Ley Antiforestal: Denuncian a congresistas por aprobar norma que beneficiaría a empresas de palma aceitera

Lucila Pautrat Oyarzún —ingeniera forestal, investigadora, escritora y defensora ambiental peruana— ha presentado una denuncia constitucional contra el presidente del Congreso, Alejandro Soto, y su tercer vicepresidente, Waldemar Cerrón, por el presunto delito ambiental en la modalidad de responsabilidad funcional por otorgamiento ilegal de derechos.

Esto, en respuesta a las recientes modificaciones a la Ley Forestal y de Fauna Silvestre, que, según las comunidades nativas y especialistas en materia ambiental, podría perjudicar la preservación de la Amazonía, promover el crecimiento de actos delictivos en territorios indígenas y beneficiar a empresas vinculadas a la producción de palma aceitera, entre otras.

Según la denuncia a la que tuvo acceso el portal Servindi, Soto y Cerrón son acusados de promulgar la Ley N° 31973, —conocida como ley antiforestal—, el pasado 11 de enero, omitiendo los informes administrativos y reconsideraciones que alertaban sobre su impacto negativo en la deforestación de la selva peruana.

Los acusados, Alejandro Soto y Waldemar Cerrón, quienes ocupaban los cargos de Presidente y Segundo Vicepresidente del Congreso, respectivamente, al momento de la emisión de la norma, no atendieron dos pedidos de reconsideración en relación con la ley.

Dicha omisión es sostenida por Lucila Pautrat —reconocida como defensora de derechos humanos por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh) debido a su labor de protección de los bosques amazónicos frente a actividades ilegales— como una violación al debido proceso y las obligaciones de sus cargos, puesto que levanta cuestionamientos sobre la transparencia del proceso legislativo.

Ahora, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales evaluará la denuncia, que, además, incluye pedidos de procesamiento judicial, desafuero e inhabilitación para ejercer funciones públicas.

En esa misma línea, adicionalmente a la acción legal mencionada, existe una demanda de inconstitucionalidad por parte del Colegio de Sociólogos y un proyecto de ley en el Congreso presentado por el congresista no agrupado, Alfredo Pariona, para derogar la cuestionada normativa, que ha recibido un amplio rechazo por parte de los pueblos indígenas, expertos, gobiernos regionales, e, incluso las embajadas de Reino Unido, Noruega, Alemania y Canadá en Perú.

Por otro lado, en medio de las tensiones acerca de la modificación de la norma que ahora permitiría la deforestación en la Amazonía, Juan Manuel Benites, exministro de Agricultura, ha sido señalado por el semanario “Hildebrandt en sus trece” como la persona detrás de la ley antiforestal.

De acuerdo a la investigación de H13, la estrategia para impulsar la norma incluyó presentaciones de Benites ante la Comisión Agraria del Congreso —como experto y representante del “Instituto Crecer”—. En dichas reuniones habría defendido a la iniciativa como beneficiosa para el sector agrario.

Cabe aclarar que el Instituto Crecer, presidido por Ricardo Polis Labarthe, quien lidera la Asociación de Gremios de Productores Agrarios del Perú (AGAP), mantendría estrecha relación con líderes empresariales y agrícolas del país. Además, se señala que interactuó con partidos políticos como Fuerza Popular y Renovación Popular, justo antes de que Confiep solicitase al Congreso la aprobación de dicha ley.