El Ministerio Público abrió una investigación contra Ruth Bárcena, presidenta de la Asociación de familiares de asesinados y heridos del 15 de diciembre del 2022 en Ayacucho, por agredir a la presidenta Dina Boluarte durante una visita a esa región donde murieron diez personas durante las protestas antigubernamentales.
La carpeta fiscal fue abierta por el presunto delito contra la administración pública en la modalidad de violencia contra la autoridad para impedir el ejercicio de sus funciones. Mediante una constancia de enterado difundida este lunes por Epicentro TV, el jefe de la Unidad de Seguridad del Estado en Ayacucho, Pierr Paredes, notificó que la pesquisa ha quedado a cargo del fiscal Brechman Muñoz, de la Quinta Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huamanga.
El documento refiere que se ha programado recabar la declaración de Bárcena como imputada “en compañía de un abogado defensor de su libre elección, para lo cual se le adjunta la respectiva notificación policial”. Para el próximo viernes, Muñoz dispuso también que testifiquen tres mandos policiales: el mayor Danny Ancco, el suboficial Hermogenes Hoyos y el general Edgar Horna, jefe de la Región Policial Ayacucho.
Boluarte había participado en la colocación de la primera piedra del asfaltado de una carretera en tres distritos ayacuchanos cuando se dirigió a la población para lanzar caramelos. En ese momento, Bárcena burló las medidas de seguridad y llegó hasta la mandataria para encararla. En seguida, Ilaria Aimé, madre de un adolescente que recibió un disparo durante la masacre en Ayacucho, jaló del cabello a la presidenta.
Aunque el Gobierno anunció que las tenía “debidamente identificadas” y que “se está procediendo a su captura”, hasta ahora no ha hecho mención a sus identidades ni ha asociado la agresión con las muertes en protestas, un caso por el que la jefa de Estado ha sido denunciada.
Bárcena acudió esta tarde al Ministerio Público en compañía de sus abogados Yuri Martínez y Jesús Llallahui. “En la investigación seguida en mi contra por la supuesta comisión del delito contra la vida, el cuerpo y la salud, en agravio de Dina Ercilia Boluarte Zegarra [...] por derecho propio, recurro ante su digno despacho a efectos de apersonarme”, se lee en el escrito que presentó.
Un documento similar fue dejado por Aimé, a través de los mismos abogados, aunque no fue notificada de una investigación en su contra. El juez supremo Javier Arévalo, presidente del Poder Judicial, declaró más temprano que toda agresión a una autoridad del Estado no debe quedar impune.
“Es condenable [...] Pareciera que hay una cultura de falta de respeto a la autoridad, y eso origina que llegue un momento en que se agrede a las máximas autoridades”, dijo a la prensa, sin hacer mención a la justicia que demandan los deudos de las manifestaciones.
Leonardo Hancco, un operador de maquinaria pesada, salió a la marcha del 16 de diciembre porque, al haber paro, no podía trabajar y así apoyaba a sus compañeros. Horas más tarde, Bárcena leyó en redes sociales que estaba herido, así que salió a buscarlo.
“En medio de las balas he buscado a mi esposo”, ha contado en múltiples apariciones ante la prensa. Lo encontró en un centro médico con un proyectil en el tórax. Murió al día siguiente tomado de su mano. Una autopsia confirmó la causa de la muerte: disparos.
La organización feminista Manuela Ramos ha rechazado “la persecución fiscal que el Estado ha iniciado” contra la viuda y Aimé, a quienes la justicia sigue “revictimizando y, ahora, criminaliza”.
La agresión contra Boluarte no ha merecido ninguna alusión a sus familiares fallecidos, aunque ha desatado una ola de remociones, desde la escolta de la mandataria, hasta la destitución del jefe de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI), Roger Arista, y del general Jorge Angulo, titular de la institución policial.
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