La etapa final del segundo juicio por el Caso Manta, iniciado el 13 de marzo de 2019, marca un precedente en Perú. Nueve mujeres de Manta, Huancavelica, acusan a 13 integrantes del Ejército peruano de violencia sexual durante el conflicto armado interno que azotó la nación. Sin embargo, lamentablemente, se han denunciado irregularidades a lo largo del proceso.
La última de ellas llegó con la reprogramación sin explicación de la audiencia que debía darse el último martes 23 de enero a las 3.00 p.m. Esto pese a que las denunciantes habían requerido previamente que se garantice un juicio célere. Así lo denunció la organización feminista Demus, que hace un seguimiento activo del caso y ha asumido la defensa legal de tres de las nueve sobrevivientes.
Caso Manta: nueva reprogramación dilata el proceso y atenta contra pedido de víctimas
El seguimiento del Caso Manta por parte de la ciudadanía es vital porque solo el acompañamiento vigilante permitirá garantizar que las nueve mujeres oriundas Huancavelica logren acceder a justicia. Este proceso legal, además, cobra especial relevancia en Latinoamérica, ya que consiste en el tercer juicio que clasifica la violencia sexual como crimen de lesa humanidad en el marco de un conflicto.
“Es un caso que establece un hito histórico importantísimo para nuestro país y que también nos va a dejar lecciones aprendidas para que nunca más se viole en el marco del ejercicio del uso de las fuerzas por parte del Estado. Eso es algo que sucede hasta ahora y para nosotras es fundamental también porque eso tiene que ser proscrito expresamente como práctica porque si no se pone de manifiesto que ocurrió, oficialmente no hay un reconocimiento de que las violaciones sexuales eran usadas como ataques a las comunidades a las que se veía como enemigas terroristas y, entonces, no se prohíbe que esto ocurra”, explicó anteriormente Cynthia Silva, abogada que acompaña la defensa legal de tres sobrevivientes y directora de Demus.
En un giro inesperado, la audiencia que estaba programada para el martes 23 de enero, a las 3.00 p.m., fue pospuesta sin previo aviso, a pesar de las solicitudes de las denunciantes por un juicio rápido. Este hecho fue reportado por la organización Demus; no obstante, no sería la única irregularidad reportada a lo largo del proceso.
Además, este hecho causa especial preocupación porque, durante todo el mes de febrero, el Poder Judicial no atenderá ninguno de los casos ni realizará audiencias debido a las vacaciones establecidas de forma general en dicha entidad. Cabe mencionar que los retrasos a lo largo de estos procedimientos legales llegan, incluso, a suponer un obstáculo significativo en la búsqueda de justicia y pueden repercutir negativamente en el bienestar emocional de las sobrevivientes.
Reiteran solicitud de audiencias públicas para el Caso Manta
Las demandantes del caso que busca justicia por los abusos cometidos durante una época histórica han solicitado la realización de audiencias públicas para garantizar su acceso a la justicia. Este requerimiento no es un acontecimiento reciente, sino que ha sido una constante desde el inicio del proceso. Sin embargo, las autoridades correspondientes se han negado a la petición por parte de las mujeres mantinas.
La insistencia en la solicitud de estas audiencias resalta la importancia de la participación ciudadana y la vigilancia social en los procesos judiciales que tienen gran repercusión histórica y social. El proceso aún está en curso, y las implicaciones de esta decisión son significativas tanto para las demandantes como para el precedente que puede establecer en casos futuros. La comunidad civil y grupos de derechos humanos se mantienen atentos al desarrollo de los procedimientos y a la respuesta gubernamental frente al pedido de transparencia.
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