Pedro Castillo: Subcomisión de Acusaciones Constitucionales aprueba informe que plantea denuncia contra expresidente

El grupo de trabajo del Parlamento dio luz verde al informe que busca denunciar a Castillo por la presunta comisión de los delitos de abuso de autoridad, patrocinio ilegal y cohecho pasivo.

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28/07/2021 HANDOUT - 28 July
28/07/2021 HANDOUT - 28 July 2021, Peru, Lima: Peru's President-elect Pedro Castillo waves during his congressional inauguration ceremony Photo: Karel Navarro/Presidencia Peru/dpa - ATTENTION: editorial use only and only if the credit mentioned above is referenced in full POLITICA INTERNACIONAL Karel Navarro/Presidencia Peru/d / DPA

El martes 23 de enero, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, del Congreso, presidido por la congresista de Alianza para el Progreso Lady Camones, aprobó el informe que propone denunciar constitucionalmente al expresidente del Perú, Pedro Castillo.

Con 11 votos a favor, un voto en contra y 8 abstenciones, se dio luz verde al informe de calificación con el que se busca denunciar al exmandatario por la presunta comisión de los delitos de abuso de autoridad, patrocinio ilegal y cohecho pasivo.

Recordemos que la Denuncia Constitucional 403 fue planteada por la suspendida fiscal de la Nación, Patricia Benavides, y alcanza no solo al exjefe de Estado, sino también al exministro de Defensa Walter Ayala Gonzales.

A ambos se les acusa de haber actuado ilícitamente al momento de ascender a personal del Ejército, la Fuerza Aérea y la Policía Nacional del Perú, en 2022. Se cree que actuaron como integrantes de una organización criminal que habría estado liderada por el expresidente Pedro Castillo.

Cabe resaltar que, en el caso de Walter Ayala, el informe propone denunciarlo por la presunta comisión de los delitos de organización criminal, abuso de autoridad, cohecho activo genérico y tráfico de influencias agravado.

Este caso se abrió luego de que, en noviembre de 2021, los excomandantes generales del Ejército, José Vizcarra, y de la Fuerza Aérea, Jorge Chaparro, acusaran al ministro de Defensa, Walter Ayala, y a Bruno Pacheco de solicitar ascensos irregulares para un general y dos coroneles.
Aníbal Torres responde acusación de Pedro Castillo (Timoteo Cutipa En Vivo)

Según la investigación del Ministerio Público, Pedro Castillo y Walter Ayala habrían llevado a cabo el proyecto de ascensos de manera ilícita, beneficiándose económicamente de este proceso irregular.

La Fiscalía señala que los oficiales beneficiados con estos ascensos ilegales son Ciro Bocanegra Loayza y Carlos Sánchez Cahuancama (Ejército); Edgar Briceño Carnero, Carlos Castillo Ruis y Helber Vilca Vargas (Fuerza Aérea), y Manuel Rivera López y Nicasio Zapata Súclupe (PNP).

Durante la misma sesión, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales también debatió sobre la denuncia constitucional que la exfiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, presentó contra la excongresista fujimorista Yesenia Ponce, en la que la acusa del delito contra la administración pública, cohecho activo específico.

Los integrantes de este grupo de trabajo parlamentario declararon improcedente la acusación, a pesar de que cumple con el requisito de admisibilidad. La razón es que Ponce actualmente ya no cuenta con el privilegio del antejuicio político.

PJ evalúa apelación de Pedro Castillo en caso golpe de Estado

La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema evaluó el lunes 22 de enero el envío al archivo de la investigación penal en contra de Pedro Castillo, por la presunta comisión del delito de rebelión, a raíz del intento de golpe de Estado que protagonizó el 7 de diciembre de 2022.

El tribunal supremo tenía pendiente revisar la apelación presentada por el exmandatario con el objetivo de revertir la resolución emitida por el juez supremo Juan Carlos Checkley el 23 de junio.

Este último había rechazado el recurso de excepción de improcedencia de acción presentado por el exmandatario para archivar el proceso penal en su contra. Presidido por el juez supremo César San Martín, el tribunal escuchó tanto al exmandatario como a los representantes legales de las partes involucradas, con el fin de emitir un veredicto definitivo sobre este asunto.

La defensa legal del exmandatario argumentó que los hechos imputados no constituyen delito o carecen de connotación penal, solicitando el archivo definitivo del caso.

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