![Un funcionario de la Reniec fue acusado de "espiar" la intimidad de una menor de 17 años en un baño | Foto: PNP](https://www.infobae.com/new-resizer/_lo1gbv28BfI3g36vitrdtc6154=/420x236/filters:format(webp):quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/T32W4Y3E7NGPFLOW5TPYBHLBRA.jpg 420w)
El Tribunal Penal Unipersonal Transitorio de Flagrancia del Callao condenó a Daniel Oliver Rivalles Tantalean, exjefe de la Reniec del Callao, a una pena de cuatro años de cárcel por el delito de violación de la intimidad agravada, perpetrado contra una joven de 17 años.
El incidente se suscitó cuando la adolescente y su madre realizaban trámites en el local de Reniec en la Avenida Dos de Mayo. La joven, al ingresar a un baño oscuro, se dio cuenta, con la linterna de su celular, de la presencia del funcionario, de 43 años de edad, espiándola desde una esquina por el lado del inodoro.
El Ministerio Público indicó que Rivalles Tantalean se había acercado a la fila donde esperaba la menor ofreciéndole el acceso al baño, tras lo cual aprovechó para situarse en una zona adyacente.
La adolescente, al verse observada, salió inmediatamente para informar a su madre sobre lo ocurrido. Ambas confrontaron al sujeto quien en todo momento las ignoró fingiendo una conversación telefónica. Ante esto, decidieron denunciarlo llamando a la policía, a través de la línea 105.
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El juez Luis Miguel Torres Bonifacio del Cuarto Juzgado Penal Unipersonal Permanente del Callao, tras las investigaciones y las evidencias recolectadas, dictó la condena en 24 horas e impuso una indemnización de 4000 soles a la víctima. El condenado, por su parte, manifestó que apelará la sentencia.
Violación de la intimidad agravada
El delito de violación de la intimidad agravada se refiere a una forma grave de acoso donde se invade de manera ilegal y sin consentimiento la privacidad y los espacios íntimos de una persona. Este delito puede concretarse de distintas formas, como la interceptación de comunicaciones privadas, grabación de imágenes o audios sin permiso en situaciones privadas, o el espionaje en lugares destinados a la privacidad personal, como baños o habitaciones.
En el Perú, este delito es penalmente sancionado con penas de prisión de hasta cuatro años y multas económicas, según lo estipulado por el Artículo 154-A del Código Penal. Las penas pueden incrementarse bajo circunstancias particulares, como la difusión del material obtenido sin consentimiento, especialmente si las víctimas son menores de edad. Además, la legislación contempla medidas de protección para las víctimas y posibles reparaciones civiles.
¿Cómo denunciar estos hechos?
Ante un delito de violación de la intimidad agravada en Perú, se deben tomar las siguientes acciones:
- Denunciar el delito:
Acuda a la comisaría más cercana inmediatamente para denunciar el delito.
Puede también realizar la denuncia mediante la línea de emergencia 105. - Recolectar y preservar evidencia:
Si cuenta con material que pueda servir como evidencia (como grabaciones, fotografías, mensajes, etc.), asegúrese de mantenerla segura y entregarla a las autoridades. - Declaración ante las autoridades:
Proporcione a la policía una declaración detallada de los hechos, incluidos los detalles de cómo ocurrió el delito y cualquier información sobre el autor. - Asistencia legal:
Busque asistencia legal. Un abogado podrá guiarle a través del proceso legal y representarle ante las autoridades. - Asistencia psicológica:
Considerando el impacto emocional que estos delitos conllevan, es recomendable buscar apoyo psicológico para la víctima y la familia. - Protección de la identidad:
La ley peruana permite que las víctimas de ciertos delitos puedan mantener su anonimato para proteger su privacidad. - Medidas de protección:
Si hay riesgo de represalias o peligro por parte del agresor, solicite medidas de protección ante el Ministerio Público o el Poder Judicial. - Seguimiento de la denuncia:
Mantenga un seguimiento activo del caso para que las autoridades realicen las investigaciones correspondientes. - Apoyo de instituciones especializadas:
Entidades como el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables ofrecen orientación y asistencia a las víctimas de delitos contra la libertad personal.