediante el cuestionamiento a las imputaciones de rebelión. De esta manera, los abogados del Castillo Terrones buscan especificar que el mensaje de Golpe de Estado del 7 de diciembre del 2022.

Así, la Sala Penal Permanente del Tribunal Supremo llegó a esta decisión de manera unánime, al declarar “infundadas” las apelaciones del exmandatario con las cuales buscaba sortear la estancia de 36 meses del expresidente Pedro Castillo en el penal de Barbadillo; en cumplimiento de la disposición de prisión preventiva que se impuso contra apenas unos días de ser detenido bajo la condición de flagrancia.

Otro de los recursos planteados por la defensa que también fueron rechazados por el Poder Judicial es el de la tutela de derechos que sus abogados buscaron acreditar bajo el argumento en el que existía una serie de acciones de “ambigüedad e imprecisión” en el marco de la acusación fiscal sobre “la responsabilidad de Castillo en el delito de rebelión”, según reza un comunicado del Poder Judicial peruano publicado en su perfil de la red social X, antes Twitter.

Por otro lado, en el marco de personajes cercanos a Pedro Castillo, como es el caso del exministro de Vivienda señalado durante su gestión, se ha aprobado el desistimiento de la apelación de la Fiscalía contra la resolución que aceptó la tutela de derechos del extitular de dicha institución, Geiner Alvarado; quien está investigado por su implicancia en el esquema de organización criminal que también se el imputa al expresidente Castillo aunque en un caso diferente que implica delitos de corrupción. Respecto a Alvarado, este denunció violación de sus derechos al ser detenido sin mandato judicial escrito en marzo de 2023.

Como se sabe, Castillo cumple actualmente 18 meses de prisión preventiva por el supuesto golpe de Estado, caso por el cual la Fiscalía ha pedido una condena de 34 años de prisión por los delitos de rebelión, abuso de autoridad y grave perturbación a la tranquilidad pública; y una segunda prisión preventiva de 36 meses en el marco de la investigación por presuntos delitos de organización criminal.

El mandato de Castillo fue un fiel reflejo de lo que es la política peruana. Una inestabilidad que quedó manifiesta en los cinco equipos de gobierno --con más de 70 ministros-- que tuvo en solo 16 meses. Incapaz de dotar de estabilidad y rumbo al país, tuvo que vérselas además con un Congreso hostil, perdiendo incluso el apoyo de su propio partido, Perú Libre.

El cese de Castillo trajo para Perú una de sus peores crisis recientes, con casi medio centenar de muertos por la represión de las fuerzas de seguridad en las protestas por su detención y en contra de quien tomó el mando, la que era hasta ese momento su vicepresidenta, Dina Boluarte, cuyo mandato ha quedado en entredicho.